El juez en lo penal correccional Osvaldo Carlos, ahorristas, abogados y contadores participaron ayer de un operativo de secuestro de documentación en la sede de la Asociación Mutual y Deportiva Atlético Rafaela.
El operativo se inició alrededor de las 10 de la mañana y concluyó pasadas las 18. El magistrado, acompañado por funcionarios del tribunal y el perito Mario Machado, fue a buscar documentación original sobre el giro contable de la entidad entre el año 1996 y setiembre de 2001, cuando la mutual retuvo los depósitos de los ahorristas, en el marco de la causa penal en que se investiga a los responsables de la entidad por presunto fraude.
Durante el operativo las autoridades judiciales lograron incautar algunas cajas con legajos y documentación contable, pero no pudieron acceder a la información del Departamento de Ayuda Económica cuya operatoria revelaría las causas del crack financiero de la mutual.
Es que dicho departamento es el encargado de conceder créditos y existe la sospecha de que la mutual habría otorgado préstamos sin las suficientes garantías y que después se tornaron incobrables comprometiendo la liquidez de la entidad. Las autoridades de la mutual de Atlético tienen ahora un plazo de 72 horas para entregar esa información al juez.
A pesar de que la documentación secuestrada sería exigua para los fines investigativos, el par de ahorristas que participó de la diligencia judicial y sus representantes coincidieron en señalar que el operativo constituyó un avance para la causa, y aclararon que la falta de documentos puede jugar en contra de las autoridades de la mutual.
Durante el operativo, los ahorristas estuvieron acompañados por la abogada Graciela Ruscitti -que trabaja en conjunto con el doctor Ricardo Monner Sans- y los asesores en pericia contable Alfredo Popritkin (reconocido especialista en investigación de fraudes), Alicia Meretta y Osvaldo Bonadeo. Al concluir el procedimiento visitaron la redacción de Castellanos para dar precisiones sobre lo ocurrido.
Popritkin, explicó que la documentación secuestrada servirá «para que trabajen los contadores de las partes y el perito que designe el juez, para confeccionar un nuevo estudio más completo de naturaleza contable, financiera y patrimonial a los efectos de establecer si los hechos denunciados ocurrieron de la forma en que se han denunciado, si se verifican las hipótesis de las denuncias y manifestaciones de los actores civiles y de esa forma llegar elaborar un elemento de prueba que le sirva al juez para saber si dicta o no una medida de procesamiento respecto de los responsables».
Falta documentación
El especialista recordó que todo se originó en un pedido realizado por el doctor Monner Sans. «El juez hizo lugar al pedido de secuestro de la información, concurrimos a la mutual, intentamos hacernos de la documentación y hemos accedido a parte de ello, ya que una parte no nos fue puesta a disposición y se ha dificultado la tarea en ese sentido».
Popritkin consideró que la entrega parcial de documentación «va en menoscabo de un estudio pericial completo», pero aclaró que el equipo investigador no pierde las esperanzas de que la entidad aporte la documentación que falta a la brevedad. «De lo contrario -dijo- se buscará obtenerlos por medios alternativos o se valorará en función de los elementos que se aporten y los que se omitan aportar, porque si no demuestran en qué han utilizado los fondos recibidos por los ahorristas, evidentemente va a haber una rendición de cuentas incompleta que el juez tendrá que valorar a la hora de dictar una resolución».
En tanto, la abogada Graciela Ruscitti puntualizó que la entidad no entregó las carpetas de los créditos otorgados por el Departamento de Ayuda Económica, documentos considerados clave para investigar el proceso que llevó a la mutual a la crisis del 2001.
«Ellos dijeron que los documentos estaban y que los busquemos, pero me pareció inoportuno porque era un galpón lleno de documentación. Además, contrariamente a lo que indican los procedimientos, no dejaron intervenir a los contadores que me asesoraban en la búsqueda», denunció.
«En resumen -dijo- lo que faltó fue lo que fuimos a buscar, lo que no quita que la mutual podría aportar esa documentación ya que fueron intimados a que presenten la información ante el juzgado en un plazo de 72 horas».
Por su parte, el contador Osvaldo Bonadeo, resaltó como llamativa la falta de copias informáticas del giro de la mutual y recordó que «el contador Morcillo nos dijo que desde el 2002 hacia atrás no habría registros informáticos de la mutual por un cambio de asesor técnico que tuvieron». Aclaró asimismo que «en la forma operativa de toda mutual la base informática es fundamental».
Bonadeo resaltó que la mutual «tampoco nos dio la información de los bancos con los cuales opera en el circuito financiero».
A su turno Ruscitti consideró que la incautación de documentos constituye un avance en la causa penal «porque si bien aún no tenemos la información concreta que buscábamos, la documental recogida ya sirve para comenzar a realizar un análisis sobre cómo se ha manejado la mutual».
«Si la mutual no entrega la documentación restante, faltarán elementos que podrían comprometer aún más a la entidad ya que cruzando balances, con estados contables y libros de caja se puede determinar qué pasó», dijo la abogada.
«Por la verdad»
Por su parte, el vocero de los ahorristas, Pablo Ramírez, recordó que el grupo de afectados está tratando de incorporar «el asesoramiento que corresponde para analizar la documentación y poder llegar a determinar las causales que llevaron a la mutual a la situación que ya todos conocemos».
Refiriéndose a los asesores contables, Ramírez dijo que «es muy importante la opinión que puedan tener estos profesionales sobre la documentación de la entidad, porque queremos ir a fondo con la investigación hasta que la ciudadanía conozca la verdad de los hechos».
Fuente: diario Castellanos, 9 de noviembre de 2005.
