Por Enrique J. Marchiaro
Menem utilizó la emergencia para implementar un programa económico neoliberal. Kirchner para sentar las bases de un programa diferente, neodesarrollista según algunos, populista según otros.
En ambos casos todo indica que “el fin justifica los medios”: las crónicas así como los antecedentes jurídicos de estas importantes medidas no dejan duda acerca de que lo importante eran y son los fines. Fines que por su bondad no dejan dudas de los medios elegidos, siempre presentados como los únicos.
Nuestra Constitución Nacional no fija un programa económico concreto sino solo grandes líneas, lo cual esta muy bien porque es de la esencia de cualquier constitución fijar principios que se interpretan y aplican según las necesidades de cada momento histórico, sobre todo en una materia tan mutable como la económica.
En ese sentido tanto el programa neoliberal de Menem como el programa neopopulista de Kirchner en sus grandes líneas no violan la Constitución, pues esta da buen margen para ir de un extremo al otro del arco ideológico y económico. Pasados dichos márgenes si se la viola y es allí donde los jueces pueden determinar correcciones, insisto, no en el fondo sino en detalles o puntos concretos que igualmente son muy importantes (el actual debate sobre si la ley de abastecimiento está o no vigente y cuales son sus alcances es un ejemplo).
Lo que sí en cambio se ha venido violando en un gobierno como en el otro han sido “los procedimientos constitucionales” para llevar adelante sus respectivos modelos. Esto es lo que pasa con la emergencia, que de un remedio extraordinario ha pasado a ser un remedio ordinario.
La emergencia es ni más ni menos que el “estado de excepción”, instituto que cualquier país utiliza solo en casos extremos. El caso más conocido es “político” o estado de sitio: ante situaciones gravísimas que ponen en riesgo la vida de las instituciones el derecho habilita una excepción a sus mecanismos ordinarios. En otras palabras, “situaciones excepcionales requieren soluciones de excepción”.
El ejemplo típico es un desastre natural que determina que en pocos días el Estado pueda tomar medidas eficaces de acuerdo a lo que la situación imponga. Es lo que aconteció en los países que tuvieron terremotos como el de Chile o el Tsunami.
Pero en Argentina se “inventó” la emergencia económica: como somos un país que vamos de crisis en crisis de estas se sale –o se entra- mediante la emergencia. Claro que no cualquier problema económico por más grave que sea habilita la emergencia, de lo contrario lo anormal sería lo normal.
En teoría –o según la jurisprudencia tradicional- deben darse estas condiciones: la situación a resolver debe ser de una gravedad tan intensa que no se pueda hacerlo con remedios normales; como el término lo indica debe ser una situación imprevista; a su vez la situación de crisis económica-social por sí sola no alcanza sino que debe poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones democráticas. Finalmente, toda emergencia es temporal y nunca elimina el ejercicio de los derechos constitucionales sino que los “limita temporalmente”.
Una metáfora nos puede hacer entender como funciona el instituto: Las normas de tránsito son obligatorias para todos, incluso los agentes públicos y aún los que brindan servicios esenciales como una ambulancia, bomberos, un patrullero. Si se presenta una situación de gravedad pública sin duda estos vehículos especiales pueden pasar un semáforo en rojo e incluso ir un trecho a contramano y no por eso violan la ley.
¿Qué pasaría luego si las ambulancias para no gastar nafta van en contramano casi siempre? ¿Y que si no solo los patrulleros sino el resto de los vehículos estatales pasan en rojo aduciendo que deben hacer las cosas rápido? ¿Y que si luego el Estado habilita a algunos vehículos particulares como “excepción” para hacer esto?
Esto que parece ciencia ficción es lo que ocurre en Argentina con la emergencia cuando se abusa de la misma: Así Menem en gran parte de su mandato gobernó con emergencia y Kirchner lo hizo durante “todo” su ejercicio y la actual presidenta está en dicho camino, pues la emergencia tiene vigencia hasta el 2011.
En el momento en que se la dicta parece que no hay otro camino: Menem lo hizo por la hiperinflación y Duhalde por el fin de la convertibilidad. Pero luego se las va prorrogando año tras año, queriendo con ello salvar la “temporalidad”.
Como imaginará el lector, la situación actual no es la del 2000-2001 donde la crisis económica-social puso en riesgo en un primer momento las instituciones democráticas pero a los pocos años se revirtió, tanto es así que si el modelo actual se enorgullece de sus logros es una contradicción insalvable que se prorrogue la emergencia.
No se dan ni remotamente las condiciones que la habilitan, pero todo indica que nuestros presidentes se han acostumbrado a gobernar de este modo: la emergencia permite que el congreso delegue en el presidente numerosas facultades, se habilitan las compras directas sin licitación, se permite una intervención estatal intensa en la economía, etc.
Como el título lo indica, es un remedio excepcional que si se torna ordinario es un verdadero veneno, porque si la excepción es la regla no hay mas regla, no hay previsibilidad alguna, pues las grandes medidas las pueden tomar una sola persona que aún cuando sea un presidente electo y apoyado por el pueblo no significa que no pueda equivocarse. Y esto es lo que tutelan las constituciones con el respeto a los procedimientos: evitar que por querer hacer las cosas bien y rápido se la hagan mal. Así de simple, pues las constituciones son a los países lo que la ética y la religión para los pueblos: un saber acumulado que si no se lo respeta se deben pagar luego las consecuencias.
