Por Joaquín Morales Solá.- Sabe que le tocó conducir el gobierno de una coalición heterogénea. Están desde Cristina Kirchner hasta Sergio Massa. La lideresa de la izquierda y el referente de la derecha kirchnerista. Nunca todos estarán conformes. Se acostumbró a convivir con la impaciencia de los otros. La pandemia y la consiguiente profundización de la crisis económica lo sorprendieron cuando todavía no había aprendido a manejar la botonera del poder. Alberto Fernández cree, además, que la política es injusta cuando lo considera un simple títere de Cristina. ¿Cristina se queja, patalea y critica en público? «Es porque no controla el Gobierno», dicen al lado del Presidente. «¿Por qué se quejaría si el Gobierno se limitara a cumplir lo que ella quiere?», agregan. ¿Hay disidencias entre ellos? Las hay, aceptan todos. Fundamentalmente en cuestiones referidas a la Justicia y a la economía. Cristina sabe cómo jugar en el espacio mediático, esa esfera que ella dice despreciar. Solo hacen falta una carta o un discurso suyos para que la política se erice. El Presidente queda en un segundo plano. A ella le gusta ese protagonismo. «Alberto sigue su camino. A veces, la escucha. Otras veces, él reconoce que no hay modo de coincidir en una posición común», explican los amigos presidenciales.
La Justicia es el capricho de Cristina. Ya sea para que la salve o para que ejecute la venganza contra sus enemigos. El Presidente acaba de nombrar a dos jueces en una cámara clave (la Federal Penal): en ella se juzgan los delitos de corrupción de los funcionarios nacionales. Un juez, Eduardo Farah, volvió a esa Cámara. Farah se debió ir de la Justicia cuando dio un reportaje para desmentir que había cobrado un soborno a cambio de liberar a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esos empresarios fueron denunciados por la AFIP por quedarse con más 8000 millones de pesos que retuvieron cuando cobraban las naftas en su compañía Oil Combustibles. En lugar de renunciar, Farah pidió en su momento el traslado al tribunal oral de San Martín. Ahora, cuando los tiempos son más amables, la Corte Suprema lo respaldó indirectamente. En el fallo sobre los casos de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, la Corte ordenó que los trasladados se presenten a un concurso para retener el cargo que tienen o que vuelvan al lugar donde estaban. Ni lerdo ni perezoso, Farah pidió volver a donde estaba; es decir, a la mucho más influyente Cámara Federal Penal. Volvió. ¿Es culpa del Gobierno o de la Corte? El máximo tribunal no pensó en Farah cuando dictó aquella sentencia, pero benefició a Farah. Con él, vuelve a esa instancia decisiva de la Justicia el ascendiente de personajes de los servicios de inteligencia y de las operaciones peronistas. Nombres y apellidos: Jaime Stiuso y Javier Fernández.
El otro juez que irá a la decisiva Cámara Federal es Roberto Boico. Alberto Fernández respalda su decisión en un hecho cierto: Boico ganó el concurso para ser miembro de esa cámara. Su problema es otro. Fue abogado defensor de Cristina Kirchner y de Oscar Parrilli, el fiel lugarteniente de la expresidenta. Los concursos terminan siempre con una terna de candidatos. Boico era solo el primero (había dos más), pero existe un obstáculo ético que no debió soslayarse. El abogado defensor de la actual vicepresidenta y de su principal vocero (senador también) no debería ser el juez que podría juzgarlos. De todos modos, los cambios en la Cámara Federal no tienen tanto que ver con el proyecto de impunidad de Cristina, porque ella ya pasó por esa instancia judicial. Salió mal parada. Todas las causas por supuesta corrupción de Cristina Kirchner están ahora en la instancia del juicio oral o de la Cámara de Casación Penal o, en última instancia, de la Corte Suprema. Ella no volverá a la Cámara Federal. Por las causas ya abiertas, al menos. Su obstinación con la designación de esos jueces está más relacionada con la venganza contra sus opositores. Son los culpables de sus desventuras judiciales, asegura.
