Cada vez se habla más en los medios eclesiásticos sobre la conveniencia de que la Iglesia alcance su autofinanciación y renunciar así al aporte económico que recibe del Estado. Sus impulsores consideran que el gesto, de escasa significación económica —la ayuda estatal cubre menos del 10 por ciento del presupuesto de las 67 diócesis (es de sólo 12 millones de pesos por año)—, tendría un alto valor simbólico: reforzaría la imagen de independencia de los obispos frente al poder.
Hay quienes creen, incluso, que esa actitud constituiría un soplo de aire fresco luego de las críticas que el presidente Néstor Kirchner disparó contra los obispos por el último documento del Episcopado, donde se alertaba sobre el crecimiento de la desigualdad social y se criticaba lo que consideraban una lecturas parcial de la violencia política de los ’70. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, llegó a acusar a los obispos de «querer mantener privilegios». Los religiosos tomaron nota.
Hace una década que los obispos decidieron caminar hacia su autofinanciación. Y pusieron en marcha un programa para crear conciencia entre los fieles. En ese marco, el obispo de Quilmes, Jorge Stockler, dijo esta semana que «si nosotros pretendemos que la Iglesia pueda vivir con autonomía, debemos entender que solamente con el aporte de todos sus integrantes será posible que ésta tenga siempre esa libertad para trabajar en la evangelización sin condicionamientos ajenos».
Más directo, el vicario de Pastoral Social de Córdoba, padre Horacio Saravia, consideró que «la Iglesia va a ganar autoridad moral en la medida que se vaya desprendiendo del Estado, en la medida que logre su autonomía total, incluso económica». En ese sentido, el religioso sostuvo que «quién recibe favores tiene más posibilidades de tomar distancia a la hora de mirar la realidad», y opinó que la Iglesia «será la más beneficiada» cuando logre la independencia económica del Estado.
El problema es que —más allá de estos argumentos— son unos cuántos los obispos que, si se renunciara al aporte estatal, tendrían apremios económicos. La contribución que reciben de los fieles es claramente insuficiente para atender las necesidades más elementales de sus estructuras. Un estudio hecho por la propia Iglesia en 20 diócesis revela que el aporte promedio mensual por cada asistente a misa es de tan sólo $ 1,20. Debe considerarse que los que asisten al oficio dominical son menos del 10 por ciento de los bautizados.
La cuestión es más grave si se observa que en las diócesis más ricas la relación entre el ingreso de los fieles y el aporte que éstos hacen suele ser la más baja. O sea, no es necesariamente un asunto de escasez de recursos por parte de los aportantes, sino de conciencia. O de creer falsamente —dicen los responsables del programa para aumentar los recursos (llamado Plan Compartir— de que «la Iglesia es rica o sostenida totalmente por el Estado». En verdad, esta creencia surge en los relevamientos.
En las diócesis donde se viene aplicando el plan, los ingresos subieron, claro que a partir de un piso muy bajo. Además, el programa solo comprende hasta ahora a menos de la mitad de las diócesis (30 exactamente). «Hay clérigos que no parecen muy interesados en el programa, no porque sean poco transparentes, sino porque les cuesta hablar de dinero», dicen sus responsables.
Con o sin renuncia a los aportes, lo cierto es que la Iglesia está lejos de lograr una gran sensibilización entre sus fieles. El saludable propósito de que los católicos sostengan a su iglesia deberá esperar.
Sergio Rubin
Fuente: diario Clarin, 11 de diciembre de 2005.
