Por Guillermo Briggiler.- El país vive momentos de cambios rápidos, evolucionando y escapando de una jaula en la que están inmersos muchos países occidentales, donde priman conceptos como el buenismo y lo políticamente correcto en detrimento de la razón y la verdad. Este enfoque lleva a tomar actitudes bienintencionadas pero ineficaces, resultando en soluciones simplistas y poco realistas.
Una de las principales ideas de esta batalla cultural es la creencia de que expandir el gasto público es beneficioso para la economía. Sin embargo, un aumento permanente del gasto requiere un incremento constante del financiamiento, lo que reduce el consumo privado en la misma magnitud. El gasto público no tiene un efecto macroeconómico significativo, y su supuesto efecto expansivo se usa como excusa para incrementarlo. Solo es eficaz como motor del PIB cuando se mejora la infraestructura, como al construir un puerto donde no lo había, o una carretera donde antes había un sendero de tierra.
Otra falacia es pensar que una baja de impuestos es realmente una reducción de tributos. Por ejemplo, cuando Massa anunció una baja en el impuesto a las ganancias, pero sin reducir el gasto o indicar una fuente de financiamiento nueva para reemplazar esta, solo implicaba que se compensaría con emisión, es decir, inflación. Sin una reducción del gasto, no es posible bajar impuestos.
El impuesto a las ganancias es la columna vertebral de cualquier sistema tributario progresivo. La actual resistencia en el Congreso por parte de algunas provincias, como las de la Patagonia, al regreso de este tributo contenido en la Reforma Fiscal debe interpretarse como un llamado a cobrar otros impuestos, que probablemente serían más injustos y socialmente perjudiciales.
La mayor falacia es asumir que el ajuste del gasto público es doloroso para todos. En realidad, solo es doloroso para quienes se beneficiaban del gasto excesivo, es decir, la clase política y quizás los líderes de los movimientos sociales o piqueteros que lucraban con la necesidad de miles de personas. Para el resto de la población, eliminar ese gasto significa un alivio, ya que se reducirían los impuestos que pagaban sin recibir beneficios proporcionales.
El enorme poder del Estado radica en su monopolio de la fuerza, lo que le permite imponer dictadores y decidir políticas públicas, beneficiando a unos y perjudicando a otros. De ahí la importancia de una democracia sana.
Estamos en un momento de mejora real. Antes hablábamos de hiperinflación, ahora de recesión y de cuándo comenzaremos a crecer. La misma gente que se quejaba del atraso cambiario ahora se queja de que sube el dólar, mostrando que algunos solo persiguen intereses personales y adaptan sus opiniones a su conveniencia. No tienen un criterio uniforme ni ideas que defender, solo sus intereses.
Nuestro sistema económico debe estar basado en el orden natural, lo que significa un sistema que respeta y promueve principios fundamentales inherentes a la naturaleza humana y la moral objetiva. Para citar algunos, la Dignidad de la Persona Humana, donde toda acción y política deben respetar y promover la dignidad intrínseca de cada ser humano, rechazando cualquier forma de explotación, discriminación o trato injusto. La búsqueda del bien común, que supera el bien individual y requiere solidaridad y justicia social. La subsidiariedad del Estado, donde las decisiones deben tomarse al nivel más cercano posible a las personas afectadas, promoviendo la participación y evitando la centralización excesiva del poder, promoviendo una distribución justa de los recursos y oportunidades, protegiendo los derechos de los más vulnerables y con un compromiso firme por el bien de todos y de cada uno, fomentando una fraternidad que trasciende barreras sociales, económicas y políticas y sin descuidar principios como el respeto a la vida, la protección de la familia y los derechos fundamentales.
Hemos logrado escapar de la trampa en la que estábamos inmersos, ahora debemos construir un sistema económico y social sobre una base ética sólida que respete la dignidad humana, el bien común, la justicia, la solidaridad y la participación activa de todos los ciudadanos.
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