Por Natalia Aquilino.- Las tragedias que afectan a las ciudades de Buenos Aires y La Plata superaron las estructuras administrativas y de gobierno de esas jurisdicciones. A las pérdidas humanas se suman los daños materiales, las heridas urbanas, el impacto en la producción y el comercio y el desconcierto general ante desastres naturales que se potencian con la débil planificación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
Intervienen en el terreno el Gobierno de la Ciudad Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Todos reclaman que las obras necesarias están en marcha en las distintas jurisdicciones, y las que no se atribuyen en su no ejecución a otros.
Sin embargo, la información sobre el impacto efectivo que esas obras tienen por acción u omisión sobre la calidad de vida de la población no está siendo mostrada a los ciudadanos.
No estamos acostumbrados a recibir información sistemática, pública y confiable sobre los avances y resultados en términos de monitoreo y evaluación de políticas públicas. De hecho, un estudio realizado por CIPPEC sobre planes y programas nacionales muestra que el 45% de los casos analizados no poseen sistemas de seguimiento y evaluación, con indicadores de distinto tipo (de impacto, de resultados, de producto y actividad) que admitan recopilar información clave sobre las intervenciones.
Es crítico avanzar en el diseño e implementación cotidiana de instancias que permitan a funcionarios, técnicos, sindicatos, ciudadanos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes integrar espacios dedicados al seguimiento participativo, tanto intra como extra burocrático, y a la evaluación abierta de los planes y programas de gobierno.
Evaluar los resultados obtenidos en materia de infraestructura podría darnos hoy pistas más certeras capaces de informar la toma de decisiones luego del desastre. Podría además ayudarnos a identificar atribuciones concretas en materia de responsabilidad de los distintos funcionarios y la falla en los mecanismos institucionales. Contribuiría a adoptar juicios más informados por todos los sectores sobre bases sólidas de evidencia y lecciones aprendidas.
Con hallazgos concretos, sean cuantitativos o cualitativos, sostenidos por una indagación sistemática y valorativa en el tiempo, podríamos contar con datos de hacia dónde deben apuntarse los esfuerzos de coordinación interjurisdiccional. Con rendiciones de cuentas periódicas tanto sobre cantidad de trabajo y calidad de las obras planificadas, en marcha y terminadas, como sobre impacto, resultados y productos, tendríamos bases más solidas para analizar el camino para seguir.
La información abierta y confiable sobre el desempeño de la administración de las obras y sus funcionarios permite realizar recomendaciones fundamentadas para los próximos ciclos de planificación. Con datos certeros sobre la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto en obras tendríamos insumos relevantes para analizar el presupuesto público.
Una evaluación periódica que identifique cómo se benefician los ciudadanos de la acción estatal en cuanto a infraestructura permitiría también mejorar la calidad de las obras. Alentaría, además, el conocimiento del impacto de sus acciones y políticas, la promoción de un mejor desempeño de los funcionarios, una más eficiente asignación de recursos, una mejor recolección de información y una capacidad mejorada para informar la toma de decisiones gubernamentales y la toma de posiciones de las personas.
Se trata entonces de saber, a través de la evaluación como técnica de investigación-acción, si las políticas de infraestructura y las obras públicas en marcha solucionan los problemas cotidianos de los argentinos.
Fuente: www.infobae.com. La autora es rafaelina y directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
