Por Emilio Grande (h.).- Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), fue analizado el escenario económico actual, con especial foco en la evolución de las tasas de pobreza e indigencia tras la devaluación que dispuso, en diciembre último, el gobierno de Javier Milei, con el objetivo de alcanzar el «déficit cero».
El estudio del ODSA de la UCA reveló que la población en situación de indigencia creció del 9,6% observado en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024.
También examinó los niveles de pobreza, que ya eran elevados en diciembre, para determinar los efectos del impacto inflacionario post devaluación. La investigación señaló que el porcentaje de personas en situación de pobreza pasó del 44,7% en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre de 2023 y al 57,4% en enero de 2024, aumentando el 12,7% en cuatro meses. Es el nivel más alto de la serie iniciada en 2004, cuando fue del 54%. En Rafaela, la demanda de alimentos en comedores comunitarios e instituciones sociales aumentó alrededor de un 20%, según informaron fuentes confiables a este cronista.
El mayor incremento se experimentó en los hogares de clases trabajadoras o medias no beneficiarias de programas sociales. En cuanto a las familias destinatarias de políticas sociales, se observó que su nivel de indigencia -que en el tercer trimestre de 2023 se ubicaba en el 19,7%- en diciembre de 2023 creció al 28,8% y, en enero de 2024, bajó unos puntos, quedando en 23,8%, como consecuencia de las políticas compensatorias aplicadas.
Además, remarcaron que el Gobierno incrementó los valores de las transferencias de las políticas sociales con el propósito de «paliar la situación socioeconómica». Sin embargo, una de las conclusiones centrales del estudio arrojó que «independientemente de estos esfuerzos del Estado y del incremento observado en las fuentes secundarias de las jubilaciones, pensiones y de los ingresos laborales, se incrementó en forma significativa el porcentaje de población en situación de indigencia y pobreza».
Para no quedarnos con el final de la película, hay que analizar algunas variables de los últimos años para comprender el aumento escandaloso de la pobreza. El último gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina de Kirchner y Sergio Massa, recibió un dólar a 60 pesos de Mauricio Macri en 2019 y le entregó a Milei un dólar a 1000 pesos en 2023, devaluando más del 1300% en cuatro años. La deuda bruta de la administración aumentó en 112.000 millones de dólares, según informó el exministro de Economía Alfonso Prat-Gay. La deuda pública durante los ocho años de Cristina Kirchner como presidente aumentó en 83.000 millones de dólares, incluidos los 16.000 millones de dólares perdidos en el juicio frente a los accionistas minoritarios de YPF.
En este contexto, no se puede dejar de tener en cuenta la corrupción enquistada en distintos niveles gubernamentales y empresariales, especialmente en los gobiernos de Néstor y Cristina de Kirchner, con denuncias judiciales, condenando el Tribunal Oral Federal N° 2 a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. ¿Cuántos millones de dólares no llegaron a distintos organismos estatales como escuelas, hospitales, comisarías, entre otros, provocando mayor pobreza social y cultural?
A decir verdad, constituye un escándalo social que cerca de 27 millones de personas son pobres en la Argentina, teniendo variedad de tierras y climas para alimentar a 400 millones de personas. ¿Seguimos anestesiados frente a tantos rostros humanos o nos arremangamos para atenuar una de las deudas de los 40 años de democracia? La mayor responsabilidad la tiene la dirigencia en todos los niveles sociales para buscar soluciones de fondo y en menor medida los habitantes que deben convertirse en ciudadanos para contribuir a combatir la pobreza, según sus posibilidades.
