San Miguel de Tucumán, AGO (AICA):.- El pasado lunes 11 de septiembre, el arzobispo de Tucumán, monseñor Luis Héctor Villalba, quien ademàs es vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, escribió al Gobernador de la Provincia, al Vicegobernador y Presidente de la Legislatura y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia invitándolos a concurrir a la sede de la Curia arzobispal para encontrar, sin otros participantes, un ámbito de diálogo cordial y sereno sobre algunos temas que hacen al bien común de la sociedad y a la convivencia entre los ciudadanos de Tucumán, los cuales son todos hijos de un único y mismo Padre.
La invitación fue aceptada y la reunión se efectuó hoy, a las 16, a la sede del arzobispado, Av. Sarmiento 895.
La invitación encuentra su motivo en la ya cercana celebración de las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Merced y de un nuevo aniversario de la Batalla de Tucumán, en las cuales la comunidad arquidiocesana se ha planteado ahondar en el valor de la fraternidad vivida desde el diálogo, bajo el lema «María nos invita a dialogar».
Esta iniciativa de monseñor Villalba -que tuvo amplio eco en los medios de comunicación locales- fue tomada en el convencimiento de que el diálogo es una vía maestra de la vida social, accesible a todos, que desaloja toda coacción y transita los caminos pacíficos de la educación, de la persuasión interior, de la libertad, del compromiso personal y de la responsabilidad colectiva.
Una vez terminado el encuentro con los responsables máximos de los tres poderes del Estado provincial, monseñor Villalba presidió una conferencia de prensa en la que dio a conocer el siguiente comunicado:
DIÁLOGO CON LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA
En el día de hoy he recibido al Señor Gobernador de la Provincia, CPN José J. Alperovich, al Señor Vicegobernador y Presidente de la Honorable Legislatura, Dr. Fernando A. Juri, y al Señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Dr. Alfredo C. Dato, quienes muy amablemente han aceptado la invitación que les hiciera la semana pasada – en el contexto de la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de la Arquidiócesis y de la Provincia de Tucumán – para dialogar sobre distintos asuntos de interés general.
1. En el ejercicio de mi misión pastoral y respetando las instituciones republicanas, reitero mi voluntad de servir a la sociedad y a la recuperación de los valores morales.
“La comunidad política y la Iglesia son, en sus propios campos, independientes y autónomas una respecto de la otra. Pero las dos, aun con diverso título, están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres. Este servicio lo prestan con tanta mayor eficacia cuanto mejor ambas sociedades organicen entre sí una sana colaboración, siempre dentro de las circunstancias de lugar y de tiempo” (GS, 76).
El Obispo es servidor del Evangelio de Jesucristo. Proclama el Evangelio: “Predicar la Palabra no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien, un deber que me incumbe” (1 Cor. 9,16).
La Iglesia es para el hombre maestra de la verdad de fe, y, también de la verdad moral que brota de la misma naturaleza humana y del Evangelio (Cf.Dig. humana, 14).
“Es tarea de la Iglesia anunciar siempre y en todas partes los principio morales acerca del orden social, así como pronunciar un juicio sobre cualquier realidad humana, en cuanto lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas” (EN, 34).
La Iglesia mira a la verdad de la vida humana en toda su proyección: personal, familiar, social.
Tiene como fundamento la dignidad de la persona humana y le corresponde inspirar los valores fundamentales de toda persona y comunidad.
Esto vale en lo que se refiere a la vida humana, que se ha de proteger desde la concepción hasta su término con la muerte natural; a la libertad de las personas; la familia; el trabajo; la justicia social, la paz.
La Iglesia no puede quedarse al margen en la lucha por la justicia y el bien común. Su aporte es despertar las fuerzas espirituales sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no podría afirmarse ni prosperar.
La Iglesia no quiere imponer a los que no comparten su fe, sus propias visiones y modos de comportamiento. La Iglesia, simplemente, desea contribuir a la purificación de la razón y aportar así su propia ayuda a lo que es justo y al bien común. Su contribución consiste en la formación de las conciencias mediante la formación ética (Cf. Benedicto XVI, Dios es Amor).
2. La Iglesia de Tucumán, interrogándose sobre su responsabilidad en la evangelización, y en el marco de nuestras fiestas patronales, se ha propuesto ahondar en el valor de la fraternidad vivida desde el diálogo, bajo el lema “María nos invita a dialogar”.
El diálogo es la expresión culta y civilizada de una sociedad pluralista. El diálogo es, a la vez, el gran instrumento de colaboración en un régimen democrático.
El diálogo entre los distintos grupos sociales, en el que cada uno quiere mantener su identidad y proyectar en la sociedad sus propuestas, pertenece a la esencia de la democracia.
Este diálogo permite el encuentro y la relación con todos los que colaboran en la construcción de la sociedad, de tal manera que descubran su complementariedad y convergencia.
Todos queremos una sociedad más culta, más justa, en la que la comprensión y el respeto mutuo sean la base de la vida en común. Todos deseamos el desarrollo y el perfeccionamiento de nuestro pueblo y aspiramos a un futuro mejor. Y es indispensable la colaboración de todos para conseguir el máximo bien.
