Por Joaquín Morales Solá.- Una incesante sucesión de escándalos. Todos artificiales. Es el modo de vivir de Cristina Kirchner, que lo traslada al país cuando ella está en el poder. Serán estrépitos falsos –y lo son–, pero la vicepresidenta acaba de romper un estatuto implícito de la política desde 1983: los dirigentes podían disentir sobre las ideas y hasta sobre la ideología, pero nunca se acusaron de intentar asesinar al adversario. Cristina Kirchner acaba de acusar formalmente a dirigentes de Juntos por el Cambio (más precisamente a Patricia Bullrich, a través de la denuncia contra Gerardo Milman) de haber planificado el atentado contra ella que no sucedió. Esto es: acusó a la oposición de querer matarla. Más allá del despropósito, la exuberancia y la superchería que se esconden detrás de semejante acusación, lo cierto es que nada parecido había ocurrido en casi 40 años de democracia. Felipe González podrá seguir gastando tiempo y energías en hablarles a los argentinos de pactos y acuerdos, pero siempre serán solo ilusiones si se analiza bien el comportamiento de algunos dirigentes políticos argentinos. ¿Puede haber una mera conversación política en un país donde su vicepresidenta, y jefa política de la coalición peronista gobernante, está convencida (o parece) de que sus opositores planificaron su asesinato?
Al mismo tiempo, Cristina Kirchner se alzó contra la Corte Suprema de Justicia y desconoció en los hechos los resultados electorales del año pasado, cuando su coalición perdió por casi nueve puntos las elecciones de mitad de mandato. Han pasado tres días hábiles, desde el martes hasta el viernes últimos, y la vicepresidenta no acató la decisión de la Corte Suprema de Justicia, según la cual el representante de la segunda minoría del Senado ante el Consejo de la Magistratura debe ser el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez y no el senador kirchnerista Claudio Doñate. La designación de Doñate surgió de una maniobra típicamente cristinista: dividió artificialmente su bloque (que le responde con disciplina militar) para que sean tres los representantes de su facción en lugar de dos. El supuesto interbloque del oficialismo se quedaba así con tres de los cuatro representantes del Senado, y le dejaba solo uno a la oposición. El interbloque oficialista tiene 35 senadores; el interbloque de Juntos por el Cambio tiene 33. Correspondía que cada bloque tuviera dos representantes, pero la maniobra de Cristina (el “ardid” o el “hecho falso”, como la calificó la Corte) le manoteó un representante a la oposición. El máximo tribunal tuvo en cuenta la conformación de los bloques el 1º de diciembre de 2021, después de la derrota electoral del kirchnerismo. El desdoblamiento de la bancada oficialista ocurrió mucho después, cuando Cristina advirtió que le podía hurtar un representante a la oposición. La Corte decidió poner las cosas en su lugar, aun cuando sabía de antemano que las consecuencias serían la difamación, la descalificación y el insulto. El cristinismo no se priva de nada. “Estaríamos ante peores consecuencias si la Corte no decía nada y dejaba pasar semejante atropello a las instituciones”, dijeron cerca de los jueces supremos.
Es probable que Cristina Kirchner no conteste formalmente nunca la sentencia de la Corte o que insista en la designación de Doñate. Se abrirá entonces un período incierto, lleno de laberintos judiciales, porque ni la Constitución ni la ley ni los fallos de la propia Corte pueden prever los niveles tan altos de desquicio y aberración a los que llegan las políticas del kirchnerismo. Solo cabe consignar que una clase gobernante que no acata a la Corte Suprema convierte a esta en un grupo de juristas que escriben documentos testimoniales. Estaríamos también ante un hecho inédito en las casi cuatro décadas de democracia argentina. La propia Cristina Kirchner acató pataleando el fallo de la Corte cuando declaró inconstitucional el proyecto de supuesta “democratización de la Justicia” en tiempos de su presidencia. Pero aquella presidenta no es la vicepresidenta actual: acorralada por la Justicia, con una probable y cercana condena a prisión por el caso Vialidad y con la también probable reapertura de la causa de Hotesur y Los Sauces, que investiga el lavado de dinero negro en los hoteles y edificios de la familia Kirchner. La vicepresidenta debería calmarse: la Corte se propone resolver hasta el 31 de diciembre los casos de Milagro Sala y de la coparticipación incautada al gobierno de la ciudad. Es verosímil suponer que ninguna de esas sentencias le gustará.