Versiones en círculos de Juntos por el Cambio aseguran que ella dio la orden de denunciar a todos los exfuncionarios de Macri. Hay semillas de verdad. Hasta Fernando Iglesias, que solo fue diputado, o Fernando de Andreis, que nunca fue sospechado de nada, son macristas acusados formalmente de enriquecimiento ilícito por el perpetuo denunciador kirchnerista Rodolfo Tailhade. La propia familia de Macri acaba de presentar un duro cuestionamiento a la fiscal Gabriela Boquín y al procurador del Tesoro, Carlos Zannini. A Boquín la acusa de haber tratado a Cristóbal López y a Fabián de Sousa de manera exactamente diferente que a los Macri en el caso del Correo. En detrimento de los Macri, desde ya. Amigos son los amigos.
El proyecto de impunidad va por otro camino. «No habrá ni indulto ni amnistía», dice el Presidente. La amnistía es un sueño imposible. Debe pasar por el Congreso, y no habrá ni diputados ni senadores dispuestos a sancionar una amnistía por causas de corrupción. El indulto es un perdón por los delitos cometidos. ¿Está dispuesta Cristina a ser perdonada? No. Ella quiere ser declarada inocente. Que la Justicia sea otra Justicia. Que los jueces se arrepientan de lo que hicieron. Ese objetivo es otro sueño imposible. Los papeles, los testimonios, las pruebas se amontonan en Comodoro Py. «Habrá condena, aunque sea en el año 2050», dice un juez federal. ¿Será así?
Cuando Alberto Fernández levanta la mirada de esos conflictos se encuentra con la economía. El problema es más complejo. O más imperativo. La inflación es el tema que lo absorbe. De ella, que está mal, depende su estabilidad política y las elecciones de la próxima primavera. Es una inflación importada, dicen sus colaboradores. Mala referencia. Brasil, Chile, Perú o Colombia son también exportadores de materias primas, cuyos precios aumentaron en los mercados internacionales, y la inflación anual que tienen esos países es la que la Argentina registra en un solo mes. El Presidente coincide con su funcionaria Cecilia Todesca. Esto es: el Gobierno tiene solo dos herramientas para impedir que los precios internacionales se trasladen a los precios internos de los alimentos. O fija cupos de exportación o sube las retenciones. ¿Está dispuesto a hacerlo, justo él que vivió la guerra con el campo de 2008? «Prefiero que los productores me acerquen un plan que solucione el problema. Se lo he pedido», asegura. No descarta las medidas extremas. Tal vez se trate solo de una estrategia de negociación. O no. Otra guerra con el campo podría suceder.
La economía se está reactivando, dice Alberto Fernández. Después de la profunda caída de 2020 (que él considera que será un poco menor que la prevista), la reactivación es predecible. Un poco menor significa que la caída del año pasado podría ser del 9 o del 10 por ciento en lugar del 11 o el 12. Si todo le saliera bien, y si la pandemia no provoca otra parálisis de la economía, terminará su actual mandato en 2023 con la economía previa a la devastación del virus Covid-19. No puede esperar mucho más después de la destrucción generalizada que provocó la peste.
De todos modos, la reactivación depende de la pandemia y de las vacunas. «No es cierto que me abracé a una sola vacuna. Me anoté en todas. Pero al mundo le faltan vacunas. Miren Europa», suele decir el Presidente. Solo espera que el 31 de marzo, cuando esté comenzando el otoño, se hayan vacunado los 13 millones de argentinos que son personas esenciales o en riesgo. Espera. Ya no promete. Los rusos tienen sus limitaciones. Los chinos cargan con una burocracia interminable. El presidente de Moderna le dijo que estará en condiciones de venderle vacunas, pero solo en el segundo semestre del año. Todo es lento.
El próximo desafío político de Alberto Fernández serán las elecciones legislativas de octubre. Si ganara, hasta podrá hablarle de igual a igual a Cristina. Si perdiera, hasta correría riesgo su proyecto de reelección en 2023. ¿Los candidatos a legisladores los elegirá Cristina, como en 2019? Gobernadores e intendentes no quieren repetir esa experiencia. Aquella presión de Cristina no puede volver, repiten. «Los candidatos serán elegidos por los gobernadores y los intendentes», zanja el Presidente. Pero ¿él dejará solos a los alcaldes y los gobernadores o se pondrá al frente de ellos? La respuesta se demora. Llega tarde, cansina. «La coalición es compleja», repite y vuelve al principio, justo antes del final.
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