Recientemente se hizo pública la decisión adoptada por el presidente de Venezuela Hugo Chavez de nacionalizar distintas empresas multinacionales que cuentan con subsidiarias en el país caribeño.
Esta medida se enmarca dentro del denominado “Socialismo del siglo XXI” y afecta a tres empresas del grupo argentino Techint. Ellas son TAVSA (Tubos de Acero de Venezuela S.A.), MATESI (Materiales Siderúrgicos S.A.) y COMSIGUA (Complejo Siderúrgico de Guayana C.A). Cabe destacar que Techint es una multinacional de origen nacional que es líder en el mundo en caños sin costura, así como Arcor lo es en el sector de las golosinas.
Desde hace algún tiempo Venezuela viene desarrollando una política de nacionalización del sector siderúrgico, que afecta a los inversores foráneos, aunque en principio Brasil no estaría alcanzado por estas acciones estatizadoras. Esto fue interpretado como un hecho discriminatorio a favor del gigante de América del Sur.
En los últimos dos años el gobierno de Chavez ha concretado más de ciento veinte estatizaciones, aunque solo una compañía intentó reclamar legalmente en tribunales internacionales, la Exxon Mobile, resultando la sentencia favorable a la República Bolivariana.
El mecanismo legal para llevar a cabo estas medidas es la expropiación, que es un instituto del derecho público en virtud del cual se evidencia el poder de “imperium” del Estado ya que a través de un acto compulsivo se desapropia de un bien al expropiado sin necesidad de su consentimiento. De acuerdo a la legislación argentina los requisitos establecidos para el proceso expropiatorio son: la calificación de “utilidad pública” de un bien determinado –que actúa como una garantía constitucional para proteger el derecho de propiedad-, la determinación de los bienes a expropiar y la indemnización previa.
Mucho se ha predicado acerca de las empresas multinacionales o transnacionales y de sus ventajas y desventajas. Robert Gilpin, en su obra “La Economía Política de las Relaciones Internacionales” considera que determinados gobiernos, como el de los Estados Unidos, han visto en este tipo de organizaciones un instrumento para su política exterior, ya que pueden servir para proteger los intereses del Estado en el extranjero.
Según Gilpin, estas personas jurídicas pueden, al igual que los Estados, interferir en los asuntos internos de los países anfitriones –especialmente en aquellos menos desarrollados o mas fácilmente manipulables- y menciona el caso de la ITT, empresa norteamericana que con el apoyo de la CIA tuvo un rol importante en el derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile en 1973.
Si bien las acciones de la ITT contra el ex mandatario socialista tenían como fundamento defender sus inversiones –en esa época la mayoría de las inversiones extranjeras en Chile se habían nacionalizado- el gobierno de Estados Unidos estaba preocupado por cuestiones de seguridad ya que el mayor temor de Richard Nixon era el peligro que significaba el avance de la Unión Soviética en América Latina.
En la actualizad existe una marcada tendencia a ver a la empresa multinacional como un sujeto –controvertido- de derecho internacional, existiendo en la órbita de Naciones Unidas una comisión que redactó un código de conducta para este tipo de instituciones.
Así, en estos tiempos en los que la globalización impregna todas las áreas geográficas “los Estados no solo compiten entre sí sino con las empresas transnacionales, cuyas ganancias superan en varios casos el PBI de muchos Estados” (Zehnder Rodolfo, “El Desafío de las Migraciones”, Pag. 12).
Volviendo a lo sucedido en Venezuela, nos parece necesario plantear algunos interrogantes que ayudarán a comprender mejor lo acontecido. ¿Qué hizo el gobierno argentino para proteger al holding liderado por Paolo Rocca? ¿Cómo repercuten estos hechos en el MERCOSUR? ¿Existe el riesgo de que estas políticas de nacionalización de unidades productivas se profundicen en el resto de la región y en la Argentina en particular?.
En primer lugar, la determinación de Chavez debe entenderse como un claro atentado contra la seguridad jurídica. Esto significa que cuando un inversor toma riesgos y hace el esfuerzo de colocar capitales fuera de las fronteras del país tiene que tener garantías de que las reglas del juego no le serán modificadas y, asimismo, necesitará contar con un sistema económico, normativo y tributario previsible.
En segundo término, el gobierno nacional no ha demostrado demasiado interés en defender a la multinacional metalúrgica más importante del país. Es de toda lógica que un gobierno debe ayudar a sus inversores en el extranjero pero ¿se puede hablar de lógica y racionalidad en la forma de tomar decisiones del matrimonio Kirchner, donde la coherencia es desconocida? Sólo entidades empresarias como la Asociación Empresaria Argentina, entre otras, salieron en defensa de Techint.
Con respecto al MERCOSUR, el Tratado de Asunción de 1991 es el que le da el marco legal y persigue como objetivo fundamental conformar un Mercado Común, a pesar de que aún no se ha llegado a esa etapa de la integración.
Que exista un Mercado Común implica el establecimiento de un arancel externo común y la presencia de ciertas libertades como la de circulación de personas, de capitales, de servicios y de bienes entre los países signatarios, que son Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.
Es conocida la vocación de Venezuela de ingresar al MERCOSUR pero teniendo en cuenta que esta iniciativa integracionista privilegia lo regional frente a lo bilateral ¿no es incompatible con un proceso de integración económica genuina que un Estado que un Estado que aspira a formar parte de ese bloque base su economía en la estatización de empresas privadas?. El espíritu que se desprende del Tratado de Asunción es contradictorio con el “Socialismo del siglo XXI”.
En otro orden de cosas, si se analiza la historia económica de nuestra Nación encontraremos que en determinadas etapas de la misma hubo un fuerte predominio del mercado en detrimento del Estado, con la implementación de políticas económicas que encuentran fundamento en economistas como Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek.
Sin embargo, el gobierno de los Kirchner ha desplegado un notorio avasallamiento del Estado sobre la esfera privada. Existen innumerables ejemplos de ello, como el desembarco de síndicos estatales en las empresas privadas, la reestatización de Aerolíneas Argentinas, el control de las exportaciones, etc, y en algunos empresarios existe el temor de que lo acaecido en Venezuela se reproduzca aquí.
Como conclusión, nos parece que esta ofensiva contra los sectores productivos –primero con las entidades que representan a los ruralistas y ahora con el sector industrial- lo único que logra es acrecentar el riesgo de que se agudice la fuga de capitales que ya está padeciendo nuestro país y alejar así a quienes estén pensando en colocar sus fondos en la Argentina para generar más riqueza.
En ese sentido, la Argentina debería aprender de lo que están haciendo otros países latinoamericanos como Chile, Uruguay y Brasil, que con capacidad para crear certidumbre y credibilidad en cuanto a reglas e instituciones, están experimentando una fuerte atracción de capitales privados, lo que se traduce en un mejor posicionamiento de esos países en la comunidad internacional.
Lic. Virgilio Jiménez Grotter
Miembro de la Cámara de Especialistas en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Centro Comercial de Rafaela y la Región.
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