Por Ricardo Miguel Fessia.- Hoy es el cumple de Zaffaroni, quien nació en la ciudad de Buenos Aires un 7 de enero de 1940.
Tal vez y como todos los años reciba a sus amigos más allegados en su casa para celebrar el onomástico como le gustaba decir a un comentarista radial que siempre buscaba sinónimos, coincidan o no.
Recordamos los informes que volcaban los cronistas en las páginas de diarios y en minutos de televisión con alguna todo departiendo con un cenáculo privilegiado, entre ellos Amado Boudou, que solía llevar la guitarra. Bueno, tal vez ocurra lo mismo: ahora por zoom se podría hacer.
Creció en un entorno familiar de clase media alta, estudió derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde se destacó entre sus condiscípulos, concluyendo en 1962.
Con una clara vocación por el estudio, los continuó para ser escribano y luego cursó el doctorado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, donde logró el grado académico en 1964.
En sus logros profesionales y personales “fue todo”, nunca la expresión en el más lato de los sentidos tiene mejor aplicación.
En la magistratura llegó a lo máximo. Entre 2003 y 2014 fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una vez retirado, por edad, desde 2016 hasta enero del 2022 se desempeñó como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Había sido juez penal, convencional constituyente de la Nación para la reforma de 1994, legislador de la Ciudad de Buenos Aires e interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
En la docencia, fue profesor de “Derecho Penal” e “Historia y Filosofía del Derecho Penal”, y titular de las cátedras de Criminología, Derecho Penal y Sociología del Derecho en diversas universidades de distintos países. Recibió el título de doctor honoris causa de universidades latinoamericanas y europeas, 44 en total. Es sin dudas uno de los juristas más renombrados en Latinoamérica y en Europa.
Como autor tiene varias obras, algunas son consideradas algo así como “la biblia de la materia”. Solo algunos de ellos: “Hacia un realismo jurídico marginal”, Chile, Olejnik; “Derecho Penal Moderno: el pensamiento penal y criminológico”, Buenos Aires, Murillo Editores / 978-9942-30-267-0; “Hacia dónde va el poder punitivo”, Colombia, Universidad de Medellín, 978-958-8348-46-9; “Proceso penal, sistema penal y derechos humanos”, México, Porrúa, 978-970-07-1648-0; “Manual de derecho penal”, Buenos Aires, Ediar, 978-950-574-145-8; “Estructura básica del derecho penal”, Buenos Aires, Ediar / 978-950-574-251-6.
Es para muchos, casi como una figura icónica en la defensa de los derechos humanos y de una mirada, al tiempo de aplicar las normas, con un claro favor hacia los más vulnerables, hacia los desprotegidos, hacia los desclazados.
Siempre la historia, para ser fiel, debe ser completa, tomar partes o segmentos, desvirtúa y nos traen una imagen que no es tal. Recortar lo bueno o lo no tan bueno, distorsiona, crea una imagen que no es. Inventa personajes, genera relatos.
Entre las tantas publicaciones que surgieron de su pluma, solamente tomamos algunas.
Una que no mencionamos es “Derecho penal militar” escrito en 1980 en coautoría con Ricardo Juan Cavallero.
Para los menos memoriosos, el libro fue publicado durante un gobierno militar que proclamaba estar en una guerra, justifica el golpe de Estado. “En una circunstancia hipotética, habiendo desaparecido cualquier autoridad o siendo incapaz la que resta, un grupo militar puede usurpar justificadamente la función pública”, escribió Zaffaroni.
Por si esto fuera poco y para ser más preciso, el libro incluye una dedicatoria al brigadier auditor Laureano Álvarez Estrada, a quien reconoce haberle mostrado los textos originales antes de su publicación para que realice “observaciones”, y al contraalmirante auditor Ramón León Francisco Morell.
A los efectos de evitar distorsiones expresamente dicen los autores: “Finalmente, queremos hacer público nuestro agradecimiento al brigradier auditor doctor Laureano Álvarez Estrada, quien tuvo la gentileza de leer los originales, por las importantísimas observaciones que nos efectuara …». Este agradecimiento es extensivo “al contraalmirante auditor doctor León Francisco Morell”.
El aviador Alvarez Estrada fue designado por el presidente de facto Jorge Rafael Videla como su subsecretario de Justicia de la Nación por medio del decreto 105/1976.
