Fundación SEOM y el IDSR implementan la ley Yolanda

Las instituciones se comprometieron a “trabajar conjuntamente en la formación integral en ambiente con perspectiva en desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático, para quienes se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.“

Este jueves tuvo lugar, en el Espacio Cultural de SEOM, la firma de un convenio específico entre la Fundación de SEOM y el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, en el marco de un Plan de Trabajo para la Implementación de la Ley Yolanda.
El acto fue encabezado por el Secretario General de SEOM, Darío Cocco, en esta ocasión como Presidente de la Fundación; y la Directora del IDSR, María Paz Caruso.
Las instituciones se comprometieron a “trabajar conjuntamente en la formación integral en ambiente con perspectiva en desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático, para quienes se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.“
Las acciones estarán dirigidas a funcionarios y trabajadores municipales y comunales, en los ámbitos ejecutivos y legislativos, a fin de que puedan integrar en sus funciones el cuidado del ambiente, y realizar sus tareas generando el menor impacto ambiental posible.
Con la rúbrica quedó formalizado este ambicioso proyecto que involucra también a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRAF), entidad que estará a cargo de brindar las capacitaciones y avalará la correspondiente certificación.

Acerca de la ley

La ley Yolanda establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Su nombre hace referencia a Yolanda Ortiz -primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina- y tiene como objeto la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas para contribuir, desde la gestión estatal, a la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible.

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