Por Claudio Savoia.- Si el mercurio caliente que refleja la trepada del dólar, la escalada de ese poderoso disolvente social que es la inflación o el pasaje de las intrigas palaciegas a un desembozado intercambio de tortazos en el gobierno no fueran suficientes para descorazonar a los argentinos, en otro poder del Estado estallaron los cañones de una nueva guerra: la Corte Suprema de Justicia acabó este jueves con el inestable equilibrio interno que parecía haber morigerado las tensiones entre sus integrantes.
La decisión de «reorganizar» la Secretaría General de Administración de la Corte y enviar a su hasta ahora titular, el contador (rafaelino) Héctor Marchi a una evidente Siberia judicial en la Cámara de la Seguridad Social, dinamitó los frágiles puentes entre la mayoría estable del tribunal, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y su colega y padrino de Marchi, Ricardo Lorenzetti.
El casus belli que evidenció la crisis este jueves fue la remoción de Marchi, que en verdad había sido decidida el 29 de marzo, cuando el plan para la reestructuración de su oficina llegó a la oficina de Lorenzetti con la firma de sus tres colegas. El tema estaba liquidado. Pero no se hizo público hasta que el ex presidente de la Corte estampara la suya, acompañando el voto mayoritario o expresando su disidencia, como finalmente ocurrió esta semana. En el medio pasaron cosas.
Para comprender los dos planos en los que se desarrolla el combate es necesario separarlos, como sugería René Descartes. Los argumentos jurídicos que este jueves enarbolaron las dos partes son tan atendibles como relativos, pero revelan el grado de descomposición interna de Corte Suprema.
Lorenzetti se escandalizó por la reorganización de la secretaría de Administración y el cohete al espacio en el que fue embarcado Marchi. Su enojo habría sido disparado por una supuesta negativa de Rosatti a que pueda editar el texto de su disidencia hasta dejarlo como él quería.
Entonces, escribió e hizo trascender que la movida contra Marchi afecta el prestigio jurídico y social de la Corte, y la coherencia en las decisiones del máximo tribunal, porque modifica la estructura decidida en 2015 por Maqueda, Lorenzetti y Highton, «generando inestabilidad en las instituciones». Además, razonó el juez, «se aumenta el gasto público frente a una población que debe restringir el suyo». En su entorno se apuntó por ejemplo a «secretarías innecesarias» como la de Desarrollo Institucional, que sólo en personal gastaría 150 millones de pesos por año.
Bajo el poncho de esas explicaciones, relució el acero del cuchillo más afilado en esta pulseada de poder. Lorenzetti atribuyó el desplazamiento de Marchi a «una sanción en virtud del informe presentado sobre la Obra Socia del Poder Judicial que no parece gustar.» Anotemos esto.
Antes de que cayera la tarde del jueves, y con todas las resoluciones formales firmadas, llegó la respuesta a ese misil. En el entorno de los otros tres ministros negaron que hubiera «una sanción encubierta» a Marchi, advirtieron que la reorganización de las dependencias de la Corte es una facultad de sus miembros consagrada en el artículo 113 de la Constitución, recordaron un traslado similar firmado por Lorenzetti en 2007, negaron que una decisión organizacional y administrativa lastime la doctrina del precedente y la estabilidad de las resoluciones judiciales, desmintieron que el traslado del ex administrador a la Cámara de la Seguridad Social acreciente el gasto fiscal -hay numerosos cargos vacantes con presupuesto aprobado, argumentan- y contraatacaron diciendo que fue Lorenzetti quien retuvo por más de tres años diversas propuestas para reorganizar la señalada Secretaría de Desarrollo Institucional. Un lodazal.
¿Pactos con el gobierno?
El affaire Marchi destapó una olla a presión que se venía calentando desde el año pasado, cuando el gobierno inició el proceso de juicio político contra todos los ministros de la Corte cuyas audiencias en la Comisión de Diputados se suceden semana a semana sin mayor atención de nadie, pues todo está destinado a la basura ya que el oficialismo no tiene los votos necesarios para aprobar el juicio en el recinto.
Proporcional al desinterés público por lo que se percibe como poco más que una operación mediática, desde la Corte cada audiencia se sigue con lupa, se agitan fantasmas, se tejen teorías y se escriben conclusiones. Dos de ellas: hasta ahora, todos los funcionarios del máximo tribunal convocados como testigos ente la Comisión pertenecen a las vocalías de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. No llamaron a nadie de Lorenzetti. Otra: aunque esta semana estaba previsto continuar analizando el fallo de la Corte que ordenó restituir dinero de la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires, de golpe se cambió el orden del día para avanzar con otra de las causales del proceso contra los ministros; las supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.
