Por Guillermo Briggiler.- El papa Francisco y el candidato a presidente Javier Milei han mostrado algunas diferencias entre sí. Estas son propias de las distintas miradas que pueden tener ambos sobre la economía, mientras que el principal votante de Milei es el trabajador humilde, autónomo, monotributista que desea progresar y que muchas veces se encuentra fuera de la matriz del empleo formal y debe esforzarse el doble por dicha situación, el Papa se dirige principalmente a los excluidos de la sociedad, deja las 99 ovejas y se concentra en los descartados, quienes tienen, a ojos del mercado, poco para ofrecer. Si bien esas dos miradas pueden sacarse chispas, ambas poseen un punto de coincidencia, los dos desean una mejora en el nivel de vida de la población.
En lo personal, dada mi pequeñez, no puedo emitir juicios sobre ambos, pero sí puedo abordar el tema desde una perspectiva técnica y tratar de acercarlos al llano. Nuestro saqueado país, necesita menos peleas y más trabajo en común, menos trabas y más libertad. Jesús vino a hacerlos libres y Milei no se cansa de gritar libertad.
Desde la perspectiva del candidato libertario, los impuestos deberían desaparecer, pero estos son esenciales para financiar al Estado. El poder político tiene tres fuentes de financiamiento: impuestos, expansión monetaria y deuda externa. Sin lugar a dudas, el impuesto es el método más auténtico, dada que la expansión monetaria genera inflación y esta afecta a los más desprotegidos de la sociedad, mientras que la deuda en nuestro país fue muy mal utilizada, esta sirve cuando se aplica para mejorar la infraestructura y hacer al país más competitivo, pero cuando se utiliza para la gestión de gastos corrientes termina siendo una pesada carga para las generaciones futuras. Nos quedan los impuestos, que deben ser equitativos, es decir, no deben privar a las personas de sus necesidades básicas. Por lo tanto, no deben ser confiscatorios ni excesivos.
Es fundamental que los impuestos sean justos. Podemos debatir sobre su progresividad, proporcionalidad o regresividad, siendo estos últimos considerados injustos. En Argentina, es imperativo reducir la carga impositiva y garantizar que no existan impuestos injustos. Afirmar que todos los impuestos son un robo puede ser una exageración. Por ejemplo, los peajes o las tasas por uso de servicios son legítimos. No podemos regresar a un estado de naturaleza sin regulación, como si fuéramos seres primitivos. Es plausible, también, que haya impuestos que, desde una perspectiva moral, se perciban como inaceptables, incluso sea pecado pagarlos (decimos pecado a falta de palabra más grave, para los ateos, pongan la palabra en contexto de cristiano y descubrirán la gravedad de lo dicho). Tomemos como ejemplo el caso de un impuesto destinado a enaltecer a un gobernante o si se destina directamente a financiar prácticas como el aborto, crimen que tanto cristianos como liberales condenan. En tales casos, se plantea la cuestión de si es ético contribuir pagando el mismo y podría llamarse a una rebelión fiscal.
El otro punto de disputa es el concepto de Justicia Social, que en Argentina fue utilizado mucho por un partido político, pero tiene su origen en la doctrina social de la Iglesia, modelo y brújula en el ámbito material y social, para todo gobernante que busque el bien común.
Justicia social, si bien es un término redundante, podemos desglosarla en tres formas: legal, distributiva y conmutativa, todas relacionadas con necesidades materiales. Cada individuo tiene el derecho a que sus necesidades básicas sean atendidas. En principio, esto debe ser el fruto de su propio esfuerzo. Pero hay ocasiones en que el trabajo no es suficiente, o que los recursos con que la persona está dotado no son suficientes o no alcanzaron el grado de madurez o simplemente necesitan ayuda para comenzar su propio camino, en estos casos otras entidades deben intervenir de manera subsidiaria.
Pensarán en el Estado, sin embargo, antes que el Estado Nacional, están la familia, el gremio profesional, las cooperativas y el municipio, seguidos por la provincia y finalmente el gobierno nacional. Esta subsidiariedad responde totalmente con la doctrina social de la Iglesia. Pero, si interpretamos la justicia social como una redistribución desde lo nacional hacia lo local, mediante expansión monetaria y impuestos regresivos, esto no es congruente con la visión de justicia social según la Iglesia. Para esta, se trata de asegurar que todos tengan sus necesidades básicas satisfechas. Lo contrario se traduce en un estado benefactor, concepto cuestionado por Pío XII en la doctrina social. Por lo que encontramos aquí otro punto de coincidencia.
Es plausible afirmar que tanto los seguidores de los partidos liberales como los miembros de la Iglesia estarían de acuerdo en que el Estado debe intervenir, pero solo de manera subsidiaria. Esta perspectiva podría considerarse como la solución intermedia entre ambas corrientes, un enfoque que busca evitar tanto el estatismo como el socialismo. Teniendo en claro que el estado no genera riqueza, solo la redistribuye vía impuestos, transferencias y subsidios, lo que puede ser cuestionable.
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