Por Emilio Grande (h.).- No es un problema de ahora sino que lleva décadas sin resolverse en el que el sector pasivo fue ninguneado por los distintos gobiernos nacionales y al actual sigue en la misma línea de olvidarse de nuestros mayores que dieron lo mejor de sí por la Argentina.
Hace unos días, el Senado aprobó una ley que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por el Gobierno a través del DNU 274. Esta decisión generó una fuerte controversia, ya que la nueva normativa proponía un aumento de los haberes previsionales y una recomposición de los ingresos que, según el Ejecutivo, comprometería gravemente el equilibrio fiscal del país. El presidente Javier Milei advirtió el veto total de la ley, que se concretó anoche, pero se publicaría el lunes en el Boletín Oficial, alegando que su implementación implicaría un costo insostenible para el Tesoro.
La nueva ley disponía un aumento de 7,2% en los haberes previsionales del sistema general de la ANSES, con efecto retroactivo a abril de 2024. Este reajuste llevaría el haber mínimo, que se ubica en $234.540 para septiembre, a $251.427. Asimismo, se establecía una garantía por la cual el ingreso más bajo del sistema contributivo sería de $317.704.
La nueva fórmula incluía un pago adicional del 8,1% a todos los jubilados y pensionados de la ANSES. Este incremento tenía como objetivo recomponer los haberes tras la elevada inflación de enero, que alcanzó el 20,6%, mientras que el Gobierno solo reconoció un aumento del 12,5%. Con este ajuste, el haber mínimo ascendería a $285.000, un alivio importante frente al contexto inflacionario actual.
La ley establecía que las jubilaciones y pensiones se actualizarán mensualmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En una marcha en protesta por el veto de Milei al aumento de las jubilaciones, la Policía Federal tiró gas pimienta y se enfrentó con manifestantes, entre los que se encontraban jubilados y sectores de la izquierda. La marcha fue organizada por más de 35 organizaciones de jubilados y organizaciones sindicales y partidarias, que suelen manifestarse desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, entre las que se encontraba el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) y Unión por la Patria (UP). En las imágenes se observó cómo manifestantes se enfrentaron con una uniformada, que sostenía su escudo, y, luego, comenzó a pegarle a los protestantes con sus puños. Unos segundos después, los efectivos tiraron gas pimienta, que llegó a ensuciar las cámaras de los móviles de los medios presentes.
En este sentido, la fundadora de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, se expresó en contra de la situación: “Tirarle gases lacrimógenos a personas de 80 años es una actuación impúdica y obscena del aparato coactivo del estado nacional”, sostuvo. En una publicación que realizó a través de su cuenta de X, consideró que se trató de un accionar “inútil, innecesario y miserable”.
A decir verdad, los senadores no contemplaron cómo se iba a financiar el nuevo aumento a los jubilados para evitar un déficit fiscal. De todas maneras, se podría recortar fondos de las excesivas dietas de los legisladores nacionales y las jubilaciones de privilegio. Un senador cobra más de $ 7 millones en bruto más gastos de representación, desarraigo y vuelos aéreos, que si no usan los canjean (los 3 ítems también perciben los diputados). Hace unos días se habían aumento a casi 9 millones y luego de las críticas resolvieron dar marcha atrás.
También hay que tener en cuenta que la carga de recursos previsionales que necesita el Estado es una herencia que dejó Cristina Kirchner cuando agregó 3 millones de jubilados más a la ANSES, que no cumplían con los aportes estipulados por la ley, totalizando casi 8 millones de pasivos. El problema de fondo es que hay mucha informalidad laboral y el sistema no se puede autofinanciarse, siendo urgente una reforma del sistema previsional.
