Por Joaquín Morales Solá.- Una derrota notable. Una victoria enorme. Las dos cosas sucedieron en el breve plazo de 48 horas. Una estrecha mayoría en la Corte Suprema de Justicia rescató a Cristina Kirchner del peor descalabro electoral que sufrió el oficialismo en diez años de poder. Nadie ha explicado por qué esos jueces corrieron en auxilio de la Presidenta. Es la misma Corte que dijo muchas veces que sus decisiones no debían mezclarse con los pasajeros intereses de la política circunstancial. No sólo le ha hecho ahora un favor a la Presidenta; también sacó a los triunfantes líderes opositores, con un golpe preciso, del centro del escenario político.
La discusión política pasó, en efecto, a un segundo plano. ¿Esa abrupta mutación de la agenda pública fue una sorpresa para los jueces? Los propios magistrados de la Corte aceptaban informalmente, antes de firmar la sentencia sobre la ley de medios , que ésta era la cuestión política más polémica y difícil que les tocó en su carrera en la cima de la Justicia. No fue, entonces, una sorpresa para ellos.
¿Por qué no esperaron diez o quince días para formalizar la decisión que estaba tomada desde principios de octubre? ¿No era ese plazo necesario para que la política se reacomodara a los resultados electorales, que crearon nuevos liderazgos políticos en el país? ¿Qué cosas hubieran cambiado si postergaban brevemente la alegría presidencial y el eclipse opositor? Esas preguntas no han sido contestadas, creíblemente, por ningún miembro de la Corte. El tribunal está integrado por varias personas políticas (Carmen Argibay es, tal vez, la única excepción), que nunca desconocieron el enorme favor que le estaban haciendo, con la elección del momento justo, a una presidenta derrotada.
Para hacer lo que hicieron, lo hubieran hecho antes del 27 de octubre, dijo uno de los políticos victoriosos en elecciones que ya parecen viejas, aunque sucedieron hace sólo una semana. La oportunidad política y el propio contenido de la sentencia obligaron al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a una inédita recorrida por los medios para explicar verbalmente lo que no estaba claro en lo que escribieron. La Corte es la instancia política de la Justicia y debe, por lo tanto, tener en cuenta el contexto político de sus decisiones. El inexplicable momento de la sentencia abrió las compuertas a un torrente de rumores sobre presiones y acuerdos. Algunas versiones, como las que daban cuenta de intensas conversaciones previas de algunos jueces con Carlos Zannini, el fiel mensajero de la Presidenta, fueron eludidas y nunca contestadas por ningún magistrado.
La Corte espoleó una fuerte regresión en la jurisprudencia de ese mismo tribunal. La cuestión consiste en si el máximo tribunal de Justicia del país puede abordar, y anular en algunos casos, decisiones puramente políticas del Poder Ejecutivo. En resumen, ¿las decisiones políticas del Estado son -o no- judiciables?
Tanto la Corte de Raúl Alfonsín como la actual habían sentado precedentes de que los actos del Estado deben ser razonables para ser constitucionales. Es decir, los jueces supremos del país podían judicializar las decisiones políticas. Esa posición se contraponía con la Corte que administró justicia durante la dictadura militar, que proclamó que las decisiones políticas no son judiciables. Esta doctrina la volvió a adoptar la Corte de Menem, aunque para asuntos menos dramáticos que la vida de las personas. El tribunal de Menem echaba mano de esa doctrina para resolver, sobre todo, asuntos económicos. La actual Corte volvió ahora a la doctrina del tribunal de Menem. La Justicia sólo puede actuar, dijo, sobre las consecuencias futuras de los actos políticos del Poder Ejecutivo, pero no para interferir en su aplicación.
Una mayoría estrecha, de cuatro votos a tres, decidió que en este caso se podían desconocer los derechos adquiridos. El demandante, el Grupo Clarín, había expuesto que las licencias otorgadas por el gobierno nacional para el uso de radio y televisión son parte de su propiedad. Esas licencias fueron ampliadas, además, durante el último tramo de la gestión del ex presidente Néstor Kirchner. La Corte resolvió, en cambio, que las concesiones del Estado pueden ser revocadas cuando lo considere conveniente. Puede, en síntesis, dar y quitar.
Esa doctrina tendrá dos consecuencias, además de la más obvia. Es una jurisprudencia que choca de frente con la Constitución nacional, que dice que «la propiedad privada es inviolable». Una de las consecuencias se refiere a la libertad de expresión. Es probable que una Justicia posterior le ordene al Ejecutivo un fuerte resarcimiento económico a Clarín por las pérdidas de ahora. La propia Corte lo prevé en su reciente sentencia.