Aquí retomamos el punto suspendido unos párrafos arriba. En la mayoría de la Corte se da por descontado que esas sospechas son manipuladas por el doctor Lorenzetti para «vengarse de lo que considera una traición personal por parte de Juan Carlos Maqueda», el ahora decano del tribunal y su histórico aliado, que desde hace dos años acompaña a Rosatti y Rosenkrantz en la «nueva mayoría». El ex titular de la Corte niega y perjura cualquier intervención en ese sentido.
Como parte del reparto interno de tareas, Maqueda era el ministro encargado de la obra social, que comenzó a ser objeto de denuncias luego desestimadas por el fiscal Stornelli, y recién en diciembre archivadas por el juez Ariel Lijo. Un magistrado de sólidos vínculos con Lorenzetti, aunque también pasmado por esta increíble pelea en la cumbre del Poder Judicial. Si esta historia fuera escrita por Cristina Kirchner, cabría su muletilla: «todo tiene que ver con todo».
Algunos hechos no ayudan a disipar los espectros. Un día antes de su eyección, el contador Marchi presentó un picante informe relativo a la obra social de los judiciales, ese que Lorenzetti dijo que «no pareció gustar». Sus adversarios internos le recuerdan que los cambios en la Secretaría de Administración habían sido decididos dos semanas antes, y que la jugada de Marchi -como otras- sucedió mientras él mantenía pisada esa resolución sin manifestar su voto.
No es todo: también dicen que ese informe ni siquiera es nuevo, sino del 10 de noviembre de 2022. Y que esta semana sólo cumplió con la orden que le había dado la mayoría de la Corte de acompañar toda la documentación solicitada por la Comisión de Juicio Político el 12 de abril, vinculada a la Obra Social.
Las sugestivas coincidencias continuaron este viernes. Cerca del mediodía y con un intervalo de pocos minutos entre una y otra, llegaron tres comunicaciones a Corte. Las dos primeras provenían de la Comisión de Jucio Político de Diputados. La primera exige que el «informe Marchi», cuya entrega tenía un plazo hasta el 26 de abril, llegue al Congreso en 24 horas. La segunda cita a Marchi como testigo para el próximo martes. El otro requerimiento provino de Comodoro Py, para pedir expedientes internos vinculados a la obra social de los judiciales. ¿Quién lo firma? El juez Lijo. Cerca del magistrado aclaran que sólo se trata de datos respecto de un par de contrataciones que están a kilómetros de distancia funcional de Maqueda.
Demos otro paso. Aunque desconocida, la resolución que echó a Marchi fue firmada por la mayoría el 29 de marzo. Un día después, el contador presentó una recusación -pedido de apartamiento- contra Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda en un juicio civil que él le hizo a Elisa Carrió por sus reiteradas acusaciones de supuesta corrupción en la Corte junto a Lorenzetti, bajo el argumento de que todos ellos están bajo jucio político en el Congreso. Los ministros rechazaron ese pedido en 24 horas por extemporánea, lo que causó la crítica del jurista rafaelino.
Y aquí llegamos al nudo de las acusaciones cruzadas. En varios despachos de la Corte existe la presunción de que esa recusación de Marchi no es más que un caballo de Troya ideado por Lorenzetti en coordinación con un sector del gobierno o del kirchnerismo con otros fines: si los jueces aceptaban ser apartados en esta causa porque el oficialismo legislativo quiere su juicio político, también deberían hacerlo por ejemplo en el expediente de fondo por la coparticipación porteña o, más adelante, cuando les toque analizar la condena a Cristina en el caso Vialidad.
Pero del? otro lado tambien hay sospechas. Además de espantarse con la tesis de sus colegas, cerca de Lorenzetti niegan cualquier vinculación de la crisis de esta semana con el juicio que Marchi le hizo a Carrió, y temen que la reestructuración de la Secretaría de Administración y el despido del contador aflojen la vigilancia sobre el fondo anticíclico de la Corte creado y regado durante su presidencia, en el que ahora se guardan más de 30.000 millones de pesos. Desde el gobierno de Cristina que el kirchnerismo le tiene ganas a esa caja que hasta ahora no pudo vulnerar.
«Hay una gran convulsión alrededor de esto, donde también está metido un sector del gobierno que quiere esos fondos y así debilitar a la Corte. Es necesario advertirlo para no confundir a la población y sobre todo al Poder Judicial. Hay mucha inquietud», se preocupan en la vocalía de Lorenzetti.
Otro dato también envenenó el aire esta semana: la versión de una supuesta línea abierta entre Rosatti, Sergio Massa y el gobierno, revelada por Clarín el domingo y rodeada de suspicacias.
La semana próxima, el escenario de este escándalo se trasladará al Congreso. Será conveniente devolver la atención a las aburridas audiencias del juicio político a la Corte: no por su amenaza a la estabilidad de los ministros, sino como reflejo de las últimas noticias de su naufragio.
Fuente: https://www.clarin.com/
