De «parche en parche» puede ser el lema que tienen las actuales autoridades nacionales y provinciales en el tema aguas y en general en toda la problemática de los servicios públicos (teléfonos, gas, transportes y otros que se aproximan a dicha figura institucional, como la radio y televisión, lamentable espectáculo este último donde el Estado sigue tan ausente como en tiempos de Menem).
Una parte del problema es estructural y de difícil solución: los contratos de concesión de la década pasada siguen vigentes y tienen varios años más por delante. En el medio de la crisis del 2001 que trató de paliarse con la «emergencia nacional», lo que significó que el Congreso delegó en el presidente la facultad de renegociar los contratos. Al día de hoy y pasados más de dos años no hay ninguna renegociación terminada. En el medio, como todos sabrán, el cúmulo de juicios multimillonarios en el CIADI, otra herencia de la década pasada.
En ese contexto el caso Aguas Provinciales de Santa Fe no es fácil de resolver pero evidentemente la improvisación gubernamental ha sido pasmosa. Un solo ejemplo, casi desconocido: El Dr. Damianovich -designado en representación de la provincia para organizar la defensa jurídica en el tema CIADI y temas conexos- renunció por carecer de los medios necesarios para desempeñar su labor.
Hoy no sabemos como sigue el tema. La simple lectura de las declaraciones del gobernador o algunos de sus ministros causan estupor por el grado de desconocimiento elemental que tienen en la materia. El ENRESS de paro y los empleados de Aguas de paro…el verano ya está entre nosotros y sólo la naturaleza podrá depararnos un abrigo.
Cualquiera sabe como fue esta historia: un desquicio, pero no sólo de la empresa sino también del gobierno provincial que -cuando quiso empezar a aplicar el rigor de la ley- ya era tarde y el enfermo era irrecuperable.
Cuesta creer en que el gobierno tenga una alternativa seria para superar la situación, pues todos estos años demuestran lo contrario. Se mal concesionó, se mal controló, ¿qué garantía hay de que la provincia por sí misma haga bien las cosas? ¿Los municipios -que hacen milagros para hacer lo que realmente deben- harán «también» esto?
La situación es realmente desesperante, de una gravedad institucional y sanitaria que no merece mayores comentarios. Muchos de nosotros hemos hecho -mucho más de lo que nos corresponde como ciudadanos- para colaborar en este tema. Muchas ciudades se vieron incluso obligadas a controlar calidades del servicio, a exigir y controlar a la propia provincia. ¿Qué más se puede pedir de la ciudadanía y de los gobiernos locales?
Quién tiene que tener la claridad y no la tuvo hasta ahora es la provincia. El resto de los actores sociales y políticos somos «de palo», demasiado con que tratemos de controlar, exigir, auditar.
Santa Fe puede más, mucho más de lo que es. Pero estas situaciones demuestran lo que terminamos siendo. Todo lo demás es «discurso para la tribuna». La provincia necesita que no se improvise más en ningún tema, sobre todo en aquellos que hacen a la salud pública.
La provincia -no la empresa en virtual retirada- tiene la palabra. La ciudadanía, el control y la memoria. Las instituciones (el servicio público de aguas y cloacas es una «institución jurídica» para organizar este tema) un carril para que la decisión pública sea conforme a derecho y al interés público.
El tema es muy difícil pero la responsabilidad primaria y actual es de quién armó y no logra volver a armar este rompecabezas que toda la ciudadanía debe soportar.
Dr. Enrique J. Marchiaro
Fuente: diario La Opinión, Rafaela, 20 de diciembre de 2005.
