Por Emilio Grande (h.).- El Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de la V Circunscripción Judicial con sede en Rafaela viene estudiando distintos temas y realizando actividades en el auditorio, ubicado en calle Buenos Aires casi Alvear. Empezó a funcionar antes de 1988 cuando todavía era Asociación de Abogados, siendo sus iniciadores Olinda Pfeiffer, Lilian Landa, Mónica Navarro, Ester Destéfani de Picco, Norma Beltramone, Hugo Pairone, Germán Verna, entre otros.
Por este motivo, fueron entrevistadas las abogadas Vanina Babini Leiggener (presidente del Instituto) y la citada Landa (ex titular del Instituto, ex presidente del Concejo y ex funcionaria municipal), en el programa “Sábado 100” por radio El Espectador (FM 100,1) de Rafaela, quienes abordaron la jornada de la tasa por hectárea, prevista para el 8 de agosto, y los artículos de la ley Bases (tiene media sanción en Diputados y se debate en el Senado) que influyen en las actividades del agro.
-¿Cuáles son los objetivos del Instituto de Derecho Agrario?
-VB: El Instituto tiene muchos años de trayectoria en el Colegio, siempre estudiando temas vinculados al Derecho Agrario y otras temáticas que se van presentando de importancia, de acuerdo al momento que va transcurriendo. Hay muchas publicaciones realizadas y asistencia a distintos congresos referente a los contratos, la ley del tambero y este año nos vamos a enfocar en la tasa por hectárea, que lo vemos comúnmente, debido a las consultas y dudas de su aplicación en los estudios jurídicos.
-¿Qué es la tasa por hectárea?
-VB: Es una tasa que están habilitadas a cobrar las comunas y tiene sí o sí la contraprestación de que deben prestar un servicio, en este caso para el cuidado de los caminos rurales, los que deben encontrarse siempre en buen estado, de fácil acceso para el productor, el traslado de la hacienda, poder sacar la cosecha, pero se observa que no siempre es así porque los caminos no están en óptimas condiciones ni aptos ni limpios; el dinero que se paga en algunos casos es elevado y cuestionado.
-¿Los problemas son solamente en el departamento Castellanos o también en otros lugares?
-VB: Uno se enfoca más en nuestro Departamento, pero al compartir con otros colegas se puede observar que no sólo es algo común a esta zona, sino que también existe en varios lugares. Para ello, estamos abocados al estudio para poder dar desde nuestra perspectiva un mejor asesoramiento y contribuir a los productores sobre cómo poder ayudar a gestionar para que efectivamente lograr el objetivo que tiene el cobro de la tasa por hectárea.
-¿En qué consiste la jornada sobre la tasa por hectárea que están organizando?
-LL: La actividad la estamos programando conjuntamente con gente capacitada en la materia tributaria porque la tasa por hectárea forma parte del Derecho Tributario que asiste a las municipalidades y las comunas. Habrá un especialista quien va a explicar, analizar y sacar puntos de equilibrio. Los caminos rurales son una verdadera necesidad para el sector y a veces la tasa no es suficiente para abonar; cómo integramos ese recurso y cómo es la mejor manera de tener los mejores caminos. La jurisdicción de la ciudad de Rafaela, que no es muy extensa, no tiene tasa rural, tampoco tenemos mantenimiento de los caminos rurales. En las comunidades más pequeñas si está este tributo, en algunos se llega a brindar este servicio y en otros no tanto. La idea es buscar puntos de equilibrio. Hay que visibilizar estos temas, que a veces se quedan en casa y no los sacamos.
-Sobre la ley Bases que se está debatiendo en el Congreso, ¿cuáles son los artículos que influyen sobre la actividad agropecuaria?
-LL: Hay varias partes que tienen una aplicación dentro de la actividad agraria, un tema vinculado a la ley de semillas, que es específico y bastante complejo; según algunos entendidos, la ley Bases lo está tratando bien. Otro punto de la ley, que para nosotros es lo más cotidiano y está vinculado con el derecho del trabajo agrario, propone una modernización en materia laboral e introduce una serie de modificaciones, también en materia agraria, modificando la ley 26.727 de trabajo agrario en su artículo 1º, que define al trabajador agrario con una definición, que nos parece buena, como trabajador permanente y después pone las excepciones porque en el campo están el cosechero, el que trabaja una temporada o un ciclo, no todos son permanentes. Hoy en la ley vigente están como trabajadores temporarios y cíclicos; se unifica el texto legal, estableciendo la posibilidad de colaboradores y es muy interesante en la materia laboral no solamente para el campo, sino para las empresas. Es una figura nueva con un contrato a prueba de tres meses, que no existía. Normalmente, el trabajador agrario está habituado a la ruralidad, pero no todos; la prueba no solamente tiene que ver con la eficacia en la prestación del trabajo sino también poder vivir en el hábitat rural con una serie de componentes como la familia y los hijos, que no es solamente la calidad del servicio sino una integralidad.
-VB: Es importante destacar al trabajador permanente agrario y diferenciarlo del trabajador de una industria o en una ciudad porque no son los mismos ámbitos ni el mismo trabajo; en el campo no se manejan los mismos horarios ni la misma jornada; por eso, es distinta la materia, más allá de que sean relaciones laborales. Cuando se habla de la importancia de un colaborador no quiere decir que ese trabajador tenga menos derecho o esté en desventaja con un trabajador de una empresa; simplemente la actividad es distinta y también el régimen laboral. Al tener un colaborador, el productor lo puede necesitar para una determinada actividad durante un tiempo y puede prestar servicios en otra explotación con los derechos y remuneraciones que le corresponde acorde a esa situación.
-¿Tuvieron contacto sobre estos puntos con el gremio UATRE?
-LL: No tenemos un contacto con la gente del gremio, estimo que la postura tal vez sea distinta a la nuestra porque casi todos los gremios se manifestaron de manera adversa a la ley Bases. No entramos en el análisis político porque no lo podemos hacer como Instituto; sí dentro de lo jurídico en esos contenidos. Hay una expectativa en la gente por todo lo que haga a la modernización, que traerá cosas a favor y en contra. Se trata de ámbitos diferenciales del trabajo, donde la jornada de 8 horas si llueve no se puede sembrar ni cosechar; son otros factores que hacen que los ámbitos sean tan disímiles. La mirada del juez tiene que estar centrada en que es una cosa y que es la otra, según lo vivido el año pasado con una jornada muy interesante que hicimos con los 2 jueces laborales.
-¿Cómo se vinculan con otras instituciones?
-VB: Todas las actividades que hacemos son extensivas a la Sociedad Rural, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, los institutos de Derecho Agrario de otros colegios de Santa Fe y de otras provincias, el INTA. También nos vinculamos con los distintos institutos dentro del Colegio de Rafaela y para la jornada de agosto invitaremos a un colega tributarista; el año pasado lo hicimos con el Instituto de Derecho Laboral porque son temas convocantes e interesan a muchos colegas, que se especializan en distintas ramas. Muchas veces otras organizaciones se contactaron con nosotros por distintos temas para solicitar una opinión o para que fuéramos parte de alguna actividad.
