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La ayuda a las 3 cooperativas generó un debate sobre rendición de cuentas

La modificación a la ordenanza fue aprobada por unanimidad con una suma mensual de más de $ 7 millones. Boidi dijo que desde 2020 no se paga el 10% del canon cuya deuda ronda $ 100 millones; le salieron al cruce Caruso y Marisa Alcaraz de la cooperativa Esperanza: “el dinero está, pero hay que pagar el aguinaldo y el IVA, y las maquinarias están rotas”.

Por Emilio Grande (h.).- En la sesión ordinaria de este jueves los concejales aprobaron tres proyectos, destacándose la modificación del artículo 1º de la ordenanza 4.449 Cooperativas de Recicladores, autorizando al Ejecutivo a otorgar en concepto de fortalecimiento institucional una suma mensual equivalente a 120.000 UCM (Unidad de Cuenta Municipal), que son más de 7 millones de pesos, destinada a las tres Cooperativas de Recicladores Urbanos que trabajan en el Complejo Ambiental para incentivar la continuidad de su trabajo que se consolidó como un servicio importante en el funcionamiento del sistema GIRSU. El monto previsto a distribuir: Cooperativa de Trabajo Frente para el Trabajo Limitada 50.000 UCM, Cooperativa de Trabajo Esperanza Limitada 50.000 UCM y Cooperativa de Trabajo 3R Limitada 20.000 UCM. Estuvieron presentes integrantes de las cooperativas, que dan trabajo a unas 70 personas.

María Paz Caruso destacó que “es una norma importante que surgió del consenso con el Ejecutivo en un espacio de diálogo. Hay una normativa que existía, el valor de los materiales trasciende lo local, las cooperativas son clave en la gestión de residuos que comercializan a través de emprendimientos liderados por mujeres, se vinculan con empresas, concientizan a escuelas y clubes. Es un fortalecimiento institucional, no es un subsidio, es una compensación equivalente a las cooperativas, logrando que sean reconocidos. Vinieron organizaciones para conocer el modelo Rafaela, el valor social y económico, y el desarrollo sostenible. Las autoridades vieron la difícil labor de las cooperativas, cómo llega el material separado, que debe estar limpio y seco; están alejados de la ciudad, en condiciones climáticas adversas”.

Entonces, “la responsabilidad de sostener y hacerlo crecer. Son mujeres jefas del sostenimiento de los emprendimientos y de las familias, que algunas estuvieron en el viejo basural y hoy se vinculan con generadores de reciclaje. Tiene que subir el valor del material y del consumo. El intendente Viotti apoya esta iniciativa, hay que definir la metodología de la rendición, ganan menos que al inicio de 2024 sumado a la inflación, $7 millones es el valor de una prensa y los costos son cada vez más elevados. Es el resultado de la información que hace a la transparencia”, concluyó la ex directora del IDSR.

Mabel Fossatti agregó que “acompañamos el proyecto consensuado ayer con la gente que interviene en el trabajo de las cooperativas. Esa actualización es para fortalecer la labor que llevan adelante en los residuos, las personas involucradas son mujeres y la autonomía que lograron con su trabajo”.

Ceferino Mondino dijo que “celebramos los acuerdos de ayer entre funcionarios y concejales con más puntos de encuentro que diferencias se pueden resolver en la política, en este caso el cuidado del ambiente y la problemática residuos que generamos. Cuánto implica facilitar el trabajo a las cooperativas en la separación y reutilización de estos materiales. La ayuda social con generación de trabajo para estos emprendedores con el acompañamiento del Estado. Son situaciones laborales complejos a la intemperie”.

Augusto Rolando opinó que “siga funcionando el modelo a lo largo de los años y poner en funcionamiento el parque tecnológico en Rafaela para agregar la cadena de valor con beneficios económicos en los productos que se reciclan. En 2025 hacer otros convenios hacia ese nivel”.

Valeria Soltermam apuntó al “reconocimiento de las cooperativas y las mujeres, resaltar la reunión de ayer al leer la realidad de lo que ocurre a nivel nacional que repercute a nivel local, legislar y tomar decisiones. Caruso rescató la ordenanza y el Estado debe estar a la par en el modelo de ciudad que se distingue a nivel nacional”.

