Por Joaquín Morales Solá.- Cristina Kirchner tenía la Constitución en la mano, pero no para leerla, sino para prenderla fuego. Así se la vio en su última aparición pública, el viernes último, cuando habló ante el tribunal que la juzga por haber beneficiado con cientos de millones de dólares al viejo amigo de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Sus palabras fueron el intento más claro de dinamitar el sistema político que consagra la Constitución. No fue el único hecho destituyente del modelo constitucional perpetrado por el propio kirchnerismo gobernante. Un día antes, ella misma hizo aprobar en el Senado la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros (ahora son cinco los jueces supremos, aunque hay solo cuatro desde la jubilación de Elena Highton de Nolasco). Ese mismo día, el ministro de Justicia, Martín Soria, declaró públicamente que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola “deberían estar preocupados” por las “mentiras” que dijeron y pidió para ellos un tribunal de enjuiciamiento para que sean destituidos. ¿Por qué deberían estar preocupados? La propia vicepresidenta atizó peligrosamente el fuego de la embestida contra los fiscales cuando el viernes los culpó de haber creado el clima que hizo posible el atentado fallido en la puerta de su casa. Nadie sabe quién instigó ese magnicidio frustrado, pero el grosero aprovechamiento político y ahora judicial de ese hecho por parte de Cristina Kirchner les hace lugar a todas las especulaciones sobre eventuales conspiraciones, incluidas las que involucran a los servicios de inteligencia en poder del Gobierno. El uso judicial del atentado fue tan chabacano que Cristina Kirchner adelantó que denunciará a los fiscales por “prevaricato”. Los fiscales simplemente están haciendo su trabajo, convencidos de que ella es culpable. No hay misterios ni conjuras.
Una administración política dispuesta a destruir el Poder Judicial, desde la Corte Suprema hasta los fiscales, está también decidida a arrasar con el sistema político de la democracia. ¿Qué democracia podría existir sin una Justicia independiente del poder político y libre de presiones y amenazas? Imposible concebir su existencia. La ampliación de la Corte (que no tendrá la aprobación de la Cámara de Diputados) se hace con el argumento de una Corte federal. ¿En qué párrafo de la Constitución se indica que la Corte Suprema debe ser federal? En ninguno. Podrían ser cinco destacados juristas porteños, salteños o cordobeses. Es pura charlatanería petulante para vengarse de la cabeza del Poder Judicial y, de paso, enviarles un mensaje cuasi mafioso a los jueces del tribunal oral que la están juzgando. Y a los otros jueces que deben revisar si abren el juicio oral por la causa de Hotesur y Los Sauces. Acorralada como está, y eso se notó en su exposición del viernes, la vicepresidenta decidió tumbar el Estado de Derecho en nombre de un gobierno elegido por la sociedad. Ese es un concepto que merodeó su larguísima epístola ante los jueces: el Poder Judicial no tiene derecho a juzgar a un gobierno que fue elegido. Solo admitió el juicio político, que lo hace el Congreso con mayorías inalcanzables para la seguridad de cualquier gobierno, sea cual fuere su signo político. Es decir: los que mandan no pueden ser juzgados ni se les debe aplicar el principio de igualdad ante la ley, como estipula claramente la Constitución. Cristina desplegó con sus palabras un principio básico de los líderes autoritarios.
