Por Joaquín Morales Solá.- “Nadie piensa la política. Cada uno hace su juego”. La frase fue dicha por un empinado funcionario del Gobierno, que prefiere no meterse en la dura refriega entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y agrega: “Lo que importa ahora es ser al menos mínimamente eficiente si queremos tener una esperanza para 2023. Las actitudes testimoniales y los errores políticos nos están condenando antes de tiempos”. La actitud testimonial es el berrinche de la vicepresidenta por el acuerdo con el Fondo Monetario, sea sincera o hipócrita. Los errores políticos son la sucesión de desatinos que tuvo la administración de Alberto Fernández justo en los días en que el Senado debe darle sanción definitiva al acuerdo con el Fondo. En el Senado no está Sergio Massa; está Cristina Kirchner, que no tiene voluntad ni vocación para ayudar a su presidente. La aprobación senatorial depende exclusivamente de los votos del bloque de Juntos por el Cambio. Los votos que aportará el peronismo no serán suficientes ni las abstenciones valen en la Cámara alta. Se computan como ausencias. La indiferencia de la vicepresidenta fue explicitada en sus dos videos sobre la violenta rotura de los vidrios de su despacho durante las protestas por la aprobación del pacto con el Fondo. No hizo ninguna referencia a la votación en la Cámara que preside ni pidió un solo voto; solo le importaba lo que a ella le había sucedido. Cuándo no. La violencia es execrable venga de donde venga y afecte a quien afecte, pero para el kirchnerismo es solo condenable (y responde a oscuros intereses) solo cuando tiene a sus líderes como víctimas. ¿Los intereses oscuros se esconden, acaso, en el Gobierno? No hay otra alternativa, por más disparatada que sea.
El Gobierno ha fracasado frente a la inflación. Que se compare si es igual o peor que la inflación de Nicolás Maduro es ya una afrenta intelectual y política. El Presidente anunció que el viernes comenzará su lucha contra la inflación y los especuladores. “¿A qué hora?”, le preguntó, socarrón, Ricardo López Murphy. Tiene razón. Si el mandatario podía elegir un día para empezar esa batalla contra los precios, ¿por qué esperó 2 años y tres meses para hacerlo? Si la inflación de febrero fue del escalofriante 4,7 por ciento, ¿por qué suponer que la de marzo será menor al 5,5 o al 6 por ciento con los importantes aumentos a los precios de las naftas que se implementaron? La emisión descontrolada y el aumento de los precios internacionales de los alimentos y la energía, como consecuencia del genocidio ruso en Ucrania, son una mezcla letal para los precios locales. Pero, cuidado, la inflación ya estaba entre nosotros antes de que al sátrapa de Moscú se le ocurriera poner sus botas en Ucrania. Putin tiene la conciencia cargada de culpas (si es que tiene conciencia), pero la inflación argentina no está entre ellas.
Veamos, en ese contexto de fracturas y adversidades, los errores políticos más recientes. Cualquier presidente, desde Raúl Alfonsín hasta Mauricio Macri, hubiera ordenado a su gobierno que no moviera un solo papel hasta no contar la aprobación definitiva del acuerdo con el Fondo por parte del Senado, sobre todo después de la fragilidad presidencial expuesta en la Cámara de Diputados. Hasta el más conservador de los pronosticadores, el propio Alberto Fernández, falló en sus cálculos sobre los votos del bloque peronista de diputados. “Hay 80 votos de este lado”, decía el Presidente cuando Sergio Massa aseguraba tener 140, aunque este bajó luego el pronóstico a 100 o 105. Ninguno acertó: hubo solo 77 votos entre varios peronistas y algunos, pocos, kirchneristas. La aprobación del Senado debe darse, además, en plazos muy escasos. Esa cámara debería aprobar mañana el acuerdo para que el directorio del Fondo, integrado por países importantes, lo autorice entre el viernes y el sábado. El Fondo debería liberar el lunes los dólares necesarios para que la Argentina pueda pagar el martes, en tiempo y forma, el vencimiento de más de 2800 millones de dólares. Sin embargo, el Gobierno dejó a sus funcionarios liberados a trabajar según su pobre y leal saber y entender. A uno de ellos se le ocurrió prohibir las exportaciones de harina y aceite de soja a la espera, trascendió, de un aumento en las retenciones. El campo se erizó. Con ese criterio, podrían aumentar también las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz, productos que comienzan a escasear en el mundo porque tanto Rusia como Ucrania son (o eran) grandes proveedores de esas materias primas esenciales para los alimentos. A pesar de que los aumentos o la creación de impuestos deben ser autorizadas por el Congreso, está vigente una ley que autoriza al Ejecutivo a levantar las retenciones sin recurrir al Parlamento. Es la facultad que la oposición quiere sacarle ahora.
