Por Natalia Aquilino.- La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación creó la semana pasada el Programa de Evaluación de Políticas Públicas en la órbita de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa. La resolución apunta a fortalecer las capacidades técnicas, políticas y administrativas del Estado en materia de evaluación y a propender a una mejor adecuación entre los objetivos, los recursos y los productos de la política pública, y entre los resultados, objetivos y los impactos a nivel político de las políticas públicas sobre el conjunto de la sociedad. Además, se propone contribuir a institucionalizar la evaluación en la Administración Pública y potenciar las capacidades para su desarrollo con miras a mejorar la gobernabilidad, la calidad de las políticas y los resultados en la gestión de los asuntos públicos.
Pero no sólo se trata de institucionalizar de tal o cual manera un método. La evaluación es un asunto de naturaleza política. En cualquier sociedad fluyen de manera constante una multitud de valores, datos, juicios y observaciones sobre la realidad, cuya definición no es compartida por el conjunto. Evaluar es tomar partido, entrar en conflicto con distintos recortes de la realidad con base en datos nunca homogéneos. Negarla como método sería negar la aplicación práctica de las ciencias sociales. Negarla como ejercicio individual, organizacional o colectivo sería no reconocer las distintas subjetividades que intervienen a la hora de asignar valor a los hechos sociales.
La resolución es un paso adelante en materia de evaluación a nivel estatal y se suma a una serie de esfuerzos que se vienen haciendo desde principios de los 80, por diseñar e implementar modelos, sistemas y mecanismos que capturen distintos aspectos de la evaluación a nivel estatal como son el impacto, los efectos, la eficiencia, la eficacia, el desempeño o el presupuesto, por citar algunos.
También se suma al espíritu global de dos proyectos de ley relacionados con la Evaluación Obligatoria de Programas Sociales y la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de políticas y programas de desarrollo social, que no tuvieron éxito en el Poder Legislativo. Es un acierto que el programa se proponga incorporar el análisis y evaluación de políticas públicas a la agenda gubernamental y a los procesos de formación de políticas públicas. Esto es especialmente relevante ya que, según el análisis de evaluabilidad que viene haciendo CIPPEC desde 2012, si bien el 55% de los programas y planes define una matriz de monitoreo y evaluación, solo el 60% de los casos analizados emplean indicadores de impacto que permitan retroalimentar el diseño e implementación tal como plantea la resolución.
También es extremadamente relevante promover la sensibilización, la consolidación en agenda e institucionalización de la evaluación de las políticas públicas en la Administración Pública Nacional. Solo el 45% de los programas y planes relevados por CIPPEC tiene un presupuesto específico para realizar actividades de seguimiento o evaluación. Este porcentaje -a excepción del Programa Conectar Igualdad- está compuesto por intervenciones que cuentan con financiamiento internacional y que suelen prever la asignación de fondos para tareas de evaluación.
Otro elemento clave del programa es el objetivo de fomentar la investigación aplicada, comparada y participativa, y diseñar metodologías y herramientas de evaluación de políticas públicas susceptibles de ser aplicadas en los organismos gubernamentales. Es indispensable, para la construcción de un sistema nacional de evaluación, la mirada y el desarrollo de instrumentos propios que reflejen las particularidades de la administración pública nacional así y que garanticen la apropiación por parte de los actores que serán sujetos activos de su implementación. Lamentablemente, el estudio mencionado pone en evidencia que existe una marcada heterogeneidad del enfoque de evaluación entre los programas de financiamiento nacional.
Por otro lado, es atinado que se busque desarrollar capacidades para diseñar e implementar diversos tipos de evaluación de programas y proyectos. La calidad de diseño y planificación de los planes y programas funciona como predictor del desempeño máximo que el programa puede alcanzar en cuanto al sistema de información para un adecuado monitoreo, la estrategia general de evaluación, el enfoque de actores y los recursos que se asignan para implementarla. Es decir, la calidad de diseño es fundamental a la hora de lograr la implementación de evaluaciones exitosas.
Lamentablemente, la Unidad Ejecutora del Programa (creada por la resolución Nº 416/2013) incluye sólo a funcionarios de la misma Jefatura de Gabinete. Prever en futuras instancias espacios que puedan sumar otras voces contribuiría a garantizar la legitimidad del programa que recién comienza.
Pensar como el proceso de evaluación puede ayudar al Estado a observarse y a recuperar su “saber hacer” mirando los aprendizajes que genera al andar puede colaborar en el fortalecimiento global de un sector público integrado y atento a su comunidad. Una evaluación sistemática de sus resultados que identifique cómo se benefician los ciudadanos de la acción estatal permitiría también mejorar la calidad de las políticas públicas. Alentaría, además, el conocimiento del impacto de planes y programas, la promoción de un mejor desempeño de los funcionarios, una más eficiente asignación de recursos, una mejor recolección de información y una capacidad mejorada para informar la toma de decisiones.
Un sistema nacional de evaluación debería responder sistemáticamente por lo menos cuatro interrogantes: quien evalúa a quien, para que evaluar, que evaluar y que hacer con la información obtenida. Esta resolución y el programa que alienta son pasos indispensables para terminar de construir ese sistema.
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La autora es rafaelina, directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
Fuente: infobae.com, Buenos Aires, julio 8, 2013.
