Los votos con los cuales el Gobierno podría aprobar su régimen de retenciones agropecuarias, o la oposición suspenderlo por 150 días, constituyen un número indescifrable: si cada sector contara con las adhesiones de las que se ufana, el Congreso contaría con más diputados que los que indica la ley.
Sin embargo, anoche hubo indicios elocuentes de las dificultades matemáticas de Néstor Kirchner.
Por un lado, todavía no cuenta con la mitad más uno de la Cámara de Diputados, indispensable para hacerla sesionar. Por otro, la Casa Rosada ordenó interrumpir las deliberaciones de las comisiones de Agricultura y Presupuesto y Hacienda.
El fantasmagórico dictamen que el oficialista Alberto Cantero prometía aprobar hacia el final de la tarde nunca apareció. Todavía hay diputados del Frente para la Victoria que se dispersan entre las propuestas de la radical K Laura Montero -anoche circulaba la versión de que hasta Felipe Solá la suscribiría-, el delasotista Jorge Montoya o el duhaldista Jorge Sarghini.
Para formar el quórum, el oficialismo impulsará hoy un proyecto de ley de arrendamientos en la Comisión de Legislación General.
El autor es Eduardo Macaluse, cabeza de ARI disidente, rebautizado como SI (Solidaridad e Igualdad ),que se hizo asesorar por la Federación Agraria. Una vez aprobado, el dictamen sería llevado al recinto en la Cámara de Diputados en un paquete que incluye la ratificación de las retenciones móviles.
¿Cómo Macaluse podría negarse a facilitar que sesione la Cámara para sancionar «su ley»?
La seducción del kirchnerismo sobre los antiguos seguidores de Elisa Carrió lleva meses. Para detectarla hay que observar la cada vez más afable relación del diputado Carlos Raimundi, miembro de la Comisión de Defensa, con la ministra del área, Nilda Garré.
¿Borocotización de los ex ARI? Demasiado temprano para dictaminarlo. Hay que esperar a que el Gobierno confeccione las listas de candidatos para las elecciones del año próximo, cuando los legisladores a quienes hoy les pide auxilio deban dejar sus bancas.
La aprobación de una ley que limita el precio de los alquileres según la productividad de los campos podría -sueñan los Kirchner- desgajar a la Federación Agraria de las demás organizaciones. Un ministro hizo llegar a Olivos este dato: «Buzzi dice que si consigue el régimen de arrendamientos lo baja a (Alfredo) De Angeli de la protesta».
La conducta de Buzzi genera suspicacias entre sus colegas. El martes, por ejemplo, desconectó su teléfono durante horas y tuvo a los otros tres líderes agropecuarios con el corazón en la boca. La posibilidad de una disidencia apareció el jueves pasado, cuando en una reunión de técnicos agrarios con dirigentes del Frente para la Victoria, el delegado de Buzzi, Jorge Solmi, advirtió: «El problema de las alícuotas es de las otras tres entidades. A nosotros nos interesan las compensaciones». Desde ese momento, los demás representantes del campo se comunican con De Angeli para que garantice el comportamiento de la federación. Entre Buzzi y De Angeli hay antiguas tensiones.
El avance sobre los ex ARI y la Federación Agraria se lanzó desde Olivos el jueves pasado por la tarde, cuando 10 diputados «top» del bloque oficialista informaron a los Kirchner que no contaban con el número de votos para que la resolución 125 fuera aprobada sin cambios.
El matrimonio presidencial habilitó a modificar el proyecto a Alberto Fernández (harto de esta faena, el jefe de Gabinete vuelve a alimentar rumores sobre su renuncia).
El método K
La orden fue no tocar las alícuotas sino corregirlas con compensaciones a pequeños y medianos agricultores. Néstor Kirchner adora ese método, que aplica en las transferencias de fondos a las provincias o en los subsidios a sectores enteros de la economía: ingresos que podrían ser automáticos se convierten en concesiones del que manda.
El intento del Gobierno por disimular lo que concede es vano. Si se extienden los reintegros a los productores de hasta 750 toneladas, en el caso de la soja, el fisco dejaría de percibir, según cálculos de expertos, unos 1500 millones de dólares. Casi dos tercios de lo que pensaba recaudar cuando amentaron las retenciones. Es lo que cuestan los votos. Buzzi, en cambio, es escurridizo también para los Kirchner: ahora pretende llevar el límite a 3000 toneladas.
Fuente: diario La Nación, 3 de julio de 2008.
