Los episodios de ayer en Gualeguaychú han gatillado una serie de reacciones de evolución y consecuencias inquietantes. En un momento, lejos de disminuir, los cortes de ruta –que son siempre ilegales– se multiplicaron. El Gobierno ha perdido, hace rato, el poder de la calle y hoy la calle se ha transformado en una verdadera jungla en donde impera la ley del más fuerte. Es una triste consecuencia de una estrategia equivocada del gobierno de los Kirchner que nunca imaginó que su permisividad con esta metodología, cuando era llevada adelante por sus simpatizantes, iba a terminar desarrollando una mecánica de la protesta que hoy, sistemáticamente, aplica casi toda la sociedad.
La orden de desalojo de la ruta 14 data de hace meses. El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, había dicho el viernes que las fuerzas de seguridad iban a denunciar los cortes ante los juzgados federales para que sea la Justicia la que ordene las acciones de despeje de rutas. Fue luego de una negociación con los representantes de los empresarios camioneros. Sin embargo, ayer por la mañana, no todos habían aceptado acatar esta decisión.
El accionar de la Gendarmería trae reminiscencias del episodio ocurrido en España en donde, tras una orden del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, las fuerzas policiales despejaron los piquetes de los camioneros que bloqueaban rutas en protesta por el alza del precio de los combustibles.
Al momento de escribir esta columna no estaba claro si el juez federal de la jurisdicción, Dr. Quadrini, había dado la orden para la actuación de la Gendarmería.
Esta es una hora de reflexión por parte de todos los protagonistas de este conflicto en el cual la confusión reinante es monumental. En este contexto, la imagen de los camiones cisternas derramando miles y miles de litros de leche fue patética. Este hecho es inadmisible e inaceptable en cualquier lugar del mundo y, mucho más, en un país como el nuestro en donde la desnutrición y la mala nutrición de millones de compatriotas es una dolorosa realidad. Esos camiones debieron pasar sí o sí.
Consciente de toda esta complejidad, Hugo Moyano hizo una movida dramática en la tarde-noche del jueves pasado.
Su aparición en una reunión gestada por Luis Morales, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas, sorprendió a los representantes del campo. Estaban el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías y uno de los vicepresidentes de la Federación Agraria Argentina, Ulises Forte.
El comienzo del encuentro fue duro pero, rápidamente, el clima cambió. Hubo, entonces, una cordialidad que permitió un buen nivel de diálogo. Durante esa conversación, Moyano y los integrantes de la Comisión de Enlace tuvieron varios puntos de acuerdos.
El nivel de ese acuerdo fue tal que en un momento Moyano se levantó para mantener una conversación telefónica con alguien del Gobierno. Era Julio De Vido. Tras esa conversación quedó claro que el ministro De Vido había concordado con los puntos de coincidencia que se habían logrado. Allí Moyano, además, expresó con angustia su verdadera preocupación: la intransigencia del ex presidente en funciones.
Se levantaron de esa reunión con la esperanza de seguir avanzando en pos de un acuerdo. Restaba la consulta final con Néstor Kirchner. Cuando, unas horas después, la repuesta llegó, los temores de Hugo Moyano se vieron plenamente confirmados: el ex presidente en funciones había rechazado todos y cada uno de los puntos de ese posible acuerdo.
Por lo bajo, los dirigentes de las entidades rurales están pidiendo, a su vez, el cambio de interlocutor del Gobierno. El titular del INTA y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, serían los nombres propuestos por el sector.
Las reuniones del Dr. Néstor Kirchner con los intendentes oficialistas de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires han sido otra muestra de la negativa a escuchar cualquier otra cosa que contradiga la particular visión del conflicto que tiene el matrimonio presidencial.
“Los intendentes van todos de mala gana. Saben que tienen que sentarse a escuchar al Dr. Kirchner que se pone a hablar para bajar línea. Son monólogos que duran más de 45 minutos. Nadie se atreve a decir nada porque saben que, en cuanto expresan alguna discrepancia, se exponen a quedarse sin el aporte del dinero que les envía el Gobierno nacional sin el cual no pueden llevar adelante ninguna gestión”, expresan las voces de aquellos que escuchan las quejas de muchos de esos intendentes.
El discurso de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner del lunes último en la Casa Rosada no puede escapar del análisis contextual de lo que está pasando en estas horas.
