Por Emilio Grande (h.).- Los concejales se reunieron este miércoles con el fiscal municipal Daniel Fruttero para continuar conversando sobre la ordenanza de crematorios. Además, se trató el tema de las denuncias del SEOM a las empleadas municipales por violencia de género, psicológica y laboral en el área de Protección Vial y Comunitaria.
Por otra parte, también estuvieron en el sexto piso, el jefe de Gabinete Marcelo Lombardo y el secretario de Gobierno y Participación Jorge Muriel. Ambos hablaron sobre la ordenanza de la nueva pavimentación de más de 100 calles, que se votaría la semana que viene, y el convenio de barrio Belgrano para avanzar con la urbanización.
Respecto a la denuncia de las mujeres dirigentes del SEOM sobre violencia de género y la preocupación del Concejo por hechos que manifiestan sobre denuncias desde hace mucho tiempo, durante el encuentro en el sexto piso hubo varios cuestionamientos, entre ellos de Leonardo Viotti: “las medidas a tomar tienen que ver con el alejamiento o parcialmente dejar en suspenso a algunas personas. Hay que frenar las cosas, alejemos a los señalados momentáneamente hasta que la Justicie no avance; si el SEOM denuncia algo tan duro, directo y concreto con un paro de mujeres con movilización nacional es porque tienen herramientas concretas y hay denuncias dentro del sindicato con nombres y apellidos, y casos específicos”.
Otra de las voces críticas fue Lisandro Mársico: “en una situación extrema, en el caso de Jorge Muriel ya sabía de estas realidades, ¿es buena la convivencia o habría que tomar alguna medida para sacar a las personas? Cuando esto toma estado público, pasa a un nivel de compleja convivencia. Hay que tomar una medida urgente de separación de las personas”.
Muriel se defendió diciendo que “ni bien tomamos conocimiento del tema, accionamos rápidamente, nos reunimos con los integrantes del sindicato como corresponde y le hicimos el pedido formal. Hay que dar los pasos que establece el protocolo y no se puede manejar de otra manera. Por supuesto que emocionalmente uno reaccionaría y actuaría de otra manera. Entiendo que si es real todo esto es de gravedad y uno quisiera que se resuelva o que no hubiera sucedido. Estamos arriba del tema con la misma necesidad que ustedes”.
Al término de la reunión, Fruttero sostuvo que “tomamos conocimiento de la publicación del sindicato por hechos de violencia laboral y de género. Solicitamos de inmediato que proporcionen la información de los hechos que merecen ser investigados. El Municipio tiene desde 2019 un decreto con un protocolo para la investigación de los hechos de violencia laboral y de género. De oficio le requerimos al sindicato que nos dé la información con las pruebas que tiene en su poder para activar el protocolo y comenzar con las entrevistas necesarias, y así investigar estos hechos, que pueden derivar en apartamientos de personas, en traslados o suspensiones preventivas, en un marco de protección de la víctima”.
Y aclaró que “hubo denuncias en el marco del protocolo mencionado, se tramitaron denuncias de violencia laboral y de género, derivando las actuaciones a las oficinas respectivas, pero hay que ver si son estos mismos hechos o no; puntualmente, en este caso refieren al área de Protección Vial y Comunitaria”.
Por su parte, el presidente del cuerpo Germán Bottero remarcó que “fue un tema que no estaba en agencia y surgió con los funcionarios presentes, quienes sostienen que pidieron requisitoria al gremio para que exprese cuales son las situaciones y a las personas a las que se hacía referencia, que oficialmente no hay denuncias”.
“Se nos plantearon todas las dudas -continuó-, especialmente de las mujeres concejales sobre esta situaciones denunciadas y hechas públicas, como sigue la relación laboral e interpersonal en el conflicto. Les pedimos que haya celeridad, porque sin juzgar seguramente haya necesidad de apartar, trasladar, suspender sobre las decisiones a tomar con algunas de las personas sindicadas como autores de algunas de estas cuestiones, para evitar que estas situaciones se repitan y resguardar a las personas que son víctimas de estas situaciones. Nos dijeron que estaban tomando cartas en el asunto”.
Además, Bottero exigió: “El Estado tiene que actuar, defender a la víctima, preservarla y activar los protocolos de violencia laboral, de género y psicológica. Rápidamente, hay que actuar porque estas situaciones que manifiesta el gremio en forma pública no son de ahora sino que vienen de larga data; hay algo que se está pasando por alto”.
Los crematorios
“El Concejo nos convocó para evaluar dos emprendimientos, que están en trámite de factibilidad; uno de los cuales fue iniciado en el marco de la ordenanza de cementerios, que hoy se encuentra vigente y estaría fuera de los parámetros del proyecto de ordenanza que elevó el Ejecutivo. Nos pidieron que consideremos esta factibilidad en trámite para evaluar si es posible modificar la norma en la localización de los crematorios y esa factibilidad está dentro del cementerio Parque Colonial; nos comprometimos a evaluar esa circunstancia concreta sobre cómo se puede reglamentar e incorporar esa situación dentro de la normativa que debe sancionar el Concejo”, aclaró Fruttero luego de la reunión.
Y agregó: “ahora tenemos que elevar una propuesta de modificación a la ordenanza y trabajar en conjunto con el Concejo, según lo acordado con los concejales, y tenemos que elaborarlo. Es factible y lógico el planteo que hizo el Concejo y el Ejecutivo lo va a considerar”.
Sobre la nota presentada por un grupo de padres del Colegio San José, el Fiscal municipal dijo que “solicitan el acceso a las actuaciones administrativas relativas al crematorio ubicado hacia el oeste de la variante; estamos preparando la documentación para entregar. La preocupación refiere al estudio de impacto ambiental, su aprobación y cómo fue considerado la cercanía con el campo de deportes del colegio”.
Se habló del impacto ambiental acumulativo y si es factible que funcionen los dos estando cercanos, a lo que el funcionario sostuvo que “es una circunstancia técnica que tiene que evaluar la Provincia y le pediremos que considere esa circunstancia particular para la ciudad porque muchas veces los estudios de impacto deben ser evaluados conjuntamente cuando las actividades son complejas o con otras que puedan instalarse en el lugar para no generar un impacto ambiental acumulado o mayor”.
Sobre las sanciones por la construcción del crematorio, el propietario Claudio Vivas dijo que había sido notificado. “El dueño tuvo una reunión con algunos integrantes del Ejecutivo, en la que se le comunicó que de sancionarse la normativa que apruebe o reglamente la actividad, y de aprobarse los planos que él presentó, que no habían sido aprobados, se le iba a imponer la sanción correspondiente, que es un recargo del 300% sobre el derecho de edificación”, concluyó.
