Por Ricardo Miguel Fessia.- En las últimas semanas, se han producido hechos que resultaron el fin de la vida de compatriotas. Nada nuevo para lo cotidiano al punto que se nos fue formando una coraza cada vez más dura en el alma y a lo sumo algunos pocos quieren saber algunos detalles del suceso pero por la mera curiosidad o por un grado de morbo.
Sin dudas la gota que rebalsó la copa fue un lance, si se quiere menor: unos disparos en forma de amenaza. Pero claro, el amenazado era el hombre más conocido del mundo. En forma indirecta y todo lo que se quiera, pero las “teletipos” volaban con la noticia.
Nada, absolutamente nada, que no sea cotidiano y que todos y todas conocen. En particular, en Rosario.
Si bien la inseguridad asuela casi todo el país, la del sur santafesino es la más notoria. Se dispararon las reacciones y ya pasaron todas las acciones que habitualmente ocurren: declaraciones de las autoridades de los tres niveles, en donde se destacan las de un ministro que fueron harto hilarantes, al menos así recomiendan los profesionales médicos tomarlas. El que está en el territorio -el intendente- siempre es la más preocupado ya que camina las calles de la ciudad y recibe las críticas en la cara con total impotencia y con su rostro desencajado; viene de la política y sabe que a los opositores les hacen besar la lona, pero jamás se pueden entender la pasividad cínica de los distintos niveles de los responsables.
De todos modos y cuando ya otra/as vidas hayan dejado de serlo, observamos que pueden sacar algunas cuestiones.
Primero que el tema no está en la agenda de los responsables o al menos con algún grado de prioridad; nada nuevo ya que por lo dicho. Los reclamos se suceden y se multiplican con distintas expresiones y las eventuales respuestas son siempre los mismos parches (mas móviles que recorran las calles).
También se advierte una alta dosis de gandulería de los dirigentes políticos con directa responsabilidad ante la muerte. Pero no es la cuestión más grave; hay un grado superior de vileza que es mofarse de las muertes y por todo se refieren a las causas profundas y precedentes a su mandato, como que los familiares de las víctimas tendrían que reclamar a las anteriores de los precedentes. El trillado “ah pero….” Convierten su discurso en un relato que refiere a la situación preexistente y torna al funcionario en un espectador. Sobran los ejemplos.
Por último, se observa un natural fastidio de ciudadanos frente a la sucesión de acontecimientos delictivos que se repiten cada vez con más frecuencia.
Sería faena ciclópea siquiera nombrar algunos de esos casos.
En la provincia de Buenos Aires asesinato de Roberto Sabo, de 48 años, que atendía un kiosco en Ramos Mejía y el 7 de noviembre de 2021 Leandro Suárez le disparó cuatro veces, acompañado por un menor de 15 años que actuaba de cómplice. La propia policía con tropas especiales debió custodiar la comisaría del lugar.
En su espectacularidad, los atribuidos a los narcos rosarinos llevan una ventaja notable. El primer día de febrero y para solucionar problemas de la barra de Newell´s subieron a un coche a un vecino cualquiera y frente a la puerta 6 del estadio lo hicieron bajar y le ejecutaron tres disparos dejando su cuerpo inerme. Pero para que nadie sospeche y no haya dudas, minutos de después balearon la propia comisaría de Villa Gobernador Gálvez, incluyendo siete disparos en el móvil estacionado en la puerta, donde está detenido un barra leproso, dejando un cartel intimidatorio. Otra obra de crueldad extrema es la muerte en enero de 2020, con dos tiros en la cabeza del contador Enrique Encino, gerente de la sucursal Las Parejas del Banco Nación, que estaba ocasionalmente en el balcón del Hotel casino “City Center” de Rosario cuando pasó por la calle en una moto Otniel de León Almonte y efectuó seis disparos de la 9 mm que portaba, de los cuales dos terminaron en el cráneo del contador. Todo era, como en el caso anterior, un mensaje para el casino y por el negocio que ello depara y que no se quiere compartir. Fruto de la casualidad se pudo dar con el teléfono móvil de “Cachete” Díaz por un vecino que lo encontró tirado sin terminar de destruirlo y a poco de tirar de un fino hilo se desató toda una madeja que era bastante conocida y que no es más que la red de complicidades que permite esto. Nada nuevo. La morralla comprendía todos los personajes necesarios para producir sus efectos pero a veces un mínimo descuido desbarata la logística; comprendía policías, funcionarios judiciales y políticos de distintos rangos. Se llevaron adelante investigaciones y algunos quedaron en el camino, digamos a buen recaudo en el talego.