Luis Juez cometió un error cuando se dirigió al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, para pedirle que le tome urgente juramento en cumplimiento de la decisión de la Corte. Es la Corte Suprema la que les toma juramento a los consejeros de la Magistratura, no el Consejo. El presidente de ambos cuerpos es el mismo, Rosatti, pero la corrección en las formalidades es indispensable para el proceso judicial que seguramente se volverá a abrir después de la rebeldía de la vicepresidente ante la Justicia. El senador cordobés está en condiciones, en cambio, de iniciarle ya a Cristina Kirchner un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La vicepresidenta no cumplió con una sentencia de la Corte. Por ahora, y hasta el próximo viernes, el conflicto está en el terreno de la política. Ese viernes vencerán los mandatos de los actuales consejeros. Ya están elegidos para el próximo período (2022/2026) los representantes de los jueces, de los abogados y de los académicos. Solo falta que Cristina Kirchner y Cecilia Moreau, por la Cámara de Diputados, le informen al Consejo de la Magistratura los nombres de los cuatro senadores y tres diputados (representativos de los distintos bloques) que integrarán el organismo en el período por venir. La segunda minoría del Senado –el frente Pro– propuso nuevamente a Juez como consejero hasta 2026. De todos modos, en manos de Rosatti ya están formalizados los nombres de 13 consejeros, por los otros estamentos, sobre un total de 20; significan los dos tercios del Consejo, el número que el organismo necesita para designar y destituir jueces. El Consejo podrá sobrevivir a pesar de los caprichos de Cristina Kirchner. El propio Consejo acató la decisión de la Corte cuando se notificó de ella, el martes 8 de noviembre a las 20.42.
Volvamos a la denuncia de Cristina contra la oposición. Ella decidió recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti porque no investigó la denuncia de un empleado del bloque del Frente de Todos que involucraba en el atentado contra ella a Milman, diputado de Juntos por el Cambio. No es cierto. Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo hicieron más que su deber para establecer si hubo alguien o algunos o algo que estuvo detrás de la “banda de los copitos”. No encontraron nada más que el resentimiento de un grupo de lúmpenes políticos. Aquel asesor parlamentario del oficialismo, Jorge Abello, un exdiputado santafesino y luego chofer de Uber, no pudo probar que había escuchado a Milman insinuar que sabía con anticipación del atentado a Cristina. Asegura haberlo escuchado a unos cinco metros, con una mesa de por medio, en un bar atestado donde se transmitía además un partido de fútbol. Ni el acompañante del supuesto testigo, que es cuñado de Abello, lo ayudó en el testimonio; el familiar dijo que nunca escuchó a Milman decir lo que Abello asegura que dijo ni Abello le contó lo que supuestamente Milman dijo. Una operación armada que terminó en un juicio por falso testimonio contra Abello.
La economía se está paralizando. Es la consecuencia de la inflación y también de las decisiones de Sergio Massa. Aunque prometió liberar dólares en los próximos días para importaciones de insumos, a cambio –eso sí– de que los empresarios acepten un congelamiento parcial de precios o aumentos pautados, lo cierto es que algunas empresas automotrices tienen insumos solo para producir durante tres días. Las empresas mineras que producen oro y plata (y que con sus exportaciones generan dólares netos) están a punto de frenar sus producciones. Ya pusieron en duda que logren exportar 3800 millones de dólares en 2022, como habían previsto, y, de paso, pusieron en duda inversiones por 20.000 millones de dólares en el mediano plazo. Son los famosos parches de Massa, su política de alargar la mecha del estallido. Las cosas recuperarán su precio, tarde o temprano. La inflación prevista para el próximo año, según economistas privados, será del 100 por ciento, siempre que no haya una brusca devaluación del dólar. Sería mucho peor si eso ocurriera. La dirigencia gobernante está entretenida, en el mientras tanto, con Juez, Doñate y Milman. Nadie había visto hasta ahora tampoco semejante tamaño de irresponsabilidad política.
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