Por Emilio Grande (h.).- Este lunes los concejales recibieron la visita del Dr. Cristian Fiz (presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Quinta Circunscripción Judicial), el Dr. Carlos Flores (defensor regional) y el Dr. Carlos Martino Navarro (por el Colegio de Abogados) para tratar la ley 27.801 sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, sancionada recientemente, que establece el sistema de responsabilidad penal aplicable a partir de los 14 años.
Luego de la breve presentación de la presidente del cuerpo Mabel Fossatti, Fiz pidió un minuto en silencio en memoria del ciudadano ilustre, el Dr. Marco Antonio Terragni, con quien tenía una gran amistad.
El camarista aclaró que la ley pone el foco en las regulaciones a los problemas en conflicto con la ley penal, no solo en la edad cuyo número 14 fue de consenso. Fue un avance en la legislación porque era del proceso militar que quedó desactualizada y era esquizofrénica porque el juez debía tutelar por los derechos de menores, esclarecer el delito y dar respuesta a la víctima. La práctica hizo que fuera inclinándose por la función de velar por el menor, olvidar a la víctima y entregar el menor a los padres, con una situación familiar, social y de consumo estupefacientes, donde volver a su casa no es la solución.
Valoró lo legislado sobre la cuestión para comenzar a ser una solución, pero no se dan soluciones mágicas sino quienes las instrumentan para hacer foco en la víctima, que sentía un ámbito de impunidad y había que poner coto. Es positivo que la ley se haya sancionado y es necesario mejorar la situación de los menores y de las víctimas.
Flores recordó que este decreto tiene más de 40 años, no se debatía para no bajar el piso de la edad, pero las estadísticas del delito de menores de 16 años son del 0,6% a nivel nacional, usados por los adultos. La nueva ley da elementos para evitar el encierro, los menores de 14-15 años no pueden comprar bebidas alcohólicas ni tampoco ir al boliche, pero pueden ir presos. En Rafaela, actualmente hay 3 menores en la Defensoría.
Apuntó a trabajar en instancias pre penales y extrapenales con equipos de calle para detectar los comportamientos de ilícitos producidos por los menores, aclarando que hay algunos hechos violentos, pero la idea es desjudicializar. El consumo de estupefacientes es un problema central, se debe trabajar en la escolaridad y el Municipio tiene herramientas para actuar en la calle. En el ESPA (Establecimientos Socioeducativos de Puertas Abiertas) hay 2 talleres de herrería y carpintería, pero no hay profesores.
Martino Navarro destacó cómo conversar con la reforma, ver la parte política y social, cuál es la causa de la conflictividad y por qué aumenta en los menores, existiendo 2 causas. El 75% de los delitos es contra la propiedad para comprar drogas que producen enfermedades mentales. El otro son las redes sociales que afecta a los menores, que pueden producir suicidios, cometer hechos delictivos, apartarse de la realidad y homicidios.
No habrá ley que resuelva el conflicto a futuro, hay que pensar en la sociedad y las generaciones futuras, citando a Ricardo Lorenzetti sobre los nuevos dirigentes con capacidad para resolver los problemas actuales y evitar el conflicto judicial en la prevención. Marco Antonio Terragni enseñó que la ley tiene que ser algo simple y concreto, lo social debe estar por encima del conflicto.
Luego vinieron las consultas de los concejales. Maximiliano Postovit preguntó si contarán con los recursos para aplicar el nuevo marco legal, Juan Scavino si se podrían evitar los delitos si las familias tuvieran la solidez de tiempo atrás, Fabricio Dellasanta si hay alguna sanción para los padres y los abuelos que inducen a los menores a cometer delitos, Milagros Zafra si puede haber un índice mayor de denuncias, Lisandro Mársico cómo será el sistema penitenciario en la provincia de Santa Fe, Juan Senn si hay datos específicos menores reincidentes y Valeria Soltermam cómo será el vínculo con los municipios.
Al finalizar el encuentro, Martino Navarro señaló que “nos pareció interesante que estando en un seno político como es el Concejo Municipal, se analice esta norma desde otra faceta que es la parte preventiva, porque la mayoría de estos chicos que ingresan al sistema penal son por razones de exclusión social, por falta de alimentación, por falta de educación, por falta de trabajo, y hay un tema muy grave hoy en día que es el tema de las drogas y las redes sociales”.
Y agregó: “Es interesante que esta parte política social que tenemos en el cuerpo legislativo haga mucho foco, trabaje en esa parte social que creo que va por lo menos a evitar que muchos chicos ingresen al sistema penal”.
Fiz dijo que “lo que más se sabe es que esta ley plantea una baja en la imputabilidad del menor a los 14 años, pero no tenemos que quedarnos con esa cuestión como la más importante, sino que prevé distintos tipos de alternativas, de procedimiento y de cuidados que se le deben brindar al menor que justamente está en conflicto con la ley penal, de manera tal que pueda superar esa situación”.
Flores destacó que “concurrimos a evacuar consultas de cómo era la realidad en cuanto al tratamiento de los menores en el sistema penal juvenil y cómo se podría trabajar en instancias pre penales para lograr resolución de conflictos de manera extrajudicial o extrapenal”.
