El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia remitió una nota a la ministra de Gobierno, Celia Arena, para solicitar que se otorgue “continuidad a los concursos en marcha tramitados a través del Consejo de la Magistratura” para la designación de las futuras autoridades del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa. Pero que se lo haga con la debida publicidad, para que se ejerza el “control ciudadano” y se despejen “todas las dudas y sospechas”.
Los concursos fueron convocados a partir del vencimiento de los mandatos de las actuales autoridades, encabezadas por Jorge Baclini y Jaquelina Balangione, así como también los fiscales y defensores regionales y el auditor del MPA. Las actuales autoridades deberán dejar sus cargos en abril de 2023, pero desde el gobierno provincial se justificó la decisión de convocar ahora en «el propósito de obtener una selección debidamente anticipada para que la transición en la asunción de quienes resulten designados, sea ordenada y con suficiente antelación, para garantizar la continuidad de la gestión en los respectivos órganos».
Pero no tardaron en llegar los golpes contra tal pretensión. A las impugnaciones de agrupaciones de fiscales, se sumó el apartamiento del funcionario encargado de los concursos, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, tras la difusión de un audio que sería parte de la evidencia de la causa en la que se lo investiga a Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal, y en la que se reconoce la voz del propio Somaglia. En sus fundamentos, no obstante, el texto plantea que la excusación del funcionario responde al pronunciamiento de legisladores de la oposición, que habían reclamado públicamente mayor transparencia en el proceso. Celia Arena es, precisamente, quien quedó a cargo del procedimiento a partir de entonces. Días después, renunciaron cuatro de los miembros de los jurados constituidos, y debieron ser reemplazados por los suplentes.
Frente al cúmulo de dudas desatado, los trabajadores judiciales, encabezados por el secretario General Jorge Perlo y el secretario Ejecutivo Juan Pablo Langella, reclamaron a la ministra, y por su intermedio al gobernador Perotti, que se garantice la continuidad de los concursos; preocupados “no sólo por el diseño de un plan de política criminal provincial en defensa de la libertad, la vida y los bienes de los santafesinos, sino también en el respeto de la dignidad del hombre en busca de su resocialización”. Y a partir de allí, “queremos expresarle que confiamos en el mejor criterio y en los mecanismos institucionales existentes para la realización de una elección que recaiga en hombres y mujeres honestos y comprometidos”.
Sin perjuicio de ello, y atentos a “la importancia de la actividad y marco normativo donde se desenvuelven los Ministerios Públicos Provinciales”, consideran necesario indagar al respecto, en l medida en que las futuras autoridades “deberán conducir tales instituciones dentro del Poder Judicial, donde esta entidad debe defender a los trabajadores y trabajadoras judiciales en cuanto al respeto de la carrera judicial, las condiciones de salud laboral, perspectiva de género, imparcialidad, independencia, honestidad e idoneidad en el marco de la Ley Orgánica de Tribunales y Acordadas de la Corte que ordenaron la armonización de los reglamentos”.
Por lo cual reclamaron la continuidad de los concursos y que, a la vez, “se haga público todo el proceso para el control ciudadano y de este modo se despejen todas las conjeturas y dudas” que lo acechan.
Fuente: https://www.ellitoral.com/
