Por Emilio Grande (h.).- En su última jornada de alegatos por la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani pidió el lunes último que Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años de prisión al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública, en concurso real. Solicitó que la Vicepresidente sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5321 millones de pesos. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, interpeló al tribunal.
Se tratan de unos 1000 millones de dólares, calculados a un dólar promedio entre el valor de la divisa en la primera y la última de las licitaciones analizadas, y se solicitará su actualización. “Este es el monto del delito”, dijo el fiscal. “Atenta contra el sistema democrático quien incurre en grave delito doloso que implique enriquecimiento”, recordó Luciani, en el juicio quedó exhibida “la matriz de corrupción más evidente de los últimos 40 años” y la corrupción no tiene fronteras ideológicas.
Luciani y su colega Sergio Mola reclamaron que como organizadores de la asociación ilícita sean condenados Julio de Vido a 10 años de prisión, el ex secretario de Obras Públicas José López a 10 años de cárcel, el ex titular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti a 10 años y Lázaro Báez a la pena de 12 años de prisión.
Al día siguiente, Cristina hizo su propio alegado por las redes sociales -por momentos se mostró muy nerviosa- durante casi una hora y media en su oficina del Senado, en el que evitó responder los argumentos específicos que le plantearon en el juicio y apeló con una argumentación política sobre un presunto entramado judicial en su contra encabezado por el ex presidente Mauricio Macri. Buscó demostrar que José López no solo tenía un trato especial con Báez sino con empresarios macristas y que ella estaba al margen. ¿No sabía nada de los manejos de sus funcionarios? Es muy raro…
En este contexto, el miércoles último el presidente Alberto Fernández fue entrevistado en el programa “A dos voces” de TN, descalificando la actuación del fiscal Luciani y atacó a la Justicia Federal a la que imputo de arbitrariedad, falta de independencia y afán persecutorio. Avaló el llamado a marchas callejeras en defensa de la Vicepresidente, a quien considera una mujer honesta.
Lo más gravoso de las declaraciones del Presidente fue sobre el ex fiscal Nisman, diciendo que “se suicidó; espero que Luciani no haga lo mismo”, dijo. En 2015 Alberto opinó que “nadie en la Argentina piensa que Nisman se suicidó. La primera que cree no se ha suicidado es Cristina”… Al respecto, la Asociación de Fiscales dijo que “sus dichos poseen un contendido desagradable y temerario”. El procurador general interino Eduardo Casal recibió a Luciani y a Mola. Juntos por el Cambio activó un pedido de juicio político contra el Presidente por violar la Constitución Nacional.
Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el fallo se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si queda firme, una vez que lo revise la Corte, lo que llevará años. En caso que se le imponga la inhabilitación para ocupar cargos públicos, no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.
Este juicio es considerado del mismo tenor como a las juntas militares en 1985 con el alegado del ex fiscal Julio Strassera. El artículo 36 de la carta magna precisa: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
La Vicepresidente recibió el apoyo de casi todo el peronismo: dirigentes políticos, gremiales y militantes, entre ellos el gobernador Omar Perotti y la CGT Rafaela, como también movimientos sociales y sectores de izquierda. Para comprender la psicología peronista, Cristina es incapaz de haber cometido hechos de corrupción del 2003 al 2015 porque es la jefa política indiscutible. Esta defensa cerril, ¿será por cuestiones ideológicas, económicas o no aceptar que la realidad es superior a la idea?
En lo personal, opino que Cristina es enjuiciada en un debido proceso, debiera defenderse jurídicamente, no políticamente, se está victimizando, mientras puede aumentar la conflictividad social, sumado a los graves problemas de inflación, pobreza, falta de dólares, un país sin futuro. Según varias encuestas, la mayoría de la sociedad cree que Cristina es culpable. ¿Pasará esta mujer cínica de tener el poder absoluto a la cárcel?
