Por Jordana Timerman.- Los tribunales penales federales en la ciudad de Buenos Aires están situados en un enorme edificio solitario, como salido de una novela de Kafka. Imponentes bajorrelieves y decoraciones de piedra en la fachada contrastan con la apabullante decrepitud de sus instalaciones. Estos tribunales son conocidos como Comodoro Py, el nombre de la avenida donde se ubican. Para muchos simbolizan la deteriorada realidad de la entidad clave en la justicia de Argentina, que hoy es más sinónimo de las jugadas turbias del poder que de las leyes.
Es año electoral en Argentina y Comodoro Py juega ya un papel protagónico en esta campaña. Por ejemplo, la expresidenta y actual candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta más de una decena de casos judiciales relacionados con supuestos actos de corrupción en su última gestión (además de una causa por encubrimiento agravado). Hoy será la cuarta sesión del primer juicio que la tiene en el banquillo de acusados. La semana pasada, un juez le sumó otro procesamiento más. Pero las denuncias, investigaciones, órdenes de detención contra Fernández de Kirchner (y la detención preventiva a varios exfuncionarios kirchneristas) parecen responder más a un calendario que beneficia netamente a las necesidades electorales del presidente Mauricio Macri, quien busca reelegirse en octubre.
La justicia argentina se ha politizado y ahora está en un callejón sin salida. Si Fernández de Kirchner es declarada inocente, la percepción de muchos ciudadanos será que sucedió así porque los jueces se rindieron a presiones. Si es declarada culpable, será por lo mismo. Es crucial determinar si las acusaciones son verdaderas, tanto para los votantes que apoyan a Fernández de Kirchner como para los que quieren verla en la cárcel. Pero con un sistema judicial extremadamente cuestionado, es poco probable que esto se logre.
No se sabe todavía quién ganara la presidencia, pero ya está claro que el perdedor electoral serán la justicia y los ciudadanos.
En el caso llamado “Vialidad” se acusa a Fernández de Kirchner de liderar una trama de corrupción que asignó obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz a favor de la empresa de un amigo y presunto testaferro de los Kirchner. El juicio, que comenzó en mayo, rápidamente dio al traste con las expectativas, tanto de entretenimiento como de justicia. Hasta ahora solo han avanzado con la lectura de 348 páginas de las 584 de la acusación, un protocolo tan tedioso que los acusados pidieron permiso para faltar. Ante la falta de novedades, los medios comentan lo que lleva puesto Fernández de Kirchner, dónde se sienta, quién la acompaña y qué material de lectura lleva la expresidenta.
El caso también ha estado plagado de cuestionamientos sobre la calidad de evidencia. Hay nueve recursos de queja por parte de las defensas ante la Corte Suprema. Si los magistrados determinan que los jueces de instancias inferiores cometieron arbitrariedades, el caso se podría declarar nulo.
De hecho, a mediados de mayo la Corte Suprema pidió revisar la evidencia que tiene el tribunal, lo cual podría haber retrasado el comienzo del juicio. Esta intervención desató una explosión de enojo popular que incluyó cacerolazos y una campaña ciudadana en Change.org con más de 120.000 firmas pidiéndoles a los magistrados que permitan que el juicio arranque sin demora. Es un indicio de las tormentas que esperan cualquier decisión en el caso.
Sin embargo, un juicio no es un asunto de voluntad popular, sino de legalidad. Y considerando la excesiva polarización política en nuestro país, es difícil imaginar una resolución aceptable para todos.
Como ha dicho Hugo Alconada Mon, sería un peligro que desaparezcan los casos judiciales en contra de Fernández de Kirchner si llegara a ocurrir una victoria electoral kirchnerista, tal como ocurrió con el presidente Macri.
Es de vital importancia que los casos de corrupción se esclarezcan y resuelvan judicialmente, y no en el tribunal de los medios. Pero, generar investigaciones creíbles contra la corrupción (en especial considerando el enorme poder electoral que manejan algunos acusados) requiere de una justicia autónoma y creíble. Y eso no sucede en Argentina: la confianza en el poder judicial se desplomó en los últimos años y en 2017 su descrédito llegó al 11,7 por ciento, según una encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.
Incluso el presidente de la Corte Suprema de Justicia lo reconoció: “Los argentinos están perdiendo la confianza en el poder judicial, hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana”.
Hay otro caso judicial que se juzgará este año en Argentina, aunque no en Comodoro Py. Un juez federal en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, investiga una presunta red de espionaje ilegal de alcance político, periodístico, empresarial y judicial. De acuerdo con el juez, esta organización criminal paraestatal involucraría a agentes de inteligencia que se dedicaban a extorsiones y al armado de causas judiciales. Hay indicios de que intervinieron en causas de corrupción contra exfuncionarios de gobierno. Desde que Ramos Padilla inició su investigación, el gobierno de Macri le inició un juicio político y los medios difunden escuchas telefónicas ilegales que parecen querer desprestigiar el caso.
Incluso el papa Francisco subrayó el peligro de “la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas,” un comentario con evidente resonancia en su país natal.
Esta clase de crisis no es inédita dentro en Argentina. En 2003, Néstor Kirchner asumió la presidencia e inmediatamente denunció presiones de magistrados de una Corte Suprema “adicta al poder”. Aquel grupo de jueces y magistrados era conocido como la “mayoría automática” del expresidente Carlos Menem, un poder judicial marcado por escándalos de corrupción. A través de juicios políticos en el congreso contra magistrados, Kirchner renovó a la mitad de la Corte Suprema. Fue un salto importante de calidad para la corte, que después supo marcar su independencia del poder político de turno. Pero algunos choques de intereses frenaron intentos posteriores de reforma de los tribunales de Comodoro Py.
Hoy, ante una justicia penal deslegitimada y en el preludio de las elecciones, es necesaria una revolución similar. Un procedimiento de este estilo, llevado adelante por las instituciones democráticas de la forma que traza la constitución, podría ser una salida al laberinto en el cual se encuentra perdida nuestra justicia.
En un país con una política tan polarizada, no será fácil encontrar consenso en esa tarea. Por lo mismo sería necesario el acompañamiento de expertos y representantes de la sociedad civil o bien una comisión de expertos judiciales internacionales.
Hay indicios de que los votantes argentinos están agobiados por la polarización, llamada en Argentina “la Grieta”. Ojalá que este viraje permita que el próximo presidente tenga el coraje de arreglar Comodoro Py.
Jordana Timerman es periodista argentina y editora del Latin American Daily Briefing. Fuente: www.nytimes.com, 10 de junio de 2019.
