Por Joaquín Morales Solá.- Miguel Ángel Pichetto, un patagónico por adopción, prepara una denuncia penal por “traición a la patria” contra los funcionarios y exfuncionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y contra otros funcionarios nacionales que participaron del reconocimiento de parte del territorio nacional a núcleos de personas que se “autoperciben” como indígenas. Al mismo tiempo, sostiene que si Juntos por el Cambio (que él integra por el peronismo republicano, aunque su partido se llama Encuentro Republicano Federal) accede al poder el próximo 10 de diciembre declarará “nula de nulidad insalvable” la cesión de tierras a esos grupos de personas, cuya ascendencia indígena es cuestionada desde distintos ámbitos.
La reacción de Pichetto sucedió luego de que el INAI reconociera cerca de 26 mil hectáreas de tierra en Mendoza como propiedad originaria de los mapuches y de que en la Patagonia también se hiciera lo mismo con más extensiones de tierra. Según públicó La Nación el domingo, 12 millones de hectáreas estarían siendo reclamadas en todo el país como propias por grupos que se “autoperciben” indígenas. Semejante extensión de tierras significa más territorio que el que ocupan varias provincias argentinas. Las últimas decisiones del INAI provocaron un fuerte y casi unánime reacción en contra de tales resoluciones en Mendoza, mientras en la Patagonia se vive un clima de permanente violencia por parte de supuestos grupos mapuches. El gobierno nacional fue y vino con sus contradictorias decisiones, pero al final está cediendo ante la extorsión de la violencia.
Por ejemplo, en octubre pasado ordenó el desalojo de Villa Mascardi de los grupos violentos que ocupaban esa zona cercana a Bariloche. Pero recientemente resolvió reconocer que parte de esa Villa es “propiedad sagrada” de los mapuches. Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi y propietario de una vivienda que fue saqueada e incendiada por presuntos grupos indígenas, culpa de la actual situación violenta a la exdirectora del INAI Magdalena Odarda; a la exministra de Seguridad Sabina Frederic, y a su excolaborador cuando era ministra Gabriel Fuks.
Odarda cobró notoriedad nacional cuando impugnó la propiedad del empresario británico Joe Lewis de Lago Escondido, cerca de El Bolsón, aunque Lewis hizo instalar en su propiedad dos generadores de energía eléctrica que están unidos al sistema nacional de transporte de luz. Frederic les respondió a los pobladores de Villa Mascardi, que protestaban por la protección oficial de los grupos violentos, que el problema consistía en que “la Constitución no contempla la espiritualidad”. Nadie supo nunca qué quiso decir la ministra que condujo la seguridad nacional hasta el arribo de Aníbal Fernández a esa cartera.
Sea como fuere, lo cierto es que la jueza federal de Bariloche, que, en rigor, es subrogante y titular del juzgado de Zapala, María Silvina Domínguez, procesó a Diego Frutos por “profanar territorio sagrado de los mapuches”; Frutos estaba filmando las propiedades que le habían robado en su casa y que se encontraban en poder de supuestos dirigentes mapuches. Ironías de la historia: esas tierras privadas de Villa Mascardi fueron vendidas por el Estado por orden de Perón, durante sus primeros gobiernos, para fomentar el turismo y habitar la zona. Frutos, que no es peronista, es heredero de los primeros propietarios de esas tierras compradas al Estado en tiempos de Perón.
La Justicia no es coherente frente a la ocupación y cesión de tierras. Ya existe una resolución de la Justicia, que pasó inclusive por la Corte Suprema de Justicia, que declaró nula una decisión del INAI que había cedido tierras en Bariloche al reconocer la ocupación “actual, tradicional y pública” de una comunidad mapuche. Al mismo tiempo, la jueza federal de Bariloche no ejecutó todavía la sentencia de la Cámara Federal de Buenos Aires que congeló la transferencia de 180 hectáreas del Ejército a ciudadanos mapuches en esa ciudad patagónica. La Cámara ordenó también, en una medida cautelar, retrotraer las cosas a como estaban antes de la decisión del INAI. La jueza Domínguez había dispuesto la transferencia inmediata de esas tierras a los mapuches luego de que el INAI reconoció que pertenecían a los pueblos indígenas. Pero el fiscal Carlos Stornelli pidió congelar en el acto la decisión de la magistrada. El pedido de Stornelli terminó en la Cámara Federal, que le dio la razón.
Una parte de esas decenas de hectáreas del Ejército tiene vista al lago Nahuel Huapi. En verdad, la confusión jurídica comenzó con una incorporación a la Constitución (artículo 75) en la reforma de 1994, en la que se reconoce la existencia de los pueblos indígenas. El artículo es muy ambiguo. Dispone el respeto a los pueblos originarios (lo que es lógico hasta ahí), pero señala sin muchas precisiones el acceso a la propiedad de las tierras que habitan. En 2006, Néstor Kirchner hizo algo muy típico de los Kirchner: fue generoso con lo ajeno. Mediante una ley sancionada por el Congreso, dispuso que el reconocimiento de tierras correrá por cuenta del gobierno nacional, a través del INAI, pero la cesión de tierras, la expropiación si fueran estas privadas y sus consecuentes indemnizaciones estarán a cargo de las provincias. Nada se dijo nunca sobre que era posible que pueblos originarios lo fueran solo porque se “autoperciben” como tales; más correcto sería que la conclusión llegara tras serios estudios científicos. Sea como fuere, los conflictos violentos comenzaron cinco años después.
