Por Emilio Grande (h.).- Con una convocatoria masiva, estudiantes, docentes, no docentes, gremios y partidos políticos marcharon como el 23 de abril al Congreso para reclamar por una recomposición salarial del personal universitario y por la promulgación de la ley de financiamiento en una movilización en donde también se colaron otros reclamos (Aerolíneas, caso Loan, aumento de la pobreza). También la masiva protesta se replicó en el interior del país como Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Rafaela, entre otras.
El documento firmado por los gremios universitarios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las casas de altos estudios, exigió que “se reconsidere el proyecto de presupuesto 2025. Queremos advertirlo con la gravedad que el problema tiene. Si el proyecto de presupuesto para el 2025 no se modifica, la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso”.
Distintos espacios de la oposición, incluida la CGT y ATE, se sumaron a la movilización en la que aparecieron varios dirigentes políticos como el senador Martín Lousteau, el diputado Facundo Manes, Pablo Moyano, Eduardo Belliboni, “Wado” de Pedro, Mayra Mendoza, Sergio Massa, Elisa Carrió. La ex presidente Cristina Kirchner no marchó, pero habló desde el Instituto Patria, ubicado a media cuadra de la plaza del Congreso. También se sumó el ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien recibió insultos y agresiones, y terminó empapado porque le tiraron un vaso de agua.
Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Nación, como lo hizo con la ley de movilidad jubilatoria. El Gobierno apuntó contra los dirigentes políticos que marcharon: “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos. Deben comenzar a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del presupuesto nacional 2025″.
El Gobierno reafirmó su “compromiso con las universidades nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”. Habilitará a las universidades para que cobren aranceles a extranjeros no residentes.
A decir verdad, el presupuesto para la educación en la Argentina es muy bajo respecto a otros países europeos y latinoamericanos, lo que demuestra que a la dirigencia política le interesa poco invertir en esta materia, que constituye una piedra fundamental para el desarrollo con equidad y buscar caminos para salir de la pobreza socioeconómica de la mitad de la población desde hace muchos años.
Además, la mayor parte del presupuesto se destina para pagar sueldos paupérrimos -ocurre lo mismo en las universidades privadas- y lo que sobra se destina para otros gastos de funcionamiento. Los proyectos de investigación, mantenimiento y construcción de edificios están supeditados a otros programas.
En otros países hace tiempo que se impuso el arancelamiento y en la Argentina se seguirá un camino similar, había opinado la docente Estela Medina. Se cobra un arancel en algunas universidades públicas en las carreras de grados y de postgrados (por ejemplo, la UTN Rafaela lo aplica en las tecnicaturas y el postgrado).
Se trata de incorporar niveles de arancelamiento, que se pueden determinar según los ingresos familiares del estudiante. Para el grupo familiar de un alumno con sueldos elevados se puede establecer un arancel del 100%, el que tiene ingresos medios cobrar un porcentaje a establecer y en el caso de padres desocupados aplicar el sistema de gratuidad. Además, el egresado debería devolver con trabajo o dinero lo que recibió a lo largo de la carrera de 4 o 5 años. A través de este sistema solidario se permitirá paliar el financiamiento de la educación en la Argentina para sueldos, perfeccionamiento, investigación y obras de infraestructura.
