Por María Herminia Grande.- “¡La bala que asesinó a Juan Pablo nos sigue matando todos los días!” (Graciela, tía de Juan Pablo Fadus, asesinado en 2012 en el barrio Bella Vista). Rosario, cara visible de una doblegada Santa Fe, día a día entierra hijos. Algunos son víctimas ocasionales de una ruleta rusa de la que no participan. Este juego no pregunta, ¡al que le toca, le toca! La voluntad de la víctima no cuenta. Otros son victimarios que caen enredados en su propio credo: “A todo o nada”. Nada dicen tener que perder quienes empuñan un arma, dado que la vida anticipadamente les pagó con nada. Otros son víctimas de la indefensión y de la estigmatización que, aunque silenciada, pisa fuerte en cierta geografía rosarina. La drogadicción es actora principal de esta realidad.
La droga y el negocio de lo ilícito son fenómenos que nacen de la sociedad. Y si nadie lo impide, llegan a la política. Para gozar de buena salud necesitan la complicidad o la vista gorda de la sociedad. Necesitan de la política, de la Justicia para “arreglar” situaciones para poder avanzar, y de una fuerza policial alineada al servicio de ese negocio.
Rosario, aquella capital de los cereales del siglo XIX, está situada estratégicamente en la geografía argentina. Alguna vez se escuchó decir a uno de sus gobernadores: “Allí está la mano de Dios”. De los 300 km a la redonda con eje en Rosario se obtiene el 40% de la producción agrícola-ganadera del país, por eso el Hinterland de Rosario tiene 29 puertos, de los cuales sale al mundo el 80% del total de las exportaciones. Luego de la crisis del 2001, con la recuperación de su puerto y el boom sojero, Rosario comenzó a vivir momentos impactantes de desarrollo comercial, industrial, inmobiliario. En paralelo y sutilmente, “el diablo metió la cola” y el narcotráfico se fue asentando, ganando espacio en la geografía ciudadana.
El socialismo que gobierna la provincia de Santa Fe desde el 2007 nunca mostró vocación de mando y conducción de su fuerza policial. Este primer gran error político fue el caldo de cultivo para que esta se controlase a sí misma. La complicidad con lo ilícito llegó hasta los más altos jefes de la fuerza. La transición política entre el Gobierno del Dr. Antonio Bonfatti y del electo Ing. Miguel Lifschitz ha paralizado la toma de decisiones y la aplicación de políticas que deberían revestir el carácter de urgente. El 10 de diciembre queda lejos para una sociedad rosarina asustada. Se trata de una decisión política, ojalá Lifschitz la haga ostensible.
Esta semana se produjo un hecho trascendente que ha sido la convocatoria y la reunión de un plenario del movimiento obrero rosarino en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde 55 organizaciones gremiales marcaron un plan de acción sobre el tema inseguridad. Lo notorio fue que organizaciones provenientes de diferentes espacios convergieron por la misma preocupación. El plenario recibió la presencia y la adhesión de los familiares de víctimas de la inseguridad de Rosario y la región. Se acordó solicitarle al gobernador electo una reunión para conocer qué políticas aplicará al respecto. No se descartó que pasadas las elecciones, de no tener respuestas satisfactorias, se replantease convocar a movilizaciones o un paro. Los testimonios expresados por las víctimas quiebran el alma. Los primeros miércoles de cada mes giran alrededor de tribunales donde duermen los expedientes, a veces por su cantidad, otras por intencionalidad de algún actor. Giran grandes y chicos con pancartas bien estructuradas o con un cartón mal pegado, a veces sin una foto, sólo con el nombre de quien ya no está. Las estrofas del Himno Nacional aúnan, el abrazo entre las victimas contiene, el bocinazo de algún colectivo, taxi o auto estimula. La ausencia masiva de la sociedad preocupa, dado que si esta no se compromete, la ronda de los miércoles será cada vez más grande, porque aumentarán las víctimas.
Rosario no es la excepción, es la cara visible de un país que si bien invierte el 1,4% de su PBI en políticas relacionadas al narcotráfico, destina el 95% a la lucha contra la oferta y sólo un 5% a la reducción de la demanda con educación, prevención y salud, tal como lo señala el Dr. Juan Gabriel Tokatlian. El experto también dice que en este tema hay un problema de diagnóstico y que en los países donde los resultados son otros se destina el 60% a combatir la oferta y el 40% a reducir la demanda. En 1991 Medellín —subraya Tokatlian— medía 266 asesinatos por cada cien mil habitantes. En el 2014, se redujo a 14 por cada cien mil habitantes. El milagro fue que los Gobiernos nacional y departamentales actuaron coordinadamente.
Sucede que en Rosario los índices de violencia duplican, por ejemplo, los de Córdoba. El periodista Germán de los Santos el sábado 3 de octubre dijo: “En lo que va del año, Rosario tiene 161 asesinatos, Córdoba capital contabiliza 92 asesinatos”. El defensor general de Santa Fe, Dr. Gabriel Ganón, ratifica que todas las provincias tienen medición de índices de asesinatos violentos en sus páginas oficiales.
A pocos días de las elecciones nacionales, los posibles presidentes no evidencian una buena comprensión sobre este tema. Abundan eslóganes, pronunciamientos impactantes o ambigüedades. Lo cierto es que aún sobre este tema nada indica que Argentina pueda revertir la situación y dejar de ser un país con penetración del negocio de lo ilícito y presencia de conglomerados mafiosos.
Para dimensionar la gravedad de la situación el padre Fabian Belay, de la Pastoral de Drogodependencia de la Arquidiócesis de Rosario, nos deja alelados cuando dice, como al pasar: “En muchas familias rosarinas en geografías vulnerables de la ciudad, hay tres generaciones víctimas de la droga: ¡son adictos de abuelos a nietos!”.
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Fuente: martes 13 de octubre de 2015, Infobae.
