Por Norma Bessone.- Esta semana, luego de 4 meses de campaña mediática, se presentó el proyecto de ordenanza sobre agroquímicos en el Concejo de Rafaela. Más allá del manejo superficial y subjetivo de los mensajes frente a la opinión pública se desdibujó que el verdadero ámbito de debate es el cuerpo legislativo.
Los mecanismos de la democracia que tanto nos costó obtener, deben ser fortalecidos y defendidos brindando información suficiente, la cual debe ser seria, profesional, responsable, fundamentada científicamente, sin omisiones y basadas en el respeto al ciudadano.
Y en relación al tema quiero marcar algunos puntos necesarios de consideración:
1- En alusión a las leyes vigentes sobre el tema no considera la ley provincial N° 11.273/95 que tiene como objetivo la protección de la salud humana, los recursos naturales y también “la producción agrícola” a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios…
2- No incluye consideración específicamente al art. 34 de la mencionada ley que está vigente sobre distancias agronómicas.
3- No hay referencias de denuncias realizadas legalmente, como permite la Ley Provincial vigente en el art. 36.CAP XII.
4- Genera definiciones y clasificaciones por fuera de las normas fijadas por la provincia de Santa Fe.
5- No incorpora la propuesta concreta acerca de cómo se va a operativizar y cómo se implementarían los mecanismos que permitan asegurar la correcta y racional aplicación, puesta en marcha, control y sanción de esta propuesta.
6- Desconoce conceptos base del sistema democrático como por ejemplo solicitar que el Concejo apruebe normas aplicables al Municipio, no considerando que las Municipalidades son autónomas pero no soberanas.
7- Hace caso omiso a las “Recomendaciones para la configuración de ordenanzas municipales sobre productos fitosanitarios” que el propio Ministerio de Agricultura, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, circulara en Octubre de este año donde entre otros refiere: ”La mejor norma no es la más extensa, sino la que es pasible de cumplimiento efectivo, en orden a las particularidades y posibilidades de quienes deban acatarlas y ejecutarlas. Para ello es fundamental el “consenso” de todos los actores en su elaboración”.
8- Por último, y quizás lo más grave es el avasallamiento del derecho a la propiedad privada, base de las sociedades democráticas modernas.
Estamos convencidos que para lograr un consenso que derive en normas beneficiosas que incluyan a toda la ciudad -zonas urbanas, periurbanas y rurales- previo a cualquier debate es imprescindible asegurar el conocimiento y respeto por las leyes vigentes específicamente las del territorio al cual se aspira legislar.
Es preciso fortalecer el compromiso con la búsqueda de la verdad científica basada en datos validados por referentes autorizados, sostener una actitud abierta a la escucha, la actualización, a la inclusión de tecnología y ampliar la mirada hacia una consideración acerca de lo que los mencionados cambios implicarían verdaderamente para la ciudad.
La autora es Presidente de la Sociedad Rural de Rafaela.
