Por Emilio Grande (h.).- En la sesión ordinaria de este jueves los concejales votaron dos proyectos con la ausencia de Valeria Soltermam, destacándose la interpelación al Intendente Municipal y/o Subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente sobre vínculos con “Agua San Carlos” y provisión de agua al Municipio.
Juan Senn hizo un raconto para justificar el proyecto que se votó por unanimidad: “empezó en 2024 cuando estuvimos en contra de la compra directa para luminarias porque estaba la licitación pública. Apareció la comercialización de luminarias del funcionario municipal Juan Aversa y podría haber una incompatibilidad, cuyas explicaciones no nos satisficieron. La marca de agua la vimos en dependencias municipales y eventos públicos, hicimos preguntas, él vino al recinto, expresando las condiciones de la empresa en el vínculo con el Municipio que fue dada de baja. Detectamos estos productos en otros eventos, hicimos pedidos de informes y las respuestas generaron más dudas que certezas”.
Y agregó: “En los medios el Subsecretario de Deportes (Hugo Morel) dijo que era la única opción porque no hay otra en el mercado. Están las facturas de un privado como monotributo. Le preguntamos cuando vino la Subsecretaria de Auditoría (Silvina Imperiale) y se excusó. La persona que factura David Pomba está vinculada a la gerencia de comercialización de la empresa, existiendo una amistad entre Viotti, Pomba y Aversa; lo invitamos a esta persona que proveyó al Estado a responder, que traiga los comprobantes, cuándo fue dado de alta, respondiendo que no podía venir. Agotamos todas las instancias. La ley provincial y el reglamento interno nos facultan para interpelar al Intendente y al funcionario en forma oral o escrita; solicitamos que venga a responder las preguntas. Es una cuestión de ética pública y el principio rector del funcionario es la ejemplaridad y la credibilidad entre el vecino y las instituciones, llevando la tranquilidad si actuó conforme a derecho”.
En el momento de la votación, Carla Boidi se enfocó en la gestión anterior: “hay hechos concretos de 2016 hasta 2022, designando a una funcionaria en tareas de la Intendencia de Castellano con funciones y movimientos administrativos. En 2022 hubo compras imputadas a la Intendencia de elementos como mates, manteles, lonas, que volvieron a comprar durante varios meses hasta el 16 de julio de 2023, la última factura, cuando fueron las elecciones PASO. Todas esas compras se las hicieron a un familiar directo de la funcionaria designada dentro del personal de gabinete. Es un caso que requiere la explicación del deber público y es el mismo discurso que ahora vuelve. A partir de 2024 leyeron los informes de contaduría. Voy a entregar una copia del expediente y un pañuelo a la exfuncionaria y concejal Caruso como símbolo de lo que se encontró”.
La edil opositora no quiso recibirlo y le pidió a Boidi que lo entregara al secretario del Concejo Nicolás Abdala. María Paz Caruso cuestionó: “quiénes estaban en el Concejo en ese momento eran Lisandro y Carla; no justifiquen los errores del presente, tratando de hacer alusión a información que no es así y lo vamos a leer. Germán Bottero dijo que no era ético ni legal que un funcionario municipal le vendiera productos su empresa al Municipio”.
Más allá de este altercado entre ambas legisladoras, que no se llevan bien dentro del recinto, la resolución establece que Aversa debe presentarse en el Concejo Municipal el miércoles 26 noviembre a las 9:00 horas, pero puede optar por responder las preguntas en forma escrita, según establece el artículo 41 inciso 14 de la ley de municipios (suministrar verbalmente, o por escrito, por sí o por medio de los secretarios, los informes que le pueda requerir el Concejo).
Dos abstenciones
*Autorización para manejo de cotorras (myopsitta monacha) en ejido urbano por riesgos según decreto ley 4218 y ley 4830: solicitaron a la Dirección de Manejo Sustentable de Fauna del Ministerio de Agricultura y Ganadería la autorización a los fines de proceder en el ejido urbano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° inciso «c» del decreto-ley 4218 ratificado por la ley 4830, en relación a la presencia de la cotorra común o cotorra de monte (Myopsitta monacha), que genera riesgos humanos y materiales para actividades que se desarrollan en la ciudad.
Lisandro Mársico se bajó del estrado de la Presidencia para ser ocupado por la vicepresidente 1º Caruso: “en la reunión con los presidentes de los clubes (Aero Club, Aeromodelistas y Planeadores) entregaron un informe sobre el riesgo de las aves que generan en las aeronaves con consecuencias parciales al ser un riesgo para los motores, pero todavía no hubo incidentes. Por primera vez es una iniciativa del Concejo sobre las aves. Existe un intersticio legal con un decreto-ley que prohíbe la caza de fauna silvestre perjudiciales o dañinas. Para la Provincia, esta especie no es declarada plaga y solicitamos la autorización provincial para el retiro de los nidos, desalentando la presencia de aves en el aeródromo y en la ciudad de Rafaela, que ponen en riesgo los bienes y la vida de las personas”.
Tuvo seis votos aprobados y las abstenciones de Martín Racca y Senn porque consideran que el Ejecutivo tiene las facultades para actuar sin necesidad de recurrir a la Provincia. Mabel Fossatti agregó que la autorización debe tener un asesoramiento adecuado. Al respecto, Kuky Carena -viejo conocedor de la naturaleza regional- opinó que además de sacar los nidos de las cotorras hay que llevarlos a otro lugar porque vuelven a aparecer, ante la consulta de este cronista.
