Por Eduardo H. Fontenla.- Con satisfacción accedí a información sobre una mayor participación de alimentos de origen cooperativo y de la agricultura familiar en las compras públicas de los Estados nacional, provincial y municipal.
Decisiones políticas y para la provisión, por parte de los Estados, de productos de calidad como son los elaborados por el sector de la economía social y de la agricultura familiar.
En el “aquí y ahora” que vivimos en Argentina y en el mundo en medio de la crisis sanitaria del COVID-19, contribuir al pago de precios justos, no abusivos de los productos alimenticios, un criterio fundacional del movimiento cooperativo moderno, que nació en Rochadle en el año 1844 y que todas las cooperativas deben observar y aplicar en la cadena de sus procesos de gestión y agregado de valor, se advierte como un avance en la consideración de los productos de la economía social y de la agricultura familiar.
De tal modo, la presencia cooperativa transparenta y marca pautas de equilibrio en el mercado, y controla las fallas por manejo monopólico de precios, distorsiones y posiciones dominantes en el mismo.
A estas características distintivas que están en el ADN de toda cooperativa les debemos dar mayor visibilidad para ser conocidas por consumidores, especialmente a las personas no vinculadas o que desconocen al sector de la economía social, identificando en las etiquetas de los productos el origen cooperativo.
Debemos comunicar con mayor intensidad que los productos cooperativos y de la agricultura familiar proceden de empresas de capitales 100% nacionales y el trabajo aportado y registrado es también auténticamente argentino, elaborado por empresas de gestión asociativa, democrática y de distribución equitativa de excedentes; defensoras de la producción y de la calidad, cuidando el ambiente con tecnologías amigables.
Aunque no conocemos el camino que vamos a transitar a posteriori de la pandemia, creemos que un sector de la economía social fortalecido permitirá salir de la crisis, mejorar el “buen vivir” y lograr producir mejores bienes de consumo y de uso para la sociedad en general, basados en parámetros de calidad y sustentabilidad.
Por ello, debemos de pensar juntos el fomento del cooperativismo agropecuario para la defensa de las empresas de pequeñas y medianas dimensiones, para el agregado de valor y para la mejor articulación y enlace con la agricultura familiar; implementar los sellos cooperativos y de la agricultura familiar para diferenciar y poner en valor el trabajo cooperativo-asociativo y la distribución equitativa de los excedentes. Superando algunas antinomias existentes entre algunas cooperativas y algunas organizaciones de la agricultura familiar.
Finalmente, con un enfoque de desarrollo local-regional y defensa del productor asociado y del sector del consumo insistimos en el compre privilegiado de los Estados a los productos cooperativos y de la agricultura familiar cuando las condiciones y los productos ofrecidos sean similares y los precios menores o iguales a los del mercado.
Esta modalidad de relación aceitada de los Estados y la economía social permitirá la re-circulación de los excedentes económicos a nivel local y regional.
Estamos convencidos de que las cooperativas y la agricultura familiar son buenos e inteligentes agentes de la economía para volver a los productos de elaboración local, a precios justos y para enriquecer los ejes estratégicos que la salida de la crisis sanitaria nos exigirá a todos.
El autor es licenciado en Cooperativismo y Mutualismo, y licenciado en Ciencia Política y Gobierno. Fue director del INAES. Estuvo en Rafaela el 21 de octubre de 2019 para la presentación del libro “Teología de la cooperación” de Paulo Ares en la UCSE DAR.