Sin embargo, ¿cómo se resarcirá la libertad de expresión si ésta se viera seriamente afectada? Para poner un ejemplo simple: es posible para cualquier periodista de un medio oficialista conseguir en el acto otro trabajo en los muchos medios kirchneristas que hay, pero no sucedería lo mismo con los periodistas de El Trece o de Radio Mitre si se quedaran sin su actual fuente de trabajo.
La pregunta puede hacerse de otro modo: ¿cómo y quién resarcirá por la libertad restringida durante mucho tiempo si la Justicia llegara posteriormente a la conclusión de que la ley de medios sólo creó una cacofonía de voces kirchneristas? Éstos son los valores, inherentes a una democracia plena, que no se pueden evaluar nada más que con promesas de eventuales compensaciones económicas.
Puede concluirse, por otro lado, que los votos de dos jueces, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda, que reconocieron los derechos adquiridos de Clarín, proponían indirectamente devolverle el conflicto a la política. Muchas licencias de Clarín se vencerán después de 2015. Debería ser el próximo gobierno el que determinara si esta ley debería seguir vigente, debería ser cambiada o directamente debería ser reemplazada por otra. Carlos Fayt fue el único que votó por la inconstitucionalidad de todos los artículos en cuestión. Lorenzetti, Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco y Eugenio Zaffaroni le dieron la razón al Gobierno en toda la regla.
La segunda consecuencia tiene repercusiones más amplias para el progreso económico del país. El Estado no sólo concede licencias de radio y televisión. También son concesionarias, por ejemplo, las empresas petroleras que exploran y explotan los yacimientos del país. ¿Qué seguridad jurídica les acaba de dar una Corte que asegura que esas licencias se pueden cancelar en cualquier momento? ¿Qué enorme herramienta de poder le dio a Guillermo Moreno para que éste continúe con su práctica habitual de aprietes y presiones sobre los empresarios? La explotación de Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de gas y petróleo del mundo, que necesita de enormes inversiones, fue condenada a la inmovilidad o a la insignificancia por la mayoría de jueces de la Corte.
Un problema sustancial de la sentencia de la Corte es que subraya claramente que no están dadas las condiciones de ecuanimidad, de independencia y de equilibrio por parte de un gobierno que debe aplicar la ley. Por eso, Lorenzetti aclaró que «esto no termina acá». El interrogante se torna más imperioso todavía: ¿por qué le dieron al Gobierno semejantes pertrechos de poder sobre la libertad de expresión si el propio tribunal sostiene que no actúa con equilibrio ni independencia? Como si sintiera alguna culpa por lo que estaba haciendo, la Corte repitió, incluso, conceptos sobre la libertad de expresión que no tenían nada que ver con el expediente. Ratificó, por ejemplo, su doctrina sobre el manejo arbitrario de la publicidad oficial o sobre el derecho de los periodistas de acceder a la información pública. ¿Para qué pedirles pruebas de ecuanimidad a los que fueron y son arbitrarios?
Seis votos en un caso, y sólo cuatro en otro, pudieron más que los votos de millones de argentinos, que pidieron, precisamente, un cambio en el estilo gobernante. A la Presidenta le importa más aquel puñado de votos, que se dirimen en las herméticas covachas del poder, que el rechazo electoral de una clara mayoría social. Tal vez cree que el desguace de Clarín modificará su situación política y electoral, o quizá sólo quiere sepultar con la victoria que le dieron unos pocos la monumental derrota del último domingo. Es una ilusión o un error. La sociedad es independiente hasta de los medios cuando está sola en el cuarto oscuro.
Esta sentencia comenzó a cumplirse, de mal modo, en el acto. Otras decisiones de la Corte, como las de la publicidad oficial, no se cumplieron nunca. El kirchnerismo es así. Hasta acaba de desconocerle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la facultad de averiguar si son ciertos todos los atropellos que el kirchnerismo cometió, y comete, contra la menguante libertad de los periodistas.
Otro despropósito de esa reunión en la sede de la OEA fueron los mensajes de la embajadora argentina ante el organismo, Nilda Garré. Mensajes agresivos que transmitió por las redes sociales, aunque calló durante la audiencia pública de la Comisión Interamericana. Dijo que los periodistas íbamos ahí a protestar por la ley de medios, que la Corte acababa de resolver. Esa audiencia fue pedida hace dos años y la Comisión fijó la fecha de su realización hace un mes y medio. Kirchnerismo en estado puro: la verdad no importa.
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 3 de noviembre de 2013.