Entre otras cortinas de humo, siempre se levanta la sempiterna cuestión de la mano blanda o mano dura y la puerta giratoria, entre las clásicas. A poco de echarse sobre la mesa ellas y para empantanar más, llega la disputa por la jurisdicción, los proyectos cajoneados o pisados en el Congreso y las mentiras sobre las cifras del delito. Todo ello no hace más que posponer la búsqueda de soluciones
Ante la ocurrencia de hechos extremos, los cotidianos -siempre hablamos de muertes- ya no motivan más que una breve nota en un rincón de un diario, disparan la atención de los medios y con ello llega de la mano las declaraciones de los funcionarios políticos más encumbrados; es decir el ministro de seguridad. En todos los casos inician con el descenso de los índices del delito para concluir con la reflexión del verdadero estadista americano que es Aníbal Fernández y su “sensación de inseguridad”, cuando los familiares están aún con el llanto en sus mejillas.
Por supuesto que nadie cree en estas palabras que son fuertemente repudiadas y que los hechos son claros. En la provincia de Buenos Aires de 40 años de democracia, 32 son de gobernantes del peronismo y en varios lugares, como La Matanza siempre estuvo gestionada por un miembro de ese partido. Nada que agregar respecto a los que con acciones u omisiones, nada ha hecho por garantizar la seguridad.
Donde concurren debe ir acompañados de fuerte seguridad y recordamos la escolta que debió portar Omar Perotti, en medio de una protesta ciudadana por el crimen del arquitecto Joaquín Pérez, de 34 años, asesinado en Rosario para robarle el auto.
En lo que linda la perversión, llega la saga de los que adjudican a los medios de prensa o a la oposición el valerse de las muertes para perjudicar al gobierno. Ello, más allá de la burda y falaz afrenta, se erige en otro cachetazo a las familias que han perdido a sus seres queridos.
Frente a este rápido e incompleto paneo de la realidad de la “calle”, tenemos la realidad de los “despachos”. Promesas, trámites burocráticos, pedidos de liberación de (más) fondos con destino discrecional de esos dineros entre gobernantes e intendentes amigos del poder, algún legislador que presente con anuncios un proyecto en el ágora que ocupa un escaño; los viejos y falsos debates sobre garantismo versus gatillo fácil; las disputas entre jurisdicciones; la desvalorización en los debates de campaña; la mentira sobre las cifras del delito; la enorme burocracia policial y judicial, las controversias sobre el verdadero alcance del accionar policial son algunas de las enormes piedras que obstaculizan el camino hacia la búsqueda y aplicación de soluciones para combatir el drama de la inseguridad.
La solución pasa por la falta de decisión política de combatir las causas que generan realmente toda esta violencia, cuya última herramienta es la aplicación de la fuerza. Esa resolución se debe plasmar en grandes acuerdos políticos que reúnan a la más amplia mayoría que se comprometa detrás de un mismo objetivo.
En un país con 46,2 % de pobreza, 9,1% de indigencia, 94,2% de inflación anual, con una canasta básica -164.000 $- que supera el salario de un trabajador en blanco y un Congreso que en todo un año sesionó 16 veces en 35 semanas y todo ello sin una política clara con destino se superación, todo lo que se haga serán parches y la quintaesencia del gatopardismo; que todo cambie para que nada cambie.
El autor es rafaelino, radicado en la ciudad de Santa Fe. Abogado, profesor titular ordinario en la UNL, funcionario judicial, ensayista.