Dialogando, honrada y lealmente, se modifican las posturas radicales y exclusivistas. Dialogando se van completando las posturas y se va reconociendo la parte de verdad que tienen las otras personas y los otros grupos.
Nadie debe presumir de poseer toda la verdad. Todos los programas tienen luces y sombras y pueden mejorar con el diálogo. Especialmente en los problemas básicos de la sociedad, es indispensable la cooperación de todos.
En una sociedad fragmentada es necesario encontrar un ámbito de encuentro y diálogo.
3. En la carta que les envié a las máximas autoridades de la Provincia les decía que quería “mantener un diálogo cordial y sereno sobre algunos temas que hacen al bien común de la sociedad y a la convivencia entre los ciudadanos”.
En estos momentos hay tres temas sobre los que hemos dialogado para encontrar entre todos la mejor solución. Son temas que, sin dudas, preocupan a toda la comunidad tucumana.
Estos son:
a) la exclusión social de muchos hermanos nuestros
b) la seguridad
c) la situación del Poder Judicial.
a) La brecha social
Son claros los indicadores en cuanto a mostrar la recuperación económica en los últimos tiempos. En la Provincia, ha bajado la desocupación, han mejorado los sistemas de salud y de educación, si bien falta mucho por hacer.
No obstante sigue en pie la deuda social.
La pobreza no es sólo un problema económico, sino una privación de logros para un desarrollo humano y social.
La inequidad tiene que ver con la dignidad de la persona porque impide acceder a iguales pasibilidades para ser más persona.
Hay una fragmentación social. Hay un desequilibrio entre los que más tienen y los que menos tienen, a lo que se va sumando la alicaída ex-clase media.
¿En qué medida la recuperación económica se ha traducido en una reducción de las brechas de desigualdad social?
Estamos ante el desafío de la exclusión social.
Se trata de pobres que han quedado afuera de la sociedad. Fuera de las estructuras de trabajo, fuera de los seguros sociales, fuera de lo que significa vivir dignamente. Al margen de la vida normal de la sociedad. No tienen quienes los representen.
Son no los de abajo, sino los de afuera.
La realidad socio-económica hace casi imposible la movilidad social.
Hace falta instalar como política de Estado el derecho pleno a la inclusión social.
El crecimiento económico debe estar acompañado de una política social integral, centrada en superar la pobreza humana en todas sus formas.
Sabemos que el problema de la exclusión está ligado al de la educación: a mayor caudal de conocimientos, mayores posibilidades de integración social.
Las respuestas evangélicas a situaciones tan complejas se deben encontrar entre todos los actores sociales.
La Doctrina Social de la Iglesia nos ayuda a darnos cuenta que todo orden social debe estructurarse en función de la persona y del bien común.
b) La seguridad de las personas
En muchas zonas se padece el flagelo de la inseguridad.
Me lo han manifestado en las distintas comunidades de la Arquidiócesis en ocasión de mis “Visitas Pastorales” (de las que se ha hecho eco la prensa). Por dar algunos ejemplos: parroquias del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora de Montserrat, El Salvador, San Gerardo, etc.
La gente tiene miedo. A esto se une el tema de la venta de droga a los jóvenes y el tema de la prostitución de niñas.
Creo que podría ser suficiente traer a colación nuestra Constitución provincial, que en el inciso 20° del artículo 101, determina la necesidad de adoptar aquellas medidas que sean necesarias para preservar la paz y el orden público, desarrollando políticas de prevención, dentro de un cauce de participación comunitaria.
Pero quiero recordar que ya en 1981 los Obispos argentinos decíamos que el Estado tiene que obrar “como una fuerza moral que busca persuadir a hombres libres, poniéndolos ante la propia responsabilidad” (Iglesia y Comunidad Nacional, 95).
c) La situación del Poder Judicial
“Afianzar la justicia” es uno de los propósitos enunciados en el preámbulo de la Constitución Nacional.
Uno de los pilares del sistema republicano es el sistema de pesos y contrapesos, de controles recíprocos entre los poderes del Estado. Esto supone la independencia y libertad de los estamentos del Estado.
Siempre el poder político tiene la tentación de limitar un Poder Judicial medianamente independiente.
La función de control de la justicia sobre la gestión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo requiere de transparencia e independencia.
La sociedad necesita recuperar la confianza en la justicia para vivir y crecer en libertad, seguridad y equidad. Y para ello es imprescindible la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares del sistema republicano de gobierno. Por otro lado, hay que velar para que los ciudadanos y los grupos sociales tengan a su alcance los medios legales necesarios para defender sus derechos y cumplir sus obligaciones, recordando que el acceso libre a la justicia es el derecho a los derechos.
Hace falta establecer un sistema de mérito para el acceso a los cargos, desterrando cualquier situación de privilegio.
Evitar la politización y burocratización del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento.
Sin duda, que la prioridad inmediata es saciar el hambre de nuestra gente, especialmente de los niños y los ancianos; atender a la salud de nuestros hermanos más pobres; devolver la dignidad del trabajo perdido a los hombres y mujeres de nuestra tierra; dar seguridad a las familias y esperanza de un futuro mejor a los jóvenes. Pero si no se garantiza la seguridad jurídica, ese futuro es una utopía.
Sin reglas estables y previsibles, sin una justicia independiente no es posible imaginar un futuro mejor.