Los aumentos a las retenciones de la harina y el aceite de soja no molestan tanto a los productores rurales. De hecho, estos venían protestando por el trato diferente que recibían los industriales en detrimento de los productores rurales. Las actuales retenciones al poroto de soja, la materia prima, es del 33 por ciento, mientras que la de los productos industriales, el aceite y la harina, es del 31 por ciento. Esa diferencia se estableció al principio de la industrialización de la soja para promover la agroindustria. Pero el tiempo pasó, y la Argentina es hoy el mayor exportador del mundo de aceite y harina de soja. Esos productos argentinos compiten incluso con China en los mercados internacionales. China solo compra la materia prima argentina y elabora sus propios aceites y harinas. El gobierno de Macri bajó e igualó las retenciones de los productos primarios y los manufacturados. La administración de Alberto Fernández subió después todas las retenciones, y regresó a la política de diferenciar entre la materia prima y los productos industriales. Ahora, anunció que equiparará las retenciones a las exportaciones de las materias primas y de las industrializadas. Las llevará a todas al 33 por ciento. En principio, subirá las retenciones de los productos industrializados, pero no las de la soja. De todos modos, saltando por encima de los intereses contrapuestos de productores e industriales, no se puede entender sensatamente que el Gobierno insista con aumentar retenciones a productos, ya sean materias primas o producidas por el complejo agroindustrial, que han triunfado en el mundo. Menos se entiende cuando el país necesita desesperadamente los dólares de las exportaciones. Una situación parecida sucede con las exportaciones de carne, que ayer provocaron también otra crisis entre los productores y el Gobierno.
El lunes circuló la versión de que el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado condicionaría su voto a favor del acuerdo con el Fondo al compromiso del Gobierno de enviar al Congreso cualquier aumento en las retenciones (o cualquier modificación del sistema tributario). Sin embargo, senadores de la oposición señalaron que, aunque no les gusta un método por el que el Gobierno puede aumentar impuestos por su cuenta, prefieren cumplir con la promesa de autorizar el acuerdo con el Fondo. Las modificaciones al proyecto original que se hicieron en Diputados, que fueron muchas y profundas, han sido autorizadas por la mesa de la conducción nacional de Juntos por el Cambio, que incluye a los líderes opositores del Senado. El presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, el exgobernador mendocino Alfredo Cornejo, convocó para el mediodía de hoy a una reunión plenaria para decidir definitivamente cómo votará la oposición en la sesión de mañana de ese cuerpo. De cualquier forma, los senadores opositores dijeron que no hay motivos de envergadura suficiente como para postergar un acuerdo clave. “A pesar de que nos comprometimos a no autorizar nuevos aumentos ni aumentos de impuestos, la decisión que afecta solo a la harina y el aceite de soja no debería condenarnos al default”, señaló uno de los líderes senatoriales de Juntos por el Cambio. Ninguno, con todo, pudo responder la pregunta de por qué el Gobierno decidió hacer acrobacia en la cornisa misma del abismo. Lo peor es que no fue una decisión racional ni estratégica; fue cantinflesca no más.
El lunes se anunciaron importantes aumentos para los precios de las naftas y la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, anticipó en el Senado que habrá un impuestazo en Bienes Personales en todo el país por el valor de los inmuebles, incluso en la Capital, donde ya se hicieron dos revaluaciones de las propiedades en años recientes. En algunos casos, ese impuesto será cuatro veces más caro que lo que se paga ahora. La decisión es injusta. Muchas familias compraron departamentos o casas por valor de 300.000 dólares, por ejemplo, cuando tenían un ingreso de 15.000 dólares mensuales; ahora ese ingreso se redujo a 1500 dólares. Es la necesaria conclusión de un Gobierno que decidió ajustar a la sociedad en lugar de ajustarse a sí mismo. Nadie dijo ni una palabra sobre los monumentales gastos de la política ni sobre el subsidio anual de 750 millones de dólares que recibe Aerolíneas Argentinas para ser una empresa monopólica y deficitaria. O sobre los subsidios que recibe AySA, la empresa proveedora de agua potable que comanda la esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini. Todavía faltan los indispensables aumentos de las tarifas de gas y electricidad, que amenazan con ser cada vez más insuficientes en la medida que se alarga la ocupación rusa del territorio ucraniano. Rusia es el mayor proveedor de gas a Europa, y el boicot internacional contra Putin cerró parcialmente los gasoductos.
Sucedió todo al revés. El Estado decidió agrandarse mientras vacía la billetera de los argentinos. Ese mismo día lunes, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, anunció la creación de una subsecretaria de Resiliencia para mejorar el humor de los argentinos luego de la pandemia. El organismo estaría a cargo de Fernando Melillo, un turista de varios espacios políticos. En la noche del mismo lunes, Manzur debió dar marcha atrás y dejar sin efecto su decisión, que se había publicado formalmente en el Boletín Oficial. La rectificación no se debió a las críticas, que hubo y muchas, sino a las burlas, la risa y el cachondeo en las redes sociales. “Es el Ministerio de la Felicidad de Nicolás Maduro”, aguijoneó Patricia Bullrich. Se supone que la creación de algo que se publica en el Boletín Oficial tiene antes una consistencia administrativa y de organización. No parece haber sido este caso porque duró menos de 24 horas.
Un gobierno sin reflejos políticos ni sensibilidad para percibir la opinión social. Un Presidente que es víctima de su vicepresidenta, pero también de sus propios y recurrentes errores. Una administración que festeja que el Fondo no les impuso un ajuste a sus gastos, pero se jacta se hacerle un ajuste a los ciudadanos de un país que viene de crisis en crisis desde hace dos décadas. Una dirigencia gobernante que mezcla en un mismo día los anuncios de tarifas y de impuestos con la creación de una costosa estructura con fines casi poéticos. El Macondo de García Márquez era más realista y menos mágico que el país del kirchnerismo.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/