La abogada exitosa confundió el delito culposo con el delito doloso. Fue cuando señaló que Fernando de la Rúa había sido tratado mejor que ella (porque no era peronista, por supuesto) en la causa por el estado de sitio, con un saldo de cinco muertos según ese juicio, en el final apresurado de su mandato. El supuesto delito de De la Rúa era culposo; es decir, cuando una persona comete un delito por negligencia o imprudencia. De la Rúa fue absuelto por la Justicia. El delito doloso, del que se la acusa a la vicepresidenta, es otra cosa. Es el delito que comete una persona que sabe que produce un daño: el robo al Estado, según el caso por el que se la está juzgando. De todos modos, ella nunca dijo que el delito no se cometió, sino que los fiscales no habían probado que ella estuvo enterada. ¿Y la relación societaria de Lázaro Báez con ella y su familia mientras era un contratista del Estado? Vale la pena detenerse en las respuestas de Alberto Fernández y de Graciana Peñafort, su abogada predilecta. El Presidente declaró ante la Justicia que aquella sociedad no era un delito, aunque podía haber falta de ética. Peñafort aportó en declaraciones públicas que no era un delito, aunque podía ser una cuestión moral. Sobran los enemigos con amigos como esos: uno deslizó que Cristina no tiene noción de la ética y la otra planteó la posibilidad de que sea una persona inmoral. El propio Lázaro Báez dijo en declaraciones públicas que todo lo que tenía se lo debía a Néstor Kirchner y que era a este a quien él respondía. “Tal vez no cumplí con él”, se autocriticó, compungido. Esas no son palabras de un empresario amigo ni de un socio: corresponden a las de un simple empleado de la familia Kirchner. En fin, la síntesis de la estrategia de Cristina Kirchner consiste en señalar que los delitos los cometieron Julio De Vido, José López y Nelson Periotti, quien fue director de Vialidad durante los doce años de los dos presidentes Kirchner. Esa estrategia ya provocó una fuerte reacción pública por parte de De Vido. ¿Terminará contando todo lo que sabe ante la Justicia, como trascendió cerca del exministro? Difícil, porque se autoincriminaría. Cristina lo sabe; por eso no le teme.
A todo esto, la defensa de los abogados de la vicepresidenta se encerró en cuestiones procesales o tomó solo aspectos muy parciales del alegato de los fiscales Luciani y Mola e ignoró la larga y precisa exposición de los magistrados. El alegato de Cristina fue exclusivamente político. Lo fue al extremo de recordar que ella fue acusada en su momento falsamente (lo que es cierto) de haberse reunido con el juez Sebastián Casanello mientras nadie acusó a Mauricio Macri por haber recibido a jueces. Hay una diferencia que no es menor: Casanello estaba investigando la “ruta del dinero K”, que interpela también a Cristina Kirchner. Macri, en cambio, no estaba siendo investigado por ningún juez. Fue más allá del ridículo cuando señaló que si fue jefa de una asociación ilícita como presidenta de la Nación, sería inválida la designación de Luciani como fiscal, que ella firmó. Es una obscena manipulación de la denuncia del fiscal: este nunca culpó a los tres gobiernos del matrimonio Kirchner de asociación ilícita. Aseguró, en cambio, que existió una asociación ilícita integrada solo por cinco exfuncionarios: el matrimonio Kirchner, De Vido, José López y Periotti. No era el gobierno una asociación ilícita, sino un grupo muy reducido de funcionarios, entre los que estaba la actual vicepresidenta. Luego, Cristina se metió en meros formalismos que nada tienen que ver con la realidad de los hechos. Dijo, por ejemplo, que la Constitución le da al jefe de Gabinete la responsabilidad fáctica de la administración del país y al presidente solo la responsabilidad política. Es cierto. Ahora bien, ¿alguien cree que Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina o Aníbal Fernández (que fueron sus jefes de Gabinete) hacían negocios en Santa Cruz con Lázaro Báez al margen del conocimiento de Cristina Kirchner? Nadie puede imaginar semejante tergiversación de los hechos históricos. A esos jefes de Gabinete les temblaban las rodillas cuando ingresaban al despacho presidencial en tiempos de Cristina. Lo demás es simple descaro.
Estamos ante la jefa de una coalición gobernante alzada contra la Constitución y contra el sistema democrático. Su situación judicial es el único universo en el que habita. El tamaño de su megalomanía quedó al descubierto cuando elogió el Zoom porque de esa manera “el mundo, no solo el país, se podrá enterar de lo que estoy diciendo”. ¿En qué lugar del mundo interesa lo que ella dice? No se olvidó de los medios periodísticos (nombró a La Nación y Clarín) y se paseó con ofensas, acusaciones y agravios contra sus opositores. Fue su último acto de hipocresía. Venía de proponer un diálogo con la oposición en una reunión con sacerdotes. La ampliación de la Corte, las declaraciones de Soria y de ella misma contra los fiscales y las despectivas referencias a sus contrincantes políticos enterraron para siempre cualquier posibilidad de diálogo con la oposición. Las propuestas de diálogo fueron hueca fraseología: otro intento para sacar provecho, llamativamente, del atentado que no fue.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/
