Por Emilio Grande (h.). – En distintos ámbitos sociales se está buscando instalar directa o subrepticiamente el tema del aborto. Primero fue la polémica suscitada con la guía oficial de procedimientos del Ministerio de Salud de la Nación para la atención de los abortos no punibles en hospitales, pero luego el ministro Juan Manzur no se hizo responsable de la misma.
Después se difundió la resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires que promueve la legalización del aborto, pero fue rechazada de inmediato por decenas de académicos de esa alta casa de estudios. Destacan los profesores de la UBA en su pronunciamiento que el «supuesto derecho» al aborto invocado es «manifiestamente criminal», inconstitucional y contrario al Estatuto Universitario.
Al respecto, en la reforma constitucional de 1994 en Santa Fe se incorporaron los tratados internacionales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos llamada Pacto de San José de Costa Rica (22/11/1969) es clara en el artículo 4.1: «Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente».
Ahora el conocido periodista Víctor Hugo Morales mencionó este drama en su programa televisivo del domingo 29 de agosto último a la noche por Canal 9, afirmando que se practican unos 522.000 abortos anuales en nuestro país frente a un Estado ausente. Se declaró católico – seguramente no es practicante- pero aclaró que está en desacuerdo con la Iglesia «porque retrasa sus derrotas frente a batallas perdidas», citando el divorcio (1987) y el matrimonio gay (2010).
A decir verdad, uno le tenía respeto profesional a este uruguayo por sus transmisiones deportivas. Parece que se subió al carro del Gobierno nacional no solamente con este tema del aborto sino que también fue un defensor de la ley de medios y justificó el ataque a Papel Prensa. Cada uno tiene derecho a expresarse y opinar libremente, pero es una lástima que Morales se haya pervertido de esta manera.
En este contexto, ante las declaraciones públicas de la ministra de la Corte Suprema de Justicia, la jueza Carmen Argibay, el Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires consideró que si en algún momento llega a decisión deese máximo tribunal un caso sobre aborto de una mujer embarazada, la magistrada «deberá abstenerse, por haber ya expresado públicamente su opinión favorable al homicidio de los niños por nacer. Si así no lo hiciese, deberá ser recusada con causa concreta por inhabilitación jurídica y moral para fallar en el caso concreto que haya llegado al Tribunal Superior», advirtió ese nucleamiento en una declaración firmada por su presidente Alejandro Nolazco y su secretario Antonio Catalán Pellet.
Uruguay es un caso emblemático porque en 2008 fue aprobada la ley del aborto, pero apareció la razonabilidad y la hombría de bien del entonces presidente Tabaré Vázquez quien tomó la decisión política de vetarla. Entre sus fundamentos dijo que «de acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y salvar a los dos. Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socio-económica».
Mientras el aborto ya se legalizó en la provincia de Chubut gobernada por Das Neves y hay 4 proyectos en el Senado de la Nación, el secreto de la defensa de la vida se basa en el testimonio sencillo y coherente, escuchando la voz de los más indefensos. La madre Teresa de Calcuta señaló el 18 de setiembre de 1982 en Rafaela: «El aborto es la mayor destrucción de la paz, porque la madre mata a su niño que es la imagen de Dios, a su niño que nace para amar y ser amado».
El aborto se cuela ante la aparente pasividad
Aparecieron la guía oficial del Ministerio de Salud, la resolución del Consejo Superior de la UBA y los dichos del periodista Víctor Hugo Morales. Pero la Constitución Nacional incorporó los tratados internacionales en la reforma de 1994, defendiendo la vida desde el momento de la concepción.Por Emilio Grande (h.)