Por Emilio Grande (h.).- ¿Quién puede negar la gravedad de los hechos delictivos que existen y, al mismo tiempo, arrecian en la mayoría de las ciudades, pueblos y zonas rurales del territorio santafesino, produciendo un sinnúmero de consecuencias psíquicas, económicas, sociales, culturales?
El problema no es de ahora sino que viene de larga data, que fue aumentando con el paso de los años frente a la pasividad de las autoridades provinciales de los distintos signos políticos. Lamentablemente con la complicidad de jueces, fiscales, policías y otros actores sociales, en un contexto que se repite a nivel nacional en las principales urbes.
Ante la escalada de violencia, especialmente en Rosario, el gobernador Omar Perotti desplazó de su cargo al ministro de Seguridad Rubén Rimoldi, disconforme con la gestión del funcionario y en su lugar fue ocupado por Claudio Brilloni, un ex comandante de Gendarmería.
En más de tres años de la gestión perottista hubo cuatro ministros, siendo los anteriores Marcelo Saín, quien fue reemplazado en medio de controvertidas declaraciones públicas y audios filtrados relacionados con un presunto accionar ilegal de las fuerzas de seguridad, y luego lo sucedió Jorge Lagna.
¿Alcanza con el cambio de personas en un lugar tan caliente? Según el gobierno de Perotti, el gobierno nacional no toma dimensión de lo que está pasando y no se va a resolver solamente enviando gendarmes porque se necesita una ayuda urgente.
El ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernández respondió a los reclamos provinciales. “Asombran las declaraciones de Perotti. El gobierno nacional no ha dejado de invertir fondos para ayudar a resolver el problema de Rosario que lleva 20 años”. En 2022 el gobierno de Alberto Fernández envió 530 gendarmes en dos tandas.
En los últimas semanas hubo una serie de hechos graves en Rosario, que llevaron la ola de inseguridad a otro nivel como la balacera en canales de televisión, sindicatos, la sede de la agencia de investigación criminal, a una comisaría la balearon en bicicleta, se dio la muerte de un chico y el intendente Javkin tuvo que suspender su participación en un acto por una balacera a un centro de salud municipal. Hasta ahora son 33 muertos en los primeros 40 días del año.
En el Gran Rosario se quebró, el año pasado, el récord histórico de crímenes: 288, uno cada 30 horas. La tasa fue de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes. El cuádruple de la media nacional.
Rafaela tampoco escapa a los graves problemas de inseguridad, basta recordar las recientes balaceras en los barrios 17 de Octubre y Güemes con heridos. Otro tanto ocurre en la vecina ciudad de Frontera con una heterogeneidad de delitos vinculados al narcotráfico donde hubo reclamos de vecinos y también hay robos en la zona rural.
A decir verdad, no es una “sensación” como dijo en su momento Aníbal Fernández en 2006 cuando era ministro del Interior de Néstor Kirchner.
Interactúan diversos factores como la delincuencia tradicional, el aumento sostenido del narcotráfico en todo el país con las bandas manejando y disputando territorios; la connivencia entre la mayoría de los jefes policiales, dirigentes políticos y algunos jueces; la falta de trabajo o precariedad laboral; el aumento de la pobreza en casi el 50%; entre otros. No es un problema nuevo sino que lleva un par de décadas, que lamentablemente se fue profundizando con los distintos gobiernos peronistas y socialistas.
Por lo analizado, el gobierno provincial parece no encontrarle la vuelta para buscar soluciones de fondo a estas cuestiones. Hay que estar atentos en las próximas semanas sobre la evolución de los casos de inseguridad: si aumentan, se mantienen o disminuyen.
Más que pasarse “facturas” políticas entre los gobiernos provincial y nacional sobre la cantidad de gendarmes y los recursos económicos, urge que el gobernador Perotti convoque en forma urgente a la oposición -como ya lo reclamó- y a otros actores sociales para entre todos hacer un diagnóstico crudo de la grave situación de inseguridad provincial y las medidas a tomar, pensando en el bien común y evitar que se sigan perdiendo vidas inocentes en manos de sicarios pagados por narcotraficantes.
