Por Joaquín Morales Solá.- El campo se le sublevó. La mayoría de la clase media está impaciente y crispada. Sus viajes al interior debe hacerlos dentro de una burbuja de seguridad porque lo rodea la protesta. Sucedió hace unos días en Salta y, hace algún tiempo, en Córdoba. Volvió a ocurrir el viernes en Tucumán. “Es el peor momento del Presidente”, dice un funcionario cercano a Alberto Fernández. A la crisis de la pandemia, que puso en vilo a los gobiernos de todo el mundo, se le sumó la crisis económica propia de la Argentina. Y la incapacidad de la administración para resolver con sentido común, y sin gestos autoritarios, tales conflictos. Como un portero de la vieja escuela, al Gobierno solo se le ocurre cerrar las puertas. Cierra la exportación de carnes. Cierra el Aeropuerto de Ezeiza. Las sublevaciones de los productores rurales y de los sectores medios de la sociedad pueden explicarse en esas medidas. Son grupos sociales no solo afectados por decisiones económicas, sino también sensibles ante la mutilación de las libertades y la retórica vacía de sustancia.
El campo es el sector más emprendedor y eficiente de la economía. En los últimos treinta años quintuplicó su producción de granos y oleaginosas: pasó de 30 millones de toneladas a casi 150 millones. Es una actividad que descubrió la globalización antes de la globalización. También apostó a la modernización hasta convertir al campo argentino en el más moderno del mundo tecnológicamente. El propio Alberto Fernández pudo respirar con un mercado cambiario más o menos tranquilo durante varios meses gracias al aporte de dólares genuinos de los productores rurales. Es el único sector económico que no necesita la ayuda del Gobierno para salir a los mercados internacionales y vender sus productos.
Sin embargo, para el kirchnerismo es un enemigo. Para algunos, por razones ideológicas tan viejas como inservibles; para otros, porque es una buena cantera de recaudación de dinero para un Estado insaciable. El precio de la soja (que ya no está en los niveles extraordinarios de 600 dólares la tonelada) pierde valor para los productores por los altísimos niveles de los derechos de exportación. Las retenciones están en el 33 por ciento y amenazan con llevarlas al 35; pero las “retenciones cambiarias”, producto de la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, las llevan al 38 por ciento. Semejante exacción no estaba prevista ni en la resolución 125, que significó en 2008 una revuelta popular y la primera derrota política del kirchnerismo. Los industriales se pueden ir a Brasil o a Uruguay si aquí las cosas van mal; los productores rurales no pueden, en cambio, trasladar sus campos a otro país. Quedarse y protestar. No les dejan otro camino. El acto de San Nicolás del viernes fue expresivo de la magnitud del malestar campesino y de numerosos sectores sociales.
También la carne argentina es la que tiene más prestigio en Europa. Los restaurantes europeos suelen promocionar en sus menús que la carne que ofrecen es argentina. No obstante, son mercados difíciles de conquistar. No hay un monopolio argentino de la carne en el mercado internacional ni mucho menos. Debe competir con otros fuertes productores, como Estados Unidos y Brasil. Son los productores de carne argentinos los que pierden los mercados que habían conquistado. El Gobierno cerró parcialmente las exportaciones de carne cuando su precio local empezó a subir para una sociedad que perdió capacidad de consumo. Se agregó un hecho nuevo: la presencia de China entre los compradores de carne. Antes, la Argentina solo exportaba cortes de carne caros que no se consumían popularmente en el país. Pero China compra la vaca entera, y compra la vaca vieja o joven. Eso es lo que explica el aumento del precio de los cortes populares de la carne. ¿Es un problema nuevo? Lo es, sin duda. Pero ningún problema se resuelve clausurando la puerta y creando adentro otro problema (o un problema peor). Cerrar las exportaciones es un manotazo que ya lo dio en su hora Guillermo Moreno; el resultado fue el fracaso. Hay soluciones más inteligentes que imponer decisiones arbitrarias. Los productores rurales conservan, además, la tradición de resistir al método de ordeno y mando. No son dóciles ni disciplinados, como otros sectores de la economía.
El problema está directamente asociado a una crisis del consumo argentino. Para igualar el actual nivel del salario real debe retrocederse 17 años. En los últimos cuatro años la caída del consumo fue permanente; lo será también en este año. Se están firmando aumentos salariales del 45 por ciento. Al principio, parecían estrafalarios para un presupuesto que prevé una inflación anual del 29 por ciento. La Argentina se convertía, según la letra oficial, en el país que más promovía la distribución de la riqueza. La realidad es otra. La estimación de los economistas privados es que la inflación anual de 2021 será de entre el 50 y el 51 por ciento. Otra vez perderán los salarios frente a la inflación. El año electoral llevará al Gobierno a repartir mayores cantidades de dinero. La contracara de esa decisión será una inflación aún más alta. Para un gobierno que proyectó una inflación del 29 por ciento y tendrá una del 50, la economía es una derrota. Por eso, entre otras razones, los productores rurales no estuvieron solos en su protesta.
La clase media debe pagar impuestos como no se paga en ningún país del mundo con tan pocas contraprestaciones por parte del Estado. Los sectores medios son los que sufragan los gravámenes más altos porque tienen que enfrentar hasta un impuesto al salario, además del impuesto anual a las ganancias. Están también los impuestos indirectos, como el IVA y los que acompañan el precio de cada producto o servicio. Un argentino que trabaja en blanco con un sueldo relativamente bueno termina entregándole al Estado casi el 50 por ciento de sus ingresos. Sin duda, la pobreza es un lugar peor todavía. Casi la mitad de la sociedad argentina está sumida en la pobreza. El 70 por ciento de los niños de la provincia de Buenos Aires son pobres. La sociedad argentina está formada por una clase media cada vez más chica y más acorralada por la caída de su capacidad de consumo, y por una clase baja sumida en la pobreza y la dependencia. Si a esos problemas se les agrega la incompetencia oficial para manejar la pandemia, se explica el estado de ánimo de gran parte de la sociedad argentina.
Cinco de cada diez jóvenes argentinos quieren irse del país, y dos lo logran. Comienza a notarse que matrimonios de edad madura con buena situación económica piensan también en radicarse en otro país, no por ellos, sino por sus hijos. “No podemos dejar a nuestros hijos en este país”, es una frase que resulta ya dramáticamente frecuente. No solo influye el presente desolador, sino también el discurso de una clase gobernante aferrada al pasado. Nadie promete ni siquiera el esbozo de un futuro posible y mejor.
A todo esto, el Gobierno pierde el tiempo tratando de crear escándalos artificiales. El conflicto con Bolivia es increíble. La nota de agradecimiento de un jefe militar boliviano al gobierno de Mauricio Macri (falsificada, según el militar) por el supuesto envío de armas está fechada el 13 de noviembre de 2019. Evo Morales cayó el 11 de noviembre de ese año. El gobierno de Macri habría mandado armas y municiones para reprimir a los bolivianos partidarios de Evo Morales en menos de un día, porque al día siguiente ya recibió el agradecimiento. Otra historia habría sucedido si la administración macrista hubiera sido tan rápida y eficiente. El Presidente no evitó de nuevo la precipitación de pedirles disculpas a los bolivianos por lo que presuntamente hizo Macri. No averiguó ni chequeó ni confirmó. Solo necesitaba un urgente cambio en la agenda de la discusión pública. No logró ni siquiera eso.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/
