Por Ricardo Miguel Fessia.- Estamos de estreno; año nuevo y gobierno nuevo. Lo formal está, ahora entramos al tiempo en que se deben llevar adelante las medidas y desandar el día a día.
Antes de cualquier pronóstico es necesario, al menos echar un párrafo referido al estado de situación, a cómo fue que llegamos a este extremo de tener que dar un verdadero salto al vacío. En verdad se había arribado a una situación en la que todos -literal- estábamos con el mayor grado de hastío.
Definitivamente no se daba para más; 180% de inflación, medio país pobre y 4,3 millones de personas en la indigencia. Se percibía que unos se sentían asfixiados y otros advertían los efectos de la consecuencia de la esquilma de un peronismo estropeado moralmente. Cuando no queda nada, cuando se ha perdido todo, el pueblo optó por tirar la última ficha apelando a cierta fuerza ancestral que otrora era motivo de orgullo y admiración.
Esa nueva versión del peronismo, en cabeza del Alberto y Cristina, que tiene la gran ventaja de no tener libreto al que sujetarse, es decir, lo que antes se llamaba plataforma electoral y menos código ético, aprovecharon la excelente oportunidad que le daba un pueblo empobrecido y ensayaron una maniobra de encantamiento, sin tener en cuenta que ello le quita la última dignidad que tiene un ciudadano: su voto. Pusieron un candidato, que muchos del entorno odian visceralmente, como Ministro de economía y se dilapidó 2 puntos del PBI con el plan “platita”, dando por descontado que todos, no sólo habíamos perdido la poca riqueza sino también nuestra dignidad. Pero, retomando a la fibra más íntima que supo de gloria, el pueblo argentino rechazó la oferta se hubiera significado vender su alma al diablo.
Como expresión de rebeldía y grito de libertad se rechazó la propuesta, algunos por aquel hastío y otros por la convicción de la forma en la que se tendría que pagar unas semanas más adelante con las recetas de siempre; inflación y emisión sin respaldo.
Así se puso al país al borde el precipicio, pero con las reglas de la democracia.
En apenas tres semanas, en nuevo Gobierno ha tenido que pasar varios desafíos; algunos anunciados o de fácil predicción y otros que responde a su propia factura.
En su prometida determinación de ir contra la casta, parece avanzar a pasos decididos para recuperar el control de la calle y para cambiar la matriz económica del país.
Tomo una forma de iniciar que es poco ortodoxa; un mega decreto que llamo de desregulación de la economía que levantó todo tipo de comentario y una gran movilización bastante breve atendiendo a que los convocantes tenían sus piernas entumecidas luego de cuatro años de gastar horas y semanas apoltronados en los cómodos sillones de sus oficinas ejecutivas del gremio respectivo. Varios bombos tenían el parche reseco y las banderas llenas de polvo.
Ese ancien régime que debe sortear tiende sus lazos y así unos pretenden incorporarlo para una pronta domesticación, otros lo desafían a descubrir alguna verdad entre tantas promesas engañosas, otros muestran su poder en las calles como absolutamente ajenos a la situación que provocaron y que denuncian ahora como una catástrofe cuyo responsable es el nuevo mandatario que hace horas asumió.
Ese DNU de 366 artículos, que busca cambiar el paradigma a través de la derogación y modificación de más de 300 normas. Todo un cimbronazo. Hoy la desregulación, así como la caída de privilegios sedimentados durante décadas, es tema de la calle. Algo inédito. Pareciera que para conservar el apoyo de la gente Milei procura, como condición necesaria, mantener su atención. En buena medida la necesita ya que fue la impronta de su campaña.
