Por Emilio Grande (h.).- Lamentablemente, los tribunales rafaelinos están a la deriva y a la buena de Dios porque está vacante desde hace más de 3 años el Juzgado de 1ª instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 1ª Nominación (por jubilación de su anterior titular) y han quedado vacantes desde principios de marzo de este año otros 2 de los 4 juzgados de 1ª instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, de la 2ª y 4ª nominación (por ascenso a camaristas de sus anteriores titulares), y 1 de los 2 juzgados de 1ª instancia laboral, de la 2ª nominación. También está vacante desde hace un largo tiempo la tercera vocalía (también por jubilación de su titular) de la Sala I de la Cámara Civil, Comercial y Laboral.
Lo más gravoso de este complejo proceso judicial tiene que ver con las decisiones políticas tomadas hace unos días por el gobierno provincial al retirar los 10 pliegos presentados para cubrir los cargos de jueces y camaristas en la Legislatura provincial. A decir verdad, causó sorpresa la decisión tomada por el gobernador Omar Perotti en los ámbitos legislativos, judiciales, colegios profesionales y políticos.
El presidente de la Corte de Santa Fe Rafael Gutiérrez expresó que “es una facultad de la Legislatura, pero claramente lo sucedido con el retiro de los pliegos perjudica el funcionamiento del Poder Judicial. Desde mi lugar lo reclamé en Rafaela cuando juraron los nuevos jueces y lo volví a hacer en la apertura del año judicial. En la Provincia hoy falta cubrir 50 vacantes y en Rafaela este problema es muy grande y por eso expresé insistentemente la necesidad de que inmediatamente se cubran los cargos”.
El Colegio de Abogados de Rafaela señaló que «habiendo retirado el Ejecutivo los 10 pliegos presentados ante la asamblea legislativa para cubrir vacantes en 4 de las 5 circunscripciones de la provincia, la designación de juez es un proceso complejo donde intervienen los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Somos respetuosos del rol y función que cada uno de los poderes cumple en ese procedimiento».
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe señaló que «la situación generada reviste una innegable gravedad institucional y afecta la normal prestación del servicio de justicia, atento a que posterga indefinidamente la cobertura de vacantes -a las que se sumarán otras a producirse próximamente- imprescindibles para el correcto funcionamiento de este Poder».
En el plano político, el diputado Julián Galdeano destacó que “la actitud política de retirar los 10 pliegos, de los cuales 6 había consenso, es irresponsable e institucionalmente grave. No se explica, es por un capricho que retire a todos”.
Su par Gabriel Real dijo que “es un estropicio institucional: me siento estafado en mi buena fe. No quiero calificar esta actitud, se repiten errores políticos. Hemos constituido una asamblea”.
El diputado Joaquín Blanco opinó: “una enorme preocupación por este proceso que no arranca y es un verdadero bochorno institucional. Perotti es el único responsable de lo que está sucediendo en materia institucional en la Provincia. Opta por un enfrentamiento entre poderes. Le pedimos que trate de reencauzar un vínculo con el Poder Judicial y la Legislatura para salir de este laberinto”.
En este contexto, la jueza Ana Laura Mendoza, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 3ª nominación, está a cargo de su juzgado y de las otras tres nominaciones vacantes (sin perjuicio de que semanalmente se turnan jueces de la ciudad de Santa Fe, quienes vienen dos veces por semana a firmar el despacho), encontrándose desbordada por la voluminosidad de las causas a resolver y no se descarta que pida licencia o se jubile anticipadamente, según fuentes judiciales.
Hasta que no se nombren los cargos vacantes, es además imposible una adecuada y correcta implementación del plan piloto de oralidad efectiva en los procesos de conocimientos civiles y comerciales, que viene impulsando la Corte provincial con muy buenos resultados en las ciudades de Santa Fe y Rosario desde 2018, porque requiere ineludiblemente de la presencia del juez en la audiencia de proveído de pruebas y en la audiencia de vista de causa, que es aquella donde se producen todas las pruebas.
Para terminar, el Concejo Municipal aprobó recientemente un proyecto de resolución, requiriendo cubrir las vacantes de los juzgados mencionados, problema que afecta a la zona porque estos juzgados tienen competencia en las ciudades de Sunchales, Frontera y San Vicente. Seguramente, estas vacantes llevarán un largo proceso de unos dos años, pero en el mientras tanto se pueden crear subrogancias, sumado a la responsabilidad institucional del gobierno provincial y los legisladores para tratar futuros pliegos de los aspirantes a los juzgados.