Pero esto no es todo, hasta su fallecimiento el 19 se septiembre de 2003, ya retirado, el militar se desempeñó como vocal letrado del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Esto luce en el decreto 177/2004 publicado en el Boletín Oficial del 13/feb/2004, que nombra al reemplazo de Álvarez Estrada, y que lleva la firma de Néstor C Kirchner y del ministro de Defensa, José Pampuro.
Entre otros aportes doctrinarios, también se justifica la prohibición de la homosexualidad en las Fuerzas Armadas. En la página 59, los autores analizaban: “Si pensamos por un momento en que la homosexualidad entre adultos no puede ser punida como delito en la vida civil, porque esa punición violaría el artículo 19 constitucional, no por ello debemos concluir en que la homosexualidad militar es inconstitucional, tal como la prevé el artículo 765, CJM, porque en la vida civil no hay ningún bien jurídico que resulte afectado por esa conducta realizada en privado, pero en el orden militar la posibilidad de trascendencia del conocimiento de esa conducta afecta la imagen pública de las fuerzas armadas y la confianza que ellas deben gozar por parte de los habitantes de la Nación, cuyo crédito frente a ellos es indispensable para que ante la necesidad tremenda cuenten con la participación y apoyo de la población”.
De acuerdo a la Constitución, para ser Juez de la Corte, lo tiene que proponer el Presidente y contar con el apoyo del Senado.
Cuando fue propuesto el doctor Raúl Eugenio Zaffarroni, se recordaron estos antecedentes y también se exhumó el proyecto de las Madres de Plaza de Mayo contra la impunidad y la parte respectiva del mismo con la denuncia contra los jueces que juraron bajo el estatuto del proceso de reorganización nacional. En esa lista estaba Zaffaroni como partícipe necesario de los delitos de la dictadura. Pero el oficialismo, férreo defensor de los derechos humanos, no advirtió. Tal vez absortos en su propio relato.
Cuando algún senador en la audiencia le requirió, afirmó el entonces aspirante al máximo tribunal que sabía tardíamente se enteró que en el país había personas secuestradas pero desconocía su paradero. Tiempo luego, en un viaje por el exterior se enteró qué estaba pasando, pero que regresó al país y siguió con sus funciones.
Pero en verdad su tiempo en la magistratura era de mucho antes. Su ingreso a la misma es de 1969, año complejo si los hay, año de dictadura militar, como Juez de la Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Nada de juez de faltas en un pueblito. Por las dudas y para agregar un dato, el presidente era Juan Carlos Onganía.
La vida continuó y regresó a su amada Capital Federal y en 1976, la etapa más feroz de la dictadura asesina lo nombra como Juez Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal, para lo cual se debe jurar por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Total ya lo había dicho antes; un grupo militar “puede usurpar justificadamente la función pública”. Para agregar otro dato, el presidente era el general Jorge Rafael Videla.
De ese tiempo de magistrado y muy de acuerdo con el origen de su designación, fueron célebres las resoluciones exprés por las cuales rechazaba los recursos de “habeas corpus” que algunos abogados y abogadas presentaban ante la desaparición de ciudadanos y ciudadanas a la vista de quién sea y como política de Estado varias veces denunciada.
Pero como lo adelantamos, fue un hombre completo. Incursionó en política. Para las elecciones de diputados constituyentes integró la lista del FREPASO (Frente País Solidario), una alianza de varios partidos políticos que lideraba Chacho Álvarez y como tal fue uno de los que modernizaron nuestra carta fundamental. Para 1997 integra la lista de diputados para la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires por el mismo FREPASO y una vez jurar sus pares lo eligen como presidente del bloque.
No terminó su mandato ya que, a poco de asumir la presidencia, Fernando de la Rúa lo convoca en mayo de 2000 para ser interventor en el INADI (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo).
Ya desembarazado de algunas funciones públicas, incursionó en algunas defensas de personajes de alta exposición imputados de una diversa gama de fraudes al Estado y también como “panelista” en algunos programas televisivos.
Lo cierto es que llega pleno de vitalidad a un nuevo aniversario: feliz cumple, maestro.
El autor es rafaelino, radicado en la ciudad de Santa Fe. Abogado, profesor titular ordinario en la UNL, funcionario judicial, ensayista.