Las críticas al decreto en cuestión se centraron sobre todo en aspectos de forma: se trata de un DNU que cambia leyes que conforman el orden jurídico vigente, tarea que en nuestro sistema constitucional esta reservada al Congreso. El fondo del escrito cosechó una adhesión importante y un rechazo no menos significativo. De estos últimos hay de variada fuente; sectores de izquierda y de los llamados movimientos sociales que se mantienen con su prédica, pero también de un kirchnerismo que, con bastante cinismo, reclama por la república cuando en sus buenos tiempos usó el Estado como plataforma para acumular poder burlando las leyes y potenció al máximo las redes de corrupción. Desde el 2003 el gasto público creció en casi un 20% hasta llegar a superar el 40% del producto bruto. Precisamente esta es una de las cuestiones en donde se genera la pobreza. El último coletazo de esta expresión del gran movimiento nacional y popular es el que generó el surgimiento de los proclamados libertarios.
Es más, desde el kirchnerismo siempre se sostuvo que la república y las leyes tienen que estar de acuerdo con los intereses del pueblo y que ellos eran los más fidedignos intérpretes, de forma que si las instituciones y las leyes no respondían a esos intereses había que desconocerlas.
El reto lanzado por medio del mega-DNU que oportunamente fuera armando por Federico Sturzenegger para Patricia Bullrich cuando era la candidata puesta, no solo busca equilibrar las cuentas públicas, sino derogar una cantidad de normas -leyes o decretos reglamentarios- que por años fueron distorsionando las relaciones económicas, en tanto desde el poder se otorgaban privilegios a su antojo y de acuerdo a las adhesiones y simpatías políticas.
La determinación del decreto, que debe ser complementado, es sacar del ostracismo la capacidad productiva del país. Sin dudas algo hay que hacer, pero se deben respetar las vías institucionales, caso contrario caeremos en lo que criticamos: el atropello de la República.
La matriz económica del país es producto de una larga historia de presiones sectoriales regularmente de uno y otro lado que fueron aceptadas por un Estado acostumbrado a tener -de una u otra forma- siempre recursos para sostenerlos. Pero cuando se presenta la situación donde no hay medios económicos, se aplica la vieja receta de la suba de impuestos, el endeudamiento externo o la emisión sin respaldo. Bueno, ahora esas herramientas están agotadas, no queda sino afrontar la agónica realidad. Pero claro, desarmar esta estructura de años no es fácil.
Se ensayaron algunos intentos pero fracasaron todos. Cedieron ante la urdimbre de intereses creados, que siempre pudo más.
El panorama es harto complejo atendiendo a que la sociedad argentina se encuentra parcelada en sectores del privilegio que generan cierto statu quo y todas las actividades deberían modificarse en alguna medida para que el progreso sea posible. A guisa de ejemplo, los intermediarios -de lo que sea- no soltarán sus prebendas sin dar pelea. Es más, hasta de esos sectores se pueden escuchar voces que piden ese cambio, pero que no se altere en lo más mínimo sus ventajas, algunas de ellas vienen de tiempos inmemoriales.
Creemos que hay cierta conciencia de que estamos ante una de las últimas oportunidades. Caímos muy bajo y estamos muy castigados. Por ahí debe buscarse la respuesta de ese consenso popular inédito.
Lo ideal, qué duda cabe, es que estas reformas se tramiten por ley. Que haya debate. Que se subsanen errores y omisiones. Que la transición de este cambio de identidad sea más meditada. Por salud democrática, por seguridad jurídica, el Gobierno debería buscar consensos para que estas medidas salgan por ley. Sin embargo, la irrupción un poco bestial del decreto consiguió que la sociedad se sumara al ruido e hiciera de la desregulación del Estado un tema de discusión. Todos tomaron posición. Cuando el Congreso debata, lo hará con el ojo de la opinión pública encima. La conciencia social seguirá de cerca el debate para que los defensores del statu quo sean derrotados y evitar un nuevo fracaso a la hora de desmontar la cantidad de privilegios y prebendas en que se convirtió el Estado argentino concebido como botín a rapiñar. En tanto, urge atender las necesidades más urgentes de los que han caído en la pobre o indigencia y ello no admite dilaciones.
