Por Ariel Trinadori.- Argentina cuenta con un vasto sistema de protección legal para los niños, niñas y adolescentes (NNyA) con discapacidad que transitan el sistema educativo. Leyes, tratados internacionales y políticas públicas buscan garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos.
La educación especial está orientada por el principio de inclusión educativa. En ese sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) lo plantean en el objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
Siguiendo esta orientación el Consejo Federal de Educación buscó en 2016 propiciar condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo argentino para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad.
En la resolución se establecieron, entre otros, los siguientes puntos: la matriculación como derecho, escuchar la voz del estudiante con discapacidad y dar participación a su familia como obligación, el derecho de las familias a elegir la institución educativa de su preferencia, el rol de la modalidad especial para la inclusión en escuelas comunes y los proyectos pedagógicos individuales.
Pero, a pesar de estas directrices, Unicef señala que hay una deuda pendiente en lo que respecta a la escolarización de NNyA con discapacidad en escuelas comunes. Según el Ministerio de Educación de la Nación hay 209.553 estudiantes con discapacidad en los tres niveles educativos, de los cuales 101.107 concurren a escuelas especiales y 108.446 a escuelas comunes. Si bien esto es un dato positivo, no lo es en cuanto al sacrificio que supone. Esfuerzo que recae en gran medida en las familias y también en los docentes que están frente al aula.
Los proyectos pedagógicos individuales, en la mayoría de los casos, quedan supeditados, en establecimientos públicos como de gestión privada, a la buena voluntad del docente y del integrador. Adicionalmente en los privados también depende de los recursos económicos de las familias, sus sistemas de salud, etcétera.
El año pasado el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas destacó la experiencia de educación inclusiva en la provincia de La Pampa, en la que el 98,5% de estudiantes con discapacidad asiste a la escuela común.
Esta iniciativa marca el rumbo hacia donde debe virar la educación especial, la cual tendría que transformarse en apoyo y asistencia de la educación común. Aportando su especialidad para mejorar las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad. Elaborando las adaptaciones de manera conjunta y colaborativa con las familias, escuchándolas y haciéndolas participes de los ajustes que sus hijos necesiten.
Junto a esto es conveniente considerar el “diseño universal” que se desprende de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que implica diseñar bienes o servicios desde su origen para que sean accesibles y utilizables por todas las personas, no solo por aquellas con discapacidad.
Esta mirada, aplicada a la educación, posibilitará que el sistema mude de la inclusión a la convivencia dentro del aula, evitando segregar, incluyendo en lugar de discriminar. De esta manera, todos los estudiantes serán considerados y respetados en su individualidad y dignidad, pudiendo desplegar todas las potencialidades y talentos, para ser la mejor versión de ellos mismos.
El autor es profesor del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, miembro del Comité Organizador del IX Congreso Internacional “Dis-capacidad: de la inclusión a la convivencia” que se realizará el 18 de septiembre en la Legislatura porteña. Fuente: https://www.lanacion.com.ar/