Allí la Presidenta avanzó con la estrategia de los hechos consumados. Al anunciar el destino de los fondos a recaudar por las retenciones móviles sobre las exportaciones de soja –destino que no era el originariamente asignado a esos dineros– pretendió dar por terminado el conflicto con el campo.
La realidad le viene mostrando que no es así. Pero el discurso de la Dra. Kirchner, cuya estupenda oratoria es producto de una cuidadosa elaboración, dejó otros elementos para el análisis:
Su pedido de perdón fue bienvenido aun cuando su credibilidad, para muchos, fue dudosa sobre todo después de la ofensa gratuita al ex presidente Alfonsín con la alusión indirecta a la tristemente célebre frase “Felices Pascuas. La casa está en orden”.
De paso igualó la protesta del campo con la rebelión de los carapintada en Semana Santa del 87.
Confundió legitimidad de las medidas de Gobierno con infalibilidad. Esta entrelínea fue una respuesta elíptica al ombudsman nacional, licenciado Eduardo Mondito que, en cumplimiento de su mandato constitucional, ha comenzado a mediar en el tema.
Demostró un escaso conocimiento de la actividad agropecuaria a la que calificó como “carente de riesgos”.
Dijo haber corregido a un periodista cuando éste habló de crisis. Explicó que lo que hay es una reacción de un sector. La verdad es que la que se equivocó fue la Presidenta: el diccionario de la Real Academia, en su acepción séptima, define crisis como “situación dificultosa o complicada”.Y aquí lo que persiste es, precisamente, una situación dificultosa y complicada.
Circunscribió su referencia de la realidad económica a la Ciudad de Buenos Aires ignorando la situación de muchos pueblos y ciudades del interior en donde los efectos paralizantes de la crisis se están haciendo sentir, desgraciadamente, con fuerza creciente.
Dijo que no quería ser una estadista sino una Presidenta.
La Dra. Fernández de Kirchner cometió aquí otro error conceptual. Otra vez debemos recurrir al diccionario de la Real Academia: estadista: persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado. Es muy difícil ser un buen presidente, un buen ministro o un buen legislador sin ese saber y experiencia.
La detención de Alfredo De Angeli generó una reacción en cadena a la que debe prestarse mucha atención. En Gualeguaychú los comerciantes cerraron sus negocios y mucha gente marchó hacia la ruta 14. Mientras duró su arresto, los cortes se multiplicaron en varios puntos del país. Una vez que se produjo su liberación su palabra se esperó con notable expectativa. Afortunadamente, fue prudente al llamar a la paz y a recomendar a los ciudadanos a retirarse de las rutas. El efecto de su palabra fue notable y el acatamiento a su pedido, inmediato.
El Gobierno, lo reconozca o no, ha terminado de transformar a Alfredo De Angeli en un líder social de indiscutible peso político en esta crisis.
Lo ocurrido ayer muestra la gravedad de la crisis que hoy atraviesa la Argentina.
Nadie, en su sano juicio, puede querer la desestabilización del Gobierno. La historia de la Argentina nos enseña, con creces, que cada vez que esto ocurrió nos fue mal.
La legitimidad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está fuera de toda discusión.
Quienes protestan deben saber que les asiste ese derecho pero que lo deben hacer con apego a la ley. Cortar rutas es violar la ley.
Quienes protestan deben saber que tienen, a su vez, una responsabilidad moral; tirar leche y otros alimentos habiendo tantos que lo necesitan es inmoral.
El Gobierno debe reconocer que, tal cual lo hizo el ex ministro de Economía Martín Lousteau quien fue el creador de las retenciones móviles, ha cometido un error.
Debe dejar de pensar que si el ombudsman actúa en cumplimiento de sus funciones es golpista.
Debe dejar de pensar que si un juez declara inconstitucional la Resolución 125 es golpista.
Debe dejar de pensar que si un intendente o gobernador de su mismo partido disiente es un traidor y merecedor de un castigo.
Debe dejar pensar que un opositor es un enemigo.
Debe dejar de pensar que la crítica es sinónimo de golpismo y falta de respeto.
Como decía Winston Churchill: “En democracia es necesario aceptar que, alguna vez, el oponente tiene razón”.
Fuente: www.perfil.com.
