Por Luis Alberto Romero.- La universidad argentina, heredera de la Reforma de principios del siglo XX, exhibe tantas luces y sombras como la democracia.“La letra mata, el espíritu vivifica”. Mi padre solía aplicar a las cuestiones más diversas esta frase, de profunda sabiduría. Me viene a la mente cuando reflexiono sobre los problemas que la tradición de la Reforma universitaria nos plantea hoy a quienes –formados en ella– nos sentimos incómodos con muchas cosas hechas en su nombre. Los dilemas aparecen sobre todo examinamos el lugar de la universidad pública –la privada tiene otra lógica– en una sociedad y un régimen político democráticos. Quienes venimos de la tradición reformista tratamos de encontrar una respuesta adecuada a los reclamos, tan comunes, de democratización de la universidad, sin sacrificar lo esencial: la búsqueda de la excelencia académica.
La democracia y la Reforma nacieron juntas, a principios del siglo XX, cuando la reforma electoral de 1912 casi coincidió con el estallido en Córdoba en 1917. La ley Sáenz Peña estableció las normas de un sufragio obligatorio, creíble y competitivo. La Reforma universitaria propuso construir una comunidad universitaria auto gobernada, abierta a los nuevos aspirantes y también a los nuevos saberes e ideas. Cada una a su modo, fueron expresión del vasto proceso de democratización social, integración y movilidad que conformó la llamada “sociedad de clases medias”. Ambas contribuyeron a formar una ciudadanía enraizada en esa sociedad democrática. La ley compelió a su ejercicio. La Reforma amplió la formación de ciudadanos educados y críticos, y también de dirigentes políticos, que hicieron sus primeras armas en la política estudiantil.
A partir de ese feliz comienzo, la democracia y el reformismo universitario vivieron avatares parecidos. La democracia tomó un rumbo escasamente republicano, más bien plebiscitario y fuertemente faccioso. Desde 1930 el orden institucional sufrió intervenciones militares cada vez más prolongadas. Dictatoriales o democráticos, restauradores o renovadores, los gobiernos extendieron su mano sobre las universidades, desplazaron o repusieron bloques enteros de profesores y –al igual que en la política nacional– alimentaron las facciones y el revanchismo.
En ese vaivén, las universidades no lograron constituir la comunidad auto gobernada imaginada por la Reforma. En 1956 hubo un buen intento. Su estatuto estableció la autonomía y el cogobierno tripartito, y sobre esa base se construyó una universidad de alta calidad y con capacidad para aportar al debate público. Esos años de excepcional brillo de la universidad concluyeron dramáticamente en 1966, no sólo por el golpe militar sino también por una fuerte politización, que afectó la vida académica. Desde entonces, en los años setenta y los ochenta la intolerancia y la violencia avanzaron sobre la política y sobre la universidad.
Las cosas cambiaron en 1983, para el país y para la Universidad. La democracia institucional y plural se instaló como forma y como ideal. La universidad se normalizó, de acuerdo con las bases de la Reforma: autonomía y cogobierno de los tres claustros. Los concursos docentes renovaron el claustro de profesores y se elevó la calidad de la enseñanza. Un testimonio de ese renacer fueron las nuevas camadas de jóvenes doctores que nutrieron las filas del Conicet. Otro fue el de las camadas de nuevos dirigentes políticos, formados en la militancia universitaria.
¿Final feliz? No tanto. En el país, la democracia institucional llego paradójicamente cuando la sociedad perdía sus atributos democráticos y el Estado se desmoronaba. Luego de la ilusión inicial, fue reapareciendo en los gobiernos el viejo estilo plebiscitario, faccioso y poco republicano. En el nuevo mundo de la pobreza se formaron pocos ciudadanos conscientes. Los gobiernos, sin limitaciones institucionales, pudieron “producir” el sufragio utilizando los recursos del Estado. Poco queda hoy de la ilusión democrática inicial.
En 1983 la universidad canalizó muchos de los anhelos democráticos. De ella se esperó excelencia, compromiso y sobre todo inclusión, tres valores fundamentales en la Reforma universitaria. Pero pronto la crisis social y estatal planteó a la universidad nuevos problemas, y aquellos principios, sin perder su virtud, comenzaron a resultar insuficientes, contradictorios y hasta limitativos para solucionar los nuevos problemas. Entre otros varios, igualmente significativos, quiero señalar dos que hacen directamente a la cuestión de la universidad en democracia: el ingreso y el cogobierno.
