Por Emilio Grande (h.).- Este lunes al mediodía, los concejales se reunieron con Claudio Gastaldi, gerente de la Sociedad Rural de Rafaela, sobre el cobro de los impuestos SADAIC Y AADI CAPIF en las fiestas de graduación.
Recordemos que el miércoles pasado, los ediles recibieron a un grupo de padres de escuelas secundarias Nacional, Normal y Misericordia, solicitando asesoramiento y requerir la gestión ante los organismos mencionados, manifestando sus inquietudes sobre si se deben abonar o no estos tributos.
El administrador de la Rural comentó su posición respecto a este tema, afirmando que para el alquiler del salón de industrias es el más demandado para este tipo de eventos se continuará cobrando los impuestos de estos organismos hasta que no haya una resolución judicial concreta.
“Con respecto a los derechos de SADAIC y AADI CAPIF siguen siendo exigibles de estas asociaciones porque siguen vigentes. Hasta tanto no haya una resolución judicial firme en todas las instancias que exima el pago de estos aranceles a los salones de eventos, la posición de la institución continuará exigiendo los comprobantes de pago correspondientes”, aclaró Gastaldi a este cronista.
“Lamentamos -agregó- la actual situación y comprendemos los planteos, pero vamos a seguir exigiendo los comprobantes. Sociedad Rural no dictamina sobre los aranceles de los impuestos, simplemente somos responsables finales del pago de los tributos. Entendemos que es una situación confusa, que genera mucho malestar, pero estas asociaciones defienden sus derechos adquiridos hace décadas sobre propiedad intelectual, música fono grabada y el beneficio económico al utilizar música. El que quiere hacer un evento expone públicamente lo que dice el decreto, que al ser público privado no debería tributar. Al estar en el medio, nuestra situación que no es de las mejores tenemos que resguardar el patrimonio institucional ante consecuencias legales que tengamos hasta que se resuelva esta situación. Se habla de un vacío en la jurisprudencia con sentencias firmes y van a querer cobrar a la institución y no al cliente final”.
Al respecto, Augusto Rolando dijo que “la reunión con Gastaldi fue positiva, marcando la posición sobre cómo están manejándose respecto a los derechos de autor. La Sociedad Rural está a la espera de que aparezca un fallo judicial que respalde o no el decreto 765/2024. Desde mi punto de vista, considero que el decreto está vigente y debe cumplirse.
Hablamos sobre el costo que significa para la organización de la fiesta y también mencionamos que abonar derechos de autor sobre el total de la tarjeta no corresponde ya que dentro de ese costo está incluido la comida, por ejemplo, que ya tributa con IVA, por ende, sería una doble imposición. En lo personal voy a preparar preguntas para que SADAIC y AADI CAPIF respondan por escrito ya que no están dispuestos a venir al recinto a conversar”.
Por su parte, Carla Boidi sostuvo que “la visita me parece súper valiosa por la predisposición de contestarnos de inmediato, después de la reunión de los padres que habíamos tenido, con la sugerencia de hablar con la Rural. La explicación de Gastaldi es entendible por la situación que planteó ante un decreto con un vacío de jurisprudencia, que como institución corren el riesgo de perder el prestigio ante posibles sentencias judiciales. Entonces, hasta que no haya un fallo es un riesgo institucional si proceden a avalar el decreto. Si llegaría a haber una sentencia estarían afectados en un problema”.
