Democracia infantil y los jueces

Por Enrique Marchiaro.- En ningún lugar del mundo existe una “democracia a secas”: en el pasado y en el presente las sociedades fueron optando por uno u otro tipo de democracia, las que van de un extremo al otro del arco ideológico. Si bien el modelo más aceptado es el de las democracias republicanas, hay excepciones como las democracias teocráticas (la islámica del Irán) o las democracias comunistas (la de China).
Estos modelos no deben confundirse con los giros políticos circunstanciales que cada pueblo se da en una elección, pues la democracia constitucional permite programas económicos y políticos diversos que van de la izquierda a la derecha, siempre que los mismos acepten los grandes lineamientos constitucionales con los que dichas autoridades han jurado al asumir.
Estos giros políticos de la derecha hacia la izquierda no pueden ir más allá de lo que cada constitución establece en relación a grandes temas. Si desean hacerlo deben modificar la constitución y si no lo logran deberán aceptar límites previos. El problema se da cuando se dice una cosa pero se hace otra.
En el caso argentino ningún político dirá que no cumple con la carta magna, cuanto mucho algunos se han animado a decir que la quieren cambiar, sea por razones de poder (reelección indefinida) o ideológicas (profundizar el modelo social).
Si bien esta aspiración es legal -en la medida que tengan la mayoría parlamentaria que la actual constitución establece para su modificación- no lo es en cambio decir que se cumple con la actual constitución, mientras en los hechos se la viola en no pocas ocasiones.
Y este es el problema o la tensión que provocan los populismos en el mundo actual, pues no es un problema argentino. El modelo K es populista tanto como el de Menem o bien Berlusconi, para no decir Chávez o Correa. Como se ve, el populismo puede ser de derecha o de izquierda y siempre reniega de los controles.
En todos estos casos el populismo sólo tiene en cuenta un aspecto de la democracia constitucional e ignora otros dos. Guillermo O´Donell –el gran teórico de la democracia argentina contemporánea- sintetizó claramente estos tres aspectos: no existe democracia constitucional sin una pata democrática, una republicana y otra liberal. La convivencia entre las tres es difícil pero insuperable todavía, pues es la que históricamente mejor resultado ha dado.
Aclaro que la cuestión social, tan importante en América Latina y en el ideario argentino, no se ve limitada por estos tres componentes, pues el citado autor nos recuerda que el componente democrático no se refiere sólo a la cuestión electoral y la toma de decisiones públicas, sino a un piso de igualdad económica-social que todo régimen debe asegurar, sea cual fuere.
El populismo argentino actual (dado en un ejecutivo fuerte y un parlamento debilitado pero también en una porción importante de la sociedad que adhiere y culturalmente cree que esto está muy bien) como todo populismo sólo desarrolla el aspecto democrático (desde ya en su versión, que es legítima pero que puede compartirse ) dejando en un rincón los aspectos liberales y el republicano.
Estos dos últimos, sobre todo el republicano (que implica controles cruzados de los otros poderes y de la sociedad) entran en una fuerte tensión cuando interfieren en lo que dicen es la “voluntad popular”, expresada con el 54 % de los votos. Hay un error grosero en este punto porque la voluntad del pueblo argentino se da de dos modos: de modo circunstancial en cada elección y de modo estructural cuando sanciona una constitución o su reforma.
Como pueblo optamos en la reforma constitucional de 1994 en profundizar no sólo lo social y el paradigma de los derechos humanos, sino también el federalismo y el republicanismo. En consecuencia esta voluntad popular estructural limita la voluntad popular circunstancial: y esto no es un problema sino una virtud de los sistemas constitucionales, que evitan que mayorías circunstanciales (la mitad más uno) avancen en temas fundamentales para un país a menos que se cuente con una súper mayoría (los dos tercios que exige el artículo 30 de la CN).
La Constitución tiene en el Poder Judicial su último intérprete y es el único poder del Estado que puede declarar una inconstitucionalidad, es decir, que una norma aún votada por el 100% del parlamento puede ser inválida porque contradice un aspecto de la carta magna.
Un ejemplo: la constitución y el bloque de derechos humanos establecen una “jubilación integral” que desde ya tiene que ver con la economía general del país, pues ni los derechos ni las sentencias se sostienen sólo con palabras. Por ello cuando no se asegura un mínimo nivel digno de ingresos a los jubilados –máxime si las cajas jubilatorias están equilibradas- el Poder Judicial declara la inconstitucionalidad de la ley que no permite esto.
Ningún juez legisla con sus sentencias ni muchos gobiernan, sólo resuelven un conflicto donde dos o más partes tienen un criterio diferente sobre si se violó o no un derecho.
Si no fuese por los jueces argentinos no se hubiese resuelto el tema del Terrorismo de Estado, que sólo se destrabó cuando la Corte Argentina en la causa “Simón” declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón. Leyes que fueron votadas por una mayoría, refrendadas por el ejecutivo y acompañadas por una parte de la sociedad argentina.
Nadie dijo en aquel momento que los jueces atentaron contra la voluntad popular…¿Por qué ahora, cuando se pone un límite puntual respecto de la causa Clarín?
¿Tenemos una dirigencia tan infantil o tan hipócrita que cuando le fallan a favor aplauden y cuando le fallan en contra acusan de desestabilización? Que casualidad que Berlusconi hacia lo mismo. Claro que este impresentable populista tuvo un gran apoyo, del mismo modo que nuestra infantil dirigencia populista, porque como sociedad no nos gustan los límites.
A pesar de 29 años de vida democrática que nos llenan de orgullo y donde no todo está mal ni debe ser un drama cada cuestión, estos hechos recientes deben ayudarnos para pasar de la etapa infantil de la democracia a una de madurez.