El diálogo venía encarrilado, pero Carla Boidi la pifió en su apreciación: “la cuestión social es importante y el trabajo valioso de las cooperativas. Ayer los funcionarios dijeron que esta herramienta es para ayudar en la situación económica actual con rendiciones de ventas; hay un 10% de canon con una deuda de $20 millones que con intereses son $100 millones. Desde el 2020 que se dejó de hacer la rendición de cuentas. La decisión política es acompañar con esta herramienta, pero es importante el control”.

Caruso salió a defenderse: “son informaciones que no son correctas, el oportunismo es hacer mal las cosas. Se busca regularizar, hay intención de pago, son montos justificados, está lejos de decir lo que dijo Boidi; pagan para estar en el Complejo, pero hay trabajadores informales que no pagan el espacio. Ojo con lo que dicen porque hay actas de sesiones”.

Alejandra Sagardoy puso paños fríos a la situación: “la separación de residuos es un aporte económico que va al sueldo de las cooperativas y la gente separe la basura. Son reconocidas por empresas privadas y accedieron a una camioneta. Se beneficia a las personas que necesitan un acompañamiento”.

En el momento de la votación, Boidi retrucó: “fue la funcionaria ayer que marcó estos montos y no cuestiono a las cooperativas. Remarqué que el control municipal es importante y desde 2020 no hubo rendición de cuentas”.

A pedido del grupo de mujeres de las cooperativas hubo un cuarto intermedio, haciendo un duro monólogo la referente Marisa Almaraz de la Cooperativa Esperanza: “fuimos descontando el 10%, el dinero está para aportar, pero hay que pagar el aguinaldo y el IVA, y las maquinarias están rotas. No valoran nada, estamos desde las 4 de la madrugada hasta las 8 de la noche, no tenemos apoyo del Municipio y estamos devastados”.

A pesar de haber recibido la oferta de otras empresas, “voy a seguir en la cooperativa, tenemos el dinero, lo vamos a pagar, vamos a salir. Estamos humillados, no sé si mañana voy a entrar, los invito a que sean recicladores por un día. Hace 20 años que trabajamos y en 1 año nos desgastaron, nos acusan de robo y maltrato en el Complejo, pero no robé nada, en la administración está Sebastián”.

Y agregó: “Hay que pensar en el bien común, no hace falta que nos den un subsidio, sino que separen la basura (lo hace el 90% de los rafaelinos), hay que recuperar la maquinaria; las importaciones perjudicaron a todo el país. Juegan con este desgaste. Es terrible lo que nos pasa, trabajamos bajo lluvia. Apoyen con la gestión de residuos para que podamos arreglar las maquinarias. Se maneja mucho dinero, nos auditan el Municipio y la Provincia, debemos el IVA. Cobrábamos $ 850.000 y si pagaríamos todos los impuestos cobraríamos $ 300.000”.

En este contexto, está el caso de una empleada del Complejo Ambiental, quien hace unos meses fue “perseguida” por un funcionario municipal y tuvo que pedir licencia médica, según confirmaron fuentes confiables a este cronista.

Otros proyectos

*Pedido de iluminación en la Escuela Municipal de Fútbol: solicitaron al Ejecutivo que proceda a reacomodar las luces del predio donde desarrolla su tarea la Escuela de barrio Sarmiento, sita en Francia y Nicola.

Soltermam: “pedimos la rotación de luminarias en el predio, reforzar un pedido al Ejecutivo que no tuvo respuesta; concurren 55 chicos de distintas edades a la escuela del barrio Sarmiento y requieren una respuesta del Ejecutivo”.

Por otro lado, sobre el proyecto eximir del pago de libre de deudas por multas a los peticionantes de su primera licencia de conducir y a los que renueven su licencia por vencimiento, en caso de no presentar deudas por multas de tránsito, Soltermam solicitó que regrese a comisión porque tienen que hacer algunas correcciones.

Agenda legislativa

Este viernes a las 9:30 horas el fiscal regional Carlos Vottero recibirá nuevamente a los integrantes del cuerpo legislativo local, con un temario que incluye el reciente informe de gestión 2023 del MPA presentado en Sunchales con el aumento de los delitos contra la propiedad en un 34% en el departamento Castellanos y cómo se encuentra la frágil relación institucional entre la Fiscalía Regional y el Ejecutivo municipal, entre otros.

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