En efecto, en 2011 sucedió el incendio y la destrucción del bello parador Niemeyer en la Patagonia, diseñado con material autóctono por el célebre arquitecto brasileño. A partir de entonces, se reprodujeron exponencialmente el vandalismo y la violencia de parte de supuestos grupos mapuches. Diego Frutos sostiene que los verdaderos mapuches nunca andan con la cara cubierta; los hechos vandálicos son perpetrados, en cambio, por personas con el rostro cubierto por pasamontañas. También influyen grupos políticos cercanos al kirchnerismo. Uno de los principales agitadores en la Patagonia es Roberto Cirilo Perdía, que llegó a ser en los años 70 el número tres de Montoneros, y que ahora es dirigente de una asociación nacional de abogados que milita en una izquierda presunta y minoritaria. También frecuenta la zona Juan Grabois, que encontró una forma nueva de ocupación: la toma de tierras dura un breve tiempo, hasta que él se cansa de la intemperie y la adversidad de las condiciones de vida. La revolución del kirchnerismo es siempre nostálgica y efímera.
Antes del arribo de estos personajes a la Patagonia, existía una convivencia pacífica del Estado con los pueblos originarios, a los que se le reconocía parte de su territorio y se les respetaba su historia y su cultura. Nunca, debe reconocerse, esos pueblos fueron muy numerosos. Un funcionario reconoce haber estado un 12 de octubre, antes de 2011, en San Martín de los Andes y haber visto en su plaza un acto indígena en aparente reproche al descubrimiento de América. “No eran más de 20 personas”, recuerda.
Según versiones empresarias, algunas compañías petroleras (o sus ejecutivos, quién lo sabe) están pagando un “peaje” a supuestos caciques indígenas para tener libre acceso a los asentamientos petroleros de Vaca Muerta, donde reside el eventual futuro energético de la Argentina. El caso se vincula con las tierras cedidas por el INAI en el sur de Mendoza, porque en esas miles de hectáreas está también la última lengua norte de Vaca Muerta. El reconocimiento para los mapuches de esas miles de hectáreas en Mendoza provocó un oposición casi sin grietas de la comunidad política y empresaria de la provincia. La mayoría de esas hectáreas son de propiedad privada. Hay 61 pozos petroleros, algunos activos y otros inactivos. El gobierno de Rodolfo Suarez recurrirá a la Justicia porque nadie en Mendoza recuerda haber visto nunca a un mapuche.
En tiempos del gobierno de Mauricio Macri, hubo una reunión de gobernadores para tratar el problema de los requerimientos mapuches y de los bosques nativos. El entonces gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, fue tajante en su aclaración: “En Mendoza no hay mapuches ni bosques nativos”, aseguró. Cornejo, que se postulará para suceder a Suárez en las elecciones de este año, señaló que Mendoza tuvo otros pueblos indígenas, pero que los mapuches, que intentaron ocupar territorio mendocino desde Chile, fueron rechazados por las tribus que sí existían en esas provincias, como la de los Pehuenches. ¿Acaso es posible que en solo tres años haya cambiado tanto la historia? ¿O el gobierno nacional está siendo otra vez generoso con lo ajeno? Odarda ya no está en el INAI, pero su impronta no cambió.
El embrollo en el que se metió el tercer gobierno kirchnerista (que lo empezó en sus primeros dos mandatos) puede tener graves consecuencias. La primera de ellas es que está consumando en los hechos una cesión de soberanía nacional. Al entregar parte del territorio nacional a grupos que no reconocen al Estado argentino, esas importantes parcelas que pertenecen a la Argentina dejarían de ser suyas. El país pierde soberanía donde no existe la autoridad del Estado. Al mismo tiempo, es el propio Estado el que acepta la extorsión de la violencia de grupos que no puede o no quiere controlar con las fuerzas de seguridad. El precedente no puede ser peor. La situación que viven muchos habitantes de la Patagonia es dramática y desesperante. El propio kirchnerismo podría resultar electoralmente perjudicado. La Patagonia era, en los primeros diez años de kirchnerismo, un refugio electoral seguro para los candidatos de esa facción política. Las cosas empezaron a cambiar en las últimas elecciones, pero los resultados podrían ser peores en las próximas. Ni siquiera la provincia de Santa Cruz es ya un feudo resguardado para la dinastía Kirchner. La decisión de no parecerse a Macri (por el caso de la muerte accidental de Santiago Maldonado durante el desalojo de una ruta nacional por parte de la Gendarmería) y la influencia de dirigentes como Odarda, Perdía y Grabois en las ocupaciones violentas de tierras patagónicas podría condenarlo al kirchnerismo a la derrota electoral en el sur del país, donde nació la estirpe que gobierna el peronismo desde hace casi 20 años. Período en el que también tuvo y tiene el mando de la nación política, con la excepción de los cuatro años de Macri. La historia siempre inspira su propia venganza.
