Por Emilio Grande (h.).- Esta semana hubo dos hechos lamentables de algunos integrantes del Poder Judicial con decisiones que terminan beneficiando a los gobernantes con poder temporal, mientras el común de la ciudadanía observa con desilusión este triste “espectáculo” detestable.
Por un lado, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli aceptó las ofertas del Presidente y de la primera dama, Fabiola Yañez, para cerrar la causa contra ambos por violación de la cuarentena a cambio de un total de tres millones de pesos. Alberto Fernández ofreció $1.600.000 y Yañez, $1.400.000. Con el pago, el expediente quedará cerrado. Ambos son investigados por el festejo del cumpleaños de la primera dama en la Quinta Presidencial de Olivos mientras regía el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.
En este sentido, Alberto ya transfirió los tres millones de pesos al Instituto Malbrán que acordó con la Justicia para cerrar la causa por el escándalo de la fiesta de Olivos mientras regía el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus. Ahora, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli debe firmar el sobreseimiento.
El Presidente sacó un préstamo personal en el Banco Santander al momento de presentar el acuerdo ante la Justicia, para pagar su reparación y la de la primera dama, Fabiola Yañez, tras la decisión que tomó el el juez, quien homologó los acuerdos celebrados con la fiscalía con el argumento que eran “proporcionales” al daño causado.
En su fallo, el magistrado convalidó la reparación integral como salida alternativa al proceso. Según dijo, el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos, con motivo del cumpleaños de Yañez, hubo una reunión durante la cuarentena estricta por lo que el Presidente estaba imputado de violar medidas sanitarias para impedir la propagación de una epidemia. Es que en ese momento regía el DNU 576/2020 que restringía la producción de eventos públicos y privados, sociales, y recreativos.
Quiere decir que mientras el gobierno nacional nos encerró en la estricta cuarentena eterna que vivimos los argentinos, en la que la mayoría de la gente no podía trabajar, la educación vía zoom, sin prácticas deportivas, sin encuentros familiares, el Presidente se nos reía con el cumpleaños de Fabiola y ahora se nos sigue riendo con el arreglo económico para evitar el juicio, contando con la complicidad del impresentable juez Mirabelli. ¿Cómo se puede pedir que la ciudadanía cumpla las medidas gubernamentales si desde la investidura presidencial nos toma el pelo?
Por otro lado, los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos presentaron sus votos: por cinco contra dos, la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche será destituida. El jurado trabaja ahora en la redacción final del fallo.
Goyeneche es la procuradora adjunta (número dos de la Procuración de Entre Ríos) y coordinaba los equipos que investigaban las causas de corrupción. Integró el grupo de fiscales que el mes pasado logró la condena del exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión. El cargo principal en su contra fue no haberse excusado en una causa pese a que tenía relación con uno de los investigados, con quien compartía inversiones en fideicomisos para adquirir dos inmuebles.
El exgobernador de Entre Ríos y renunciado embajador en Israel Urribarri sigue en ese país pese a haber renunciado públicamente a comienzos de abril pasado, tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción.
La oposición había presentado pedidos de informes dirigidos a la Cancillería para conocer por qué Urribarri seguía en Tel Aviv. En el Gobierno dijeron que a los embajadores “los designa y los da de baja un decreto presidencial” y que Urribarri “está renunciado, pero necesita el decreto presidencial para que cierre el trámite administrativo”.
Lamentablemente, esta destitución contra Goyeneche es una venganza del poder político entrerriano con la anuencia de los jueces intervinientes porque logró que Urribarri fuera condenado por hechos de corrupción cometidos cuando era mandatario provincial cuando la mayoría de las denuncias contra políticos quedan impunes.
La juzgaron no por esta investigación sino por su participación en otra causa que debió excusarse, pero eso no justifica una destitución pocas semanas después de la condena al ex gobernador entrerriano. Otro hecho sobre cómo algunos jueces de turno se alinean a la “casta política” que tiene un poder temporal y algún día deberán rendir cuentas…