El “ingreso irrestricto”, que remite a los principios de la Reforma, plantea hoy dos problemas: la capacidad de los ingresantes para afrontar estudios universitarios y la limitada capacidad de la universidad para recibir a todos los aspirantes. El pronunciado deterioro de la educación primaria y media y el creciente abandono de los criterios de exigencia y mérito ha reducido notoriamente la competencia de los egresados del ciclo medio. Muchos de ellos, aunque habilitados para cursar la universidad, tienen serías deficiencias en competencias básicas como lectura y escritura. Surge así una tensión entre quienes reclaman legítimamente por su derecho a ingresar, y la aspiración de la universidad a impartir una educación de excelencia, que requiere, como punto de partida mínimo, esas competencias. Desde la perspectiva democrática de la Reforma, los exámenes de ingreso son poco admisibles, y mucho menos luego de la experiencia de la dictadura. Finalmente, el test de la capacidad se transfiere a los cursos iniciales, que cumplen esa tarea con enormes costos presupuestarios y académicos, pero dejando la buena conciencia democrática a salvo.
El ingreso irrestricto también plantea el problema de la disponibilidad de recursos –académicos o edilicios– para atender la demanda de todos los aspirantes. Al igual que en otros campos, el derecho de los ciudadanos choca con la capacidad cada vez más reducida del Estado para ofrecer servicios adecuados. Salvo excepciones, la universidad admite el derecho a ingresar de todos, así sea a costa del deterioro de la calidad de la enseñanza. La forma democrática se salva, pero en realidad lo que se hace es distribuir democráticamente una enseñanza degradada.
El segundo problema es el sistema de gobierno universitario. El cogobierno de tres claustros, que concreta uno de los postulados de la Reforma, presenta problemas parecidos a los del Estado nacional frente a los grupos de interés. El claustro de profesores fue tradicionalmente el ámbito de facciones que disputaban por el poder y el presupuesto. Idealmente, los otros claustros deberían acotar estas rencillas, hacer transparentes las decisiones y coadyuvar a la excelencia académica. Pero no es así. El claustro de graduados es el espacio de los docentes jóvenes, que pueden utilizar el poder administrativo para impulsar su carrera académica, al margen de los méritos. Un botín son los cargos docentes rentados provistos sin concursos. Las agrupaciones estudiantiles aspiran a financiar sus cuadros con el presupuesto universitario. Una secretaría de publicaciones, con el monopolio de la venta de apuntes, constituye el botín principal en las elecciones estudiantiles. La colusión entre estos distintos intereses constituye el meollo de la política universitaria, a menudo encubierta con discursos fuertemente ideológicos.
El ideal del gobierno democrático puede así chocar con el de la excelencia académica. La lógica del número no siempre concurre con la del mérito y el saber. Ambas se cruzan en la forma de designar a los docentes. La tradición de la Reforma es clara: los cargos deben proveerse por concurso de antecedentes y oposición, públicos y transparentes. El impulso a los concursos docentes, fuerte en 1983, no llegó a conformar en la comunidad universitaria una real convicción acerca del valor y a la vez la fragilidad del procedimiento de los concursos, y la necesidad de cuidarlo. Es habitual que cada uno utilice los recursos de poder para presionar sobre el resultado. Los concursantes suelen utilizar todos los recursos reglamentarios para deslegitimar un resultado desfavorable. Quienes gobiernan la universidad pueden incidir de varios modos, desde la designación del jurado hasta el destino de las impugnaciones. Un nuevo profesor concursado es un nuevo votante, en un universo limitado, y esto pesa a la hora de la tramitación.
Así, la universidad de la democracia, que ha recogido el legado reformista, muestra tantas luces y sombras como la democracia misma. Tiene realizaciones notables, que enorgullecen a todos los universitarios, y también una llamativa tendencia al estancamiento y la parálisis. Los problemas del ingreso atentan contra la idea de excelencia. El gobierno tripartito canaliza y alienta la puja distributiva y subordina el mérito académico a la política. Cualquier cambio es considerado una amenaza a las posiciones conseguidas. El gobierno tripartito resulta básicamente conservador, en momentos en que muchas cosas de la universidad deben ser reconsideradas con urgencia. Conviene pues reflexionar sobre el legado de la Reforma, así como, en otro orden, convendría reflexionar sobre los problemas de la democracia.
En su momento, la Reforma planteó de manera novedosa el papel de la universidad en una sociedad democrática. En su espíritu se trataba de la inclusión, la renovación de las ideas y la reflexión sobre la sociedad y sus problemas. Esto se tradujo en algunos principios fuertes, como el concurso, el cogobierno y el ingreso libre. Hoy aquellas fórmulas han cristalizado, son manipuladas y desnaturalizadas y se encuentran protegidas por una suerte de tabú que impide discutir los nuevos problemas.
Así, el mensaje de la Reforma sobre la democracia es hoy ambiguo: por un lado, el espíritu que incita a la transformación ordenada y reflexiva; por otro, la adhesión literal a sus formulaciones históricas. Quienes nos sentimos –aunque un poco incómodos– herederos de la Reforma, deberíamos atrevernos a revisar sus premisas, apartarnos de la letra y recuperar su espíritu.
El autor es historiador e investigador principal del CONICET.
Fuente: revista Criterio, Buenos Aires, Nº 2383 julio 2012.
