Por Emilio Grande (h.).- Este miércoles los concejales se reunieron con funcionarios del Ejecutivo por el proyecto de ordenanza del crematorio en la sala de sesiones, con la asistencia de Marcelo Lombardo (jefe de Gabinete), Diego Martino (secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano) y Daniel Fruttero (fiscal municipal), generando fuertes discusiones, especialmente de algunos ediles de la oposición por los errores cometidos por el Municipio ante la falta de controles en la construcción no habilitada.
Al respecto, Fruttero dijo que “fuimos citados por los ediles para aclarar algunos aspectos del proceso previo a la elaboración del proyecto de ordenanza para la regulación de la actividad. Hoy se encuentra regulada como anexa a los cementerios (municipal y privados) de una ordenanza de 1988; estimamos necesario y conveniente aggiornar la normativa a lo que demanda el desarrollo de la actividad con los avances en materia ambiental y su impacto urbanístico”.
Y agregó: “también aclaramos cuáles son los alcances de la factibilidad que se le otorgó en 2021 para la instalación de esta actividad, pero que no implica una habilitación ni tampoco un permiso de construcción. Los ediles manifestaron que la actividad se encuentra construida, lo que fue materia de debate, y se verificará si tiene o no permiso de construcción otorgado por el Municipio. Si lo tiene refiere a la obra civil, que no implica la habilitación de la actividad; si no lo tiene pueden activarse los mecanismos sancionatorios que establece el reglamento de edificación”.
Respecto a si previamente debía aprobarse la ordenanza, el Fiscal remarcó que “no coincidimos porque el Ejecutivo está facultado para otorgar factibilidades en zona rural para esta y otro tipo de actividades que se presenten y soliciten. En caso de no contarse con una normativa vigente que regule la actividad, el Estado no puede denegar la factibilidad, sino que debe otorgarla y regular la actividad; en algunas ocasiones esa regulación normativa la podrá hacer el Ejecutivo en el marco de las ordenanzas vigentes desde el Concejo y en otra ocasión, como es el caso ahora, ameritará el dictado de una normativa general porque la potestad del Ejecutivo de reglamentar actividades está limitada a los marcos normativos que establece el Concejo. Entonces no está mal otorgada una factibilidad porque se expresó claramente entre los condicionantes que esa factibilidad está condicionada a la normativa que reglamente la actividad, expresado en el decreto de 2021. Si el Concejo decidiera no aprobar una normativa o hacerlo de manera diferente u ordenar que se localice en otro lado, la factibilidad no otorga un derecho adquirido al privado para exigir o demandar la habilitación de la actividad en ese lugar”.
Críticas opositoras
En la vereda de enfrente y de manera efusiva se mostró el concejal Lisandro Mársico: “llegó un proyecto que había cierto apuro de tratarlo en extraordinaria porque tenía urgencia, pero cuando se la vieron un poco complicada de un tema engorroso que lo podamos resolver en tres días lo sacaron de la extraordinaria. Ahora lo estamos analizando y citamos a los funcionarios; nos quedamos muy sorprendidos porque cuando preguntamos nos damos cuenta de la inoperancia y falta de criterio, de trabajo y de inspecciones; hoy tenés la obra terminada porque la empresa está publicitando la actividad en una diario y están esperando la ordenanza”.
“Esta ordenanza es general -continuó- y para cualquier crematorio, pero después la parte administrativa depende del Municipio, es ahí donde estamos cuestionando los errores que reconocieron aquí. No tenemos un tema con la empresa, al contrario queremos que vengan, inviertan, den mano de obra, pero cuando las cosas se hacen mal desde el Municipio hay que corregirlas; los funcionarios otorgaron una factibilidad, pero no se puede construir todavía porque se necesita la habilitación para hacerlo y esto está terminado. Los empresarios construyeron con una factibilidad cuando necesitan la habilitación y lo hicieron porque el Municipio lo permitió. Preguntamos si iniciaron el proceso sancionatorio respondieron que sí, pero cuando le pedimos el número de expediente todavía no lo iniciaron. No nos pueden ningunear de esta manera con mentiras; después tuvieron cierta valentía de reconocer todo esto. ¿Por qué trajeron la ordenanza habiendo dado la factibilidad? ¿Por qué no hicieron todo el proceso antes? Estamos a 200 metros de un colegio y limitará la futura urbanización del lugar. La ordenanza exige una cortina forestal que no está y cuál es la interpretación si un árbol recién plantado o con años de crecimiento. Vamos a resolver qué hacemos por la macana que se mandaron los funcionarios. Queremos que haya un crematorio en Rafaela y hay unanimidad en todos los bloques; el Ejecutivo hizo trámites que por negligencia u omisiones lo hicieron mal”.
En la misma línea está Leonardo Viotti remarcó que “este proyecto llegó al Concejo con la intención del Ejecutivo para que sea votado en extraordinaria y con buen tino decidió esperar para trabajarlo con los tiempos prudenciales por la magnitud de esta actividad. Sabíamos que había un emprendedor que llevaba adelante las solicitudes para habilitar esta actividad; el Ejecutivo termina modificando la ordenanza de 1988 para adaptarla a las nuevas reglamentaciones provinciales y nacionales en base a las cuestiones medioambientales. Decidimos ser precavidos y dar cada paso de manera segura”.
Sobre el encuentro con los funcionarios, dijo que “detectamos que el Ejecutivo incurrió en distintas faltas; dicen no haber visto que se estaba construyendo ese edificio sobre la ruta 70 sin un permiso otorgado y nadie de las áreas correspondientes llevó adelante una sanción o evitar para que se siga construyendo en un lugar que no había habilitación. Fue dada una factibilidad pero no correspondía darla hasta que no esté la nueva ordenanza. El Ejecutivo deberá llevar adelante las correcciones de estas acciones que realizó de manera incorrecta; en el Concejo seguiremos discutiendo la regulación de esta actividad y luego este emprendimiento u otros que surjan tendrán que adaptarse a esta reglamentación para estar habilitados”.
Finalmente, la oficialista Brenda Vimo opinó que “todos los concejales tuvimos una mirada muy clara sobre el crematorio que vamos a estar acompañando, pero el tema es cómo, dónde y cuándo, mirando las variables indiscutibles como es el impacto ambiental y de la salud. Más allá de las culpas, tenemos que hacer cumplir la normativa para cuidar la salud de las personas y del ambiente”.
Sobre los permisos del Ejecutivo para la construcción antes que existiera la habilitación de la actividad, la edil sostuvo que “se dio el permiso de factibilidad que no autoriza a la construcción, pero de hecho la construcción existe; lo que se reclamó desde el Concejo por qué nadie controló que se estaba construyendo sin la habilitación correspondiente. No tenemos la autoridad desde el Concejo de prohibir, podemos normar cuáles son las reglas para que una actividad funcione. Quien debe habilitar, cerrar o prohibir es el Ejecutivo y no el Concejo. Vamos a construir una ordenanza lo más completa para que desde el Ejecutivo lo puedan cumplir legalmente. Analizamos el diagnóstico de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente de la Provincia, planteando la necesidad de barreras forestales de dos líneas que llevan de 10 a 15 años para tener un follaje suficiente para frenar las partículas que puedan salir despedidas frente a una eventualidad. ¿Cómo hacemos para que empiece a funcionar una actividad si no están los árboles plantados y en mientras tanto qué vamos a hacer?”.
