Consecuencias de la condena por ruidos molestos

Un reciente fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral con sede en Rafaela condenó a la Municipalidad de Rafaela a implementar “rápidos y eficaces mecanismos de control” en las mediciones de ruidos molestos contempladas en la normativa municipal.
El fallo fue dividido en el que los camaristas Lorenzo Macagno y Camilo Berger revocaron la sentencia de primera instancia de la jueza Susana Rebaudengo, mientras que Ricardo Loyola votó a favor del fallo de la doctora.
Se trata de la causa iniciada por Américo Bollati contra el Municipio por la falta de controles sonoros durante los eventos sociales organizados en el salón Lucio Casarín del Club Atlético.
Este fallo obliga al Municipio a actuar de oficio en el cumplimiento de la ordenanza 3.271 sobre ruidos molestos, más allá de las denuncias que puedan presentar los vecinos sobre salones de fiestas.
Al respecto, el juez Macagno sostiene que “el esparcimiento y la diversión nunca deben lesionar otros derechos tan elementales como al descanso y al silencio (especialmente en horario nocturno), íntimamente vinculado a la salud”.
Más allá de que el Municipio ya adelantó que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, este fin de semana se reinician los controles a los salones de fiestas para efectuar las mediciones a través de personal de Control Público y la Subsecretaría de Salud y Medio Ambiente, que deberá ingresar en las viviendas lindantes a los salones de fiestas, sin la necesidad de denuncia de parte de los vecinos.
Después del caso Cromagnón que produjo la muerte de casi 200 jóvenes en diciembre de 2004, el Municipio había empezado a realizar controles sobre la cantidad de gente permitida y sobre ruidos molestos, habiendo intimado a realizar obras al comedor 1º de julio en calle Bolívar, como así también efectuó controles en otros boliches de la ciudad.
A decir verdad, los controles municipales se han relajado porque es un costumbre netamente argentina que cuando pasa un problema no hay continuidad en el tiempo en el cumplimiento de la normativa vigente.
A esto se suma la falta de personal, especialmente en Control Público donde hay 44 agentes en total, pero por turno se cuenta con una decena de agentes, que debe atender no solamente ruidos molestos sino también el caótico tránsito, el ensanche de la ruta 34, los delivery, entre otros. Es hora de que el Ejecutivo empiece a destinar más personal reubicando de otras secciones o contratando más gente.
Acá no se está en contra de la vida nocturna y de la diversión de la gente, sino que no lesionen los derechos al descanso y al silencio. Por empezar los clubes deben bajar los decibeles de la música y proyectar obras de insonorización en el mediano plazo.