Los concejales María Paz Caruso, Juan Senn, Martín Racca y Valeria Soltermam presentaron tres iniciativas legislativas que tienen como objetivo instar al Departamento Ejecutivo Municipal a que tome medidas concretas ante el estado crítico de Rafaela en materia de seguridad, vigilancia urbana y cumplimiento normativo. Lo hicieron debido al contexto de creciente inseguridad y a la evidente falta de respuesta por parte de la Intendencia, tanto en lo que concierne a sus propias competencias como a los reclamos que debería hacerle al gobierno provincial.
En este sentido, los concejales del bloque opositor solicitaron formalmente la reincorporación de la Policía de Acción Táctica (PAT) a la ciudad, luego de que la Provincia retirara su base operativa. La fuerza, que contaba con 48 agentes y 2 móviles, era un apoyo muy útil para el trabajo de la Unidad Regional V y la Guardia Urbana Rafaelina. El Ministerio de Seguridad respondió oportunamente que el retiro fue “de toda la provincia” y que “podría volver si la situación lo requiere”. Para los ediles, la situación ya lo amerita, y es la Municipalidad la que debe tomar cartas en el asunto, dejando de lado las alineaciones políticas.
«No estamos hablando de un simple reacomodamiento de recursos: estamos hablando de la tranquilidad y la seguridad de miles de vecinos, y eso debe estar por encima de todo, por encima de la falta de ánimo del intendente para reclamar acciones a la provincia. La PAT era una presencia disuasiva concreta en los barrios, y su ausencia se nota cada día más», afirmó Senn.
Otra de las demandas de los concejales apunta a la aplicación efectiva de la Ordenanza Nº 5436, sancionada en 2022, que creó el Programa de Videovigilancia Público-Privada con el objetivo de integrar cámaras privadas al sistema de monitoreo municipal. A más de dos años de su aprobación, la gestión de Viotti no avanzó en el tema, no hay datos sobre la incorporación de cámaras, ni de las zonas de la ciudad que se encuentran cubiertas. Advierten que la falta de transparencia debilita cualquier política pública de seguridad y siembra desconfianza en la ciudadanía.
«La videovigilancia no puede ser letra muerta en una ordenanza ni una promesa para la tribuna. Esta costumbre que tiene el Ejecutivo de cajonear o hacerse el distraído con las ordenanzas que no le interesan, genera la sensación de que la política no sirve, que se declara pero no se hace, y eso desemboca en la pérdida de confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía», expresó Racca.
Otro de los pedidos, se centra en el cumplimiento de la Ordenanza N.º 5536, que regula la actividad de compra y venta de metales no ferrosos. La norma, aprobada hace más de un año, busca impedir el comercio de bienes robados producidos con dichos materiales, como tapas de bocas de tormenta, cables, medidores y piezas de bronce. Hoy, los concejales advierten que no hay información pública sobre el cumplimiento de la ordenanza, ni sobre controles, ni sobre sanciones aplicadas. Tampoco hay certeza de que los comercios estén inscriptos como lo exige la normativa. En resumen: una herramienta legislativa inútil si no se ejecuta.
«Las ordenanzas no se cumplen por sí solas, no basta con que estén en vigencia, no se ejecutan automáticamente, hay que hacerlas cumplir con voluntad, con trabajo, con acción y atención. De lo contrario, el mensaje que recibe la ciudadanía es que todo da lo mismo», remarcó Caruso.
Por su parte, Soltermam sintetizó que “la ciudadanía no puede resignarse a vivir en un clima de abandono municipal. Estas demandas que impulsamos desde el Concejo apuntan a ponerle un freno a la desidia y al acostumbramiento”. Y puntualizó: “Con estos pedidos que presentamos buscamos que la gestión de Viotti deje de mirar para otro lado y asuma las responsabilidades, aunque el gobierno provincial sea del mismo signo hay que elevar los reclamos. No vamos a permitir que la inseguridad y la falta de respuesta se transformen en parte del paisaje cotidiano», aseguró.
