Por María Herminia Grande.- En septiembre de 2020, el gobernador Omar Perotti dijo “vamos hasta el hueso” ante una pregunta de quien firma esta columna por el avance de la criminalidad organizada en Santa Fe, cuyos tentáculos fueron creciendo como una raíz añosa y fuerte. Lamentablemente, las bravuconadas de un ministro de Seguridad se llevaron puesto aquel “paz y orden” que los santafesinos abrazaron cual tabla de salvación ante el acecho narco. Es cierto que los principales jefes mafiosos están presos y que fue el propio Marcelo Sain, como titular del Organismo de Inteligencia, quien lo posibilitó. Pasó casi un año y Guille Cantero, preso en una cárcel federal bonaerense, fue quien blanqueó ante una pregunta de rigor de la magistrada Hebe Marcogliese, que su trabajo es “contratar sicarios para tirar tiros a jueces”. Pasó desapercibido tiempo atrás que una banda narco autotitulada de chicos bien, declararon comprar a Los Monos la franquicia para vender droga en determinados territorios.
Horas después de que Cantero espetase ante la mirada atónita del poder judicial semejante amenaza, el Ejecutivo Nacional reunía por primera vez a todo su gabinete. Esta cronista esperaba que el Presidente de los argentinos, tan bombardeado por una foto cruda y real, se anoticiase ante esta otra, y tuviese los reflejos necesarios de por ejemplo impulsar una ley que instale inhibidores de señales de celulares en todas las cárceles argentinas y que funcionen. No es el Poder Judicial de Santa Fe o el circuito Rosario el que está en problemas, es la institucionalidad argentina toda. Las declaraciones de un delincuente que pasará el resto de su vida en una cárcel son la punta del iceberg de un entramado que subyace sin que la política se haga cargo. Este entramado está integrado por contadores, abogados, lavadores, políticos, policías, fiscales, jueces, etc. ¿Dónde están los reflejos de la política hoy en campaña electoral, advirtiendo que esta grieta es más profunda que la planteada entre oficialismo y oposición? La verdadera pulseada en Argentina, se da entre la República sostenida por sus tres poderes y la “República de la Mafia”, que intenta cooptarlos y manejarlos. Quienes no lo advierten están mirando por complicidad o ignorancia otra foto, a criterio de esta cronista mucho más dura aún y letal que la de Olivos.
Así como Argentina adolece de un plan de infraestructura productiva nacional de igual forma, carece de una Agencia Nacional y Federal contra el crimen organizado. Tanto el sistema penitenciario como la institución policial han quedado con un retraso de 40/50 años, mientras que el delito en general maneja mecanismos sofisticados. En Santa Fe se viene trabajando en cuatro módulos para transferir desde sus cárceles provinciales a 24 detenidos de alto riesgo al sistema federal. Así como también ha habilitado en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero, el pabellón para alojar delincuentes de alto perfil, en el cual hay inhibidores, pero no funcionan. Santa Fe sólo es un ejemplo de lo que sucede en la República Argentina: cárceles con falta de infraestructura y tecnología, falta de capacitación al personal y una explosión de la población carcelaria. La política no invierte en este sector. Tal vez ante los hechos de público conocimiento debiera ser este el momento ideal. Y el Poder Legislativo debiera tratar de avanzar y/o proponer legislación sobre nuevas leyes de seguridad, sobre más presupuesto al Ministerio Público de la Acusación, y sobre la situación de los presos. El gobierno provincial informa que el INVAP va a proveer tecnología, pero hay un mientras tanto.
Se vuelve imprescindible que se avance legislativamente en algunos aspectos sobre los que Santa Fe está trabajando, por un lado la policía que pertenece a la Agencia de Investigación Criminal y por otro lado la que gestiona la calle, en ambas es necesaria más especialización, profesionalización. Otro elemento importante es que la división de Asuntos Internos, para control de la propia policía, esté en manos de funcionarios civiles preparados técnicamente para tal tarea y así evitar la connivencia y la gran corrupción que hoy existe. Lo mismo sucede en el sistema penitenciario, donde los sueldos del personal rondan aproximadamente los $50 mil y por favorecer el ingreso de un celular se cobra $20 mil. Debiera la política avanzar sobre una nueva policía y cárceles modernas. La sociedad debe entender que esta inversión presupuestaria es parte del cuidado que la misma exige. Causa azoro la cantidad de chips telefónicos que una tomografía delata en el estómago de un preso.
La pregunta volviendo a la frase de Guille Cantero es qué y quiénes permiten ese poderío desde la cárcel para que el delito haga de la venta de violencia un negocio muy rentable. Indudablemente hay un permiso estatal muy grande para estos delincuentes, de lo contrario Guille Cantero no tendría un teléfono fijo en su celda.
Ayer debía presentarse a una audiencia imputativa el senador Armando Traferri, quien la semana pasada prefirió buscar en seis de sus pares, siete con su firma, el apoyo para no presentarse a la Justicia, por ser sindicado como jefe de una asociación ligada al juego clandestino. El senador no se presentó, lo hizo su abogado Romera, quien solicitó suspender y dejar sin efecto la imputativa en contra de Traferri. Aquí cabe otra pregunta. Así como Cantero desafía a la Justicia en nombre de la delincuencia organizada, el senador mencionado ante la solicitud de otro poder, el judicial, no se presenta, ¿no resulta una actitud también desafiante y deslegitimadora?
La Hidrovía, a pocos días que concluya la concesión vigente
En cuanto al balizamiento, la AGP definirá cómo se baliza y contratará una UTE integrada por tres empresas que prestan este servicio en el puerto de Buenos Aires. En cuanto al dragado, el mismo estará a cargo de la actual dragadora Jan de Nul. AGP informa que en el mismo momento de realizar la contratación directa, lanzara una licitación corta. Con respecto a los trabajadores, el decreto presidencial asegura la continuidad de los 800 asalariados. Lo que no queda claro es qué metodología se darán entre Jan de Nul y el gremio para este período de contratación o si habrá desvinculación y recontratación. Hoy el interventor de AGP, José Beni, se reúne con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
De cara a las PASO
Increíblemente en esta etapa de las PASO, ambas coaliciones buscan a los líderes que representan sus propios extremos. Si bien la sociedad busca votar moderados, pareciera que este rubro está vacante. Guillermo Vagni, que mide a los políticos en las redes, hace un adelanto sobre qué pasa en los jóvenes con la política a través de Instagram. Mientras el presidente Fernández cosechaba 6.000 nuevos seguidores diarios, luego de Olivos los viene perdiendo, y aparece descollando Javier Milei. José Luis Espert, aunque con buena performance en el segmento joven, perdió bastante expectativa respecto a 2019. En cuanto a Facundo Manes, muy querido entre los jóvenes, a partir del anuncio de su precandidatura empieza a perder interés: o algo no gustó en la campaña o el simple hecho de su participación, le genera un retroceso en cuanto al crecimiento e interés sobre él.